Dos interrogantes: una, ¿por qué no revelar la lista de los asesores y sus salarios? Y dos, ¿por qué no cancelar las multas impuestas por el Instituto de Acceso a la Información Pública?
Al parecer, por lo menos, eso es lo dicho públicamente. El presidente de la Asamblea desconoce la competencia del Instituto para imponerle las multas; textualmente dijo: “Será un tribunal no un Instituto que no tiene facultad de tribunal, quien dirimirá esta situación”. Y es que el presidente diputado ha pedido a la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que esclarezca la situación, en el supuesto de que se trata de información confidencial que no puede revelar y que el Instituto no le puede obligar a revelarla.
Más allá de la disputa, que me parece que deja un mal precedente, no porque se haya acudido a la Corte Suprema de Justicia, cuestión que así debe ser cuando un ciudadano se siente agraviado, sino porque se trata de pasar encima de una institución nueva que busca hacer camino en el tema de la transparencia gubernamental. “Lo que nosotros estamos demandando ante la Corte Suprema de Justicia es que se establezca la ilegalidad y la arbitrariedad de los actos de estas personas que, lamentablemente, no han leído bien la ley que aprobamos”, dijo el presidente en un programa de radio.
Además, y esto me parece en gran medida censurable lo cual es el objeto de esta nota, al negar esta información, relativamente simple, como es revelar la lista de asesores, se ha puesto en entredicho la importante labor del asesor legislativo.
Vislumbro que la Asamblea deben contar con un contingente cualificado de asesores, que son aquellos profesionales que estudian a fondo los problemas planteados a los diputados para que estos tengan una opinión sustentada y técnica de sus decisiones, lo cual ayuda a convertir estas ideas en proyectos de ley que luego deben ser discutidos y aprobados por los legisladores.
La calidad de un diputado sin duda alguna se mide en gran parte por la calidad de sus asesores y viceversa, la labor deficiente de un diputado será, por mucho, la de sus asesores.
Es casi imposible que un diputado, por muy estudioso que sea, por mucha formación que posea, por la cantidad de años de experiencia que tenga, sea versado en todos los aspectos de su gestión; se requiere de ayuda para que profundice en los temas y le brinde elementos de juicio para formarse una idea que luego expondrá en la palestra política.
Además, y este es otro punto, tiene que ver con el área y especialidad de lo que el diputado tendrá que conocer; no es lo mismo un asesor en seguridad que otro en energía, o en salud o economía. Los temas son complejos y requieren especialidades.
Por si fuera poco, y este es otro de los dones de un asesor, debe poseer la capacidad de hacer que lo estudiado, desde una perspectiva doctrinaria partidista, se convierta en un proyecto de ley que, además, debe exponer los argumentos para defenderlo ante otras posiciones partidarias, políticas o técnicas opuestas.
En definitiva, los asesores juegan un papel preponderante en la gestión política, si bien es cierto no son los que definen, porque esto lo hacen los mismos diputados luego de hacerse un juicio, también lo es que brindan la materia prima técnica.
Sin embargo, y esta es mera especulación, me parece que el problema va por otro lado: en la actualidad no se revela la lista completa porque se trata de personas que carecen de las competencias propias de un estudioso, no tienen el conocimiento ni la experiencia política para “orientar” a sus jefes sino que son activistas que responden al clientelismo político.
Hay otro grupo de “asesores” que van más allá del activismo, se trata de excolaboradores de partidos políticos de colores distintos; diría que se trata de los colaboradores vergonzantes, les da pena mostrar a sus nuevos jefes.
Hay otro grupo que va más allá de la política partidista, se trata de los amigos, del pariente, que requería “una chamba” y se le colocó de “aviador” en la Asamblea, incluso, como parte de la cuota partidaria, por eso se “parte” la plaza entre varios personas.
Lo que el país quiere es transparencia y, revelar la identidad y sueldos de los asesores, es parte de esa justa exigencia.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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