Durante los últimos años, la confianza ciudadana en las instituciones públicas se ha erosionado exponencialmente. El nivel de escepticismo, desconfianza y apatía con que los salvadoreños perciben al aparato estatal y a los titulares al frente de los entes que lo componen, es preocupante. Las inadecuadas conductas y declaraciones de funcionarios, los abordajes ineficientes e inefectivos para resolver los problemas críticos que afectan a parte significativa de la sociedad, y la evidente carga política que ha caracterizado la gestión de la mayoría de los integrantes del gabinete de Gobierno, se han encargado de imprimir en las personas una imagen negativa de las instituciones públicas.
La mayoría de ciudadanos estamos hartos de funcionarios que actúan con una clara motivación política partidaria, ya que contagian el trabajo de sus instituciones con la antipatía y falta de credibilidad que acompaña a la clase política. El país no necesita este tipo de funcionarios, no precisamos de personas que utilicen como brújula los intereses de sus partidos sino los intereses de la Patria, el bien del país.
El lamentable episodio protagonizado por Rosalío Tóchez, presidente de la Corte de Cuentas, ilustra perfectamente a lo que me refiero. Tóchez tiene una vinculación política con el partido oficial, al que apoyó durante las elecciones presidenciales pasadas, según consta en un documento que anda circulando con su firma. La preferencia partidaria consignada allí explica la malintencionada acusación que hizo, en su calidad de funcionario, en contra de una diputada de la oposición (de la que después cobardemente se retractó). Por otro lado, el cantinflesco lenguaje coloquial que empleó después de que sus acusaciones fueran refutadas públicamente y de frente por la diputada que atacó, sugieren que Tóchez fue nombrado como consecuencia de su vinculación partidaria y no por méritos profesionales.
Este es un ejemplo fehaciente de lo que El Salvador ya no quiere. No queremos funcionarios mediocres, claramente sumisos a los designios partidarios y comprometidos con favorecer siempre los intereses políticos sobre el abordaje técnico de problemas ciudadanos. La instrumentalización política de instituciones públicas es inaceptable.
El aparato de seguridad, en particular, ha sido golpeado durante los últimos años por este tipo de prácticas. La manipulación política ha sido burda y evidente, así como sus nocivos efectos sobre la dinámica criminal. La percepción de corrupción y la desconfianza ciudadana, como resultado, están a niveles elevados. Según el último informe de Transparencia Internacional, por ejemplo, más del 80% de los salvadoreños percibe a los policías como corruptos. Un reciente estudio de una gremial empresarial, por otro lado, revela que un porcentaje similar de las víctimas de extorsión no denuncian los delitos de los que son objeto. El paso de Manuel Melgar y David Munguía Payés en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y los intereses políticos que dominaron sus gestiones y su consecuente mal abordaje del problema delictual, tuvieron consecuencias significativas que se reflejan en esas cifras.
La actual ofensiva oficial, que implica la instrumentalización del sistema de justicia penal para fines políticos, tendrá efectos en extremo nocivos para el país. La confianza ciudadana se erosionará aún más. La manipulación política del Estado debe de cesar. Esta es una condición irremplazable y obligatoria para resolver las múltiples crisis que experimenta El Salvador en diversos frentes. Todas requieren de funcionarios que trabajen por el país y no por un partido, que gocen de la confianza de la ciudadanía y logren despertar su entusiasmo. Seguir igual que hasta ahora heredará a las próximas generaciones un país agonizante, difícil de recuperar.
Criminólogo
@cponce_sv