En un Estado moderno y eficaz se buscan actuaciones institucionales basadas en criterios técnicos y de buena fe en materia de lucha contra la corrupción y transparencia. Sin embargo la denuncia de delitos de peculado contra una serie de funcionarios de la administración Flores, en un ambiente electoral, mezclado con acusaciones sin sustento jurídico, hacen llegar a la conclusión que se está dando una manipulación política y orquestada de las instituciones.
Esto hace recordar al ex Presidente Benito Juárez a quien se le ha atribuido una célebre y arbitraria frase: “A mis amigos lo que quieran, a mis enemigos todo el peso de la ley”. Interesantemente se han escogido actuaciones con dedicatoria, cuando una investigación seria alrededor del tema energético debería abarcar períodos que van más allá de una sola administración. Se necesita una justicia vendada que aplique la ley con la balanza.
Por la forma en que las autoridades están llevando el juicio público mediático, pareciera que no se está perfilando el delito de peculado, sino la criminalización de un proceso de desconcentración del sector eléctrico, que era una política pública de los años 90. Esas eran las leyes vigentes de la época y los funcionarios las debían de cumplir bajo el principio de legalidad. Desde el ángulo de la eficiencia y bajos costos de la energía para los consumidores, fue una política pública exitosa; lamentablemente los precios bajos luego se incrementaron.
Todo esto es una vieja rencilla con matices políticos e ideológicos. Podrán haber discrepancias sobre la forma en que se realizaron las distintas operaciones, pero de eso a que sea una figura delictual, hay un largo camino. Si alguien hubiese tenido una opinión en contra de tales políticas, hubiese correspondido que se analizara la inconstitucionalidad de diferentes artículos dentro de la Ley General de Electricidad, así como de la concesión de LAGEO y o bien, de una posible lesividad en el Acuerdo de Inversionistas de CEL-ENEL. Cabe destacar que de acuerdo al marco jurídico salvadoreño no le corresponde al Presidente de la República este tipo de declaratorias, sino a la Corte Suprema de Justicia, previo los procedimientos legales correspondientes.
En el discurso público se insiste en que la motivación de todo esto es poner en evidencia el mal uso de los bienes del Estado, así como la impunidad con que se han malversado los recursos públicos, pero llama la atención que las acciones no vayan acorde al discurso. En esta administración no se han impulsado reformas legales que tiendan a transparentar el mercado eléctrico, entre otras grandes carencias de transparencia.
En lo que todos podemos coincidir es que urge reformar los mecanismos por medio de los cuales se auditen los fondos públicos que hay en las sociedades de economía mixta. Justamente de acuerdo al Art. 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública estas empresas son obligadas a transparentarse. Entonces ¿por qué no se aplica esta disposición? ¿Dónde está toda esa voluntad política a favor de la transparencia, que tan flamantemente sale en los medios de comunicación?
La lucha contra la corrupción es permanente y compleja por su multidimensionalidad. La misma se debe librar con conocimientos técnicos y experticia. Todos queremos creer en que se están realizando esfuerzos objetivos en contra de la corrupción, pero esto requiere pruebas sólidas y tipificación clara de los delitos. Hacerlo de forma ligera, como ahora sucede, es lo que mantiene a El Salvador en índices tan bajos en indicadores internacionales como el Barómetro de la Corrupción. Los casos contra la corrupción no deben estar tan inmersos en el fragor de las campañas electorales. Una desafortunada coincidencia…
Ahora que el caso CEL-ENEL ha sido formalmente planteado, queda en las manos de los tribunales de Justicia. Confiamos en que estos actuarán con apego al marco legal, analizando la comisión o no del delito. Mientras tanto se mantiene el Principio de Inocencia, pues según la Constitución una persona es inocente hasta que sea procesada y condenada en un juicio ante los tribunales. Ésta es una de las piedras angulares del Estado de Derecho.
Un buen gobierno es el que trabaja por ganarse la confianza de los ciudadanos; cumpliendo con sus atribuciones constitucionales es con lo que se gana la legitimidad. Por el contrario, al convertirse en un actor político, se instrumentalizan las instituciones y los perdedores somos todos, sin seguridad jurídica, ni institucionalidad confiable. Socavar la institucionalidad tiene un costo a largo plazo, es fácil destruir y muy difícil construir.
*Columnista de El Diario de Hoy.