Con antecedentes en la “ofensiva hasta el tope” y la “ofensiva final”, el gobierno lanzó la semana pasada la ofensiva oficial, esta vez usando las instituciones en vez de las armas, como si la política fuera la continuación de la guerra por otros medios, con el objeto de desviar sus propias responsabilidades y las de sus aliados, en los casos de corrupción que son del dominio público.
En la conciencia nacional existe la convicción de que esos casos, por lo menos son tres: CEL-ENEL, Diego de Holguín y El Chaparral, y los tres deben ser esclarecidos de manera enérgica, universal, transparente e imparcial, sin distinciones de colores políticos. Justicia pareja es lo que pide nuestro pueblo.
Lo que hemos visto, sin embargo, es la acción orquestada de funcionarios públicos del más alto nivel aplicando un plan estratégico madurado en las sombras, tan obvio y sesgado que es imposible disimularlo; un acto de prestidigitación política “hipócrita” (calificativo acuñado por el señor Fiscal General para referirse a la tregua) urdido con el objeto de incumplir un laudo arbitral, dañar a la oposición en vista de las próximas elecciones, y –¡ojo!– tender una cortina de humo sobre los graves problemas nacionales. Y lo ha puesto en ejecución de una manera tan burda, que, bajo la consigna “lo conquistado no se entrega”, ha convertido a nuestro país en una caldera del diablo; en un circo romano en el que, para producir un efecto inmediato, arroja las víctimas a las fieras gritándoles a todo pulmón, desde el más alto podio: “el que es ladrón, es ladrón; el que es corrupto es corrupto”, aún antes de ser sometidas a juicio, con el evidente propósito de descalificarlas electoralmente. ¡En este incendio sólo faltaron, como música de fondo, las notas de una lira tañida por un emperador de cuyo nombre no quiero acordarme!.
A quienes aplauden esas actuaciones gubernamentales, procede preguntarles: ¿No arriesga su investidura el Presidente de la República cuando, en vez de cumplir el mandato constitucional que lo obliga a “procurar la armonía social” (Art. 168 N°3) y fomentar la institucionalidad, lanza semanalmente las más graves injurias contra sus enemigos? (Art. 179 Cod. Penal) ¿No son palmariamente parciales y selectivas las actuaciones del señor Fiscal General? ¿No estuvo sincronizada “por casualidad” la actuación de la Dirección General de Medicamentos? ¿Es aceptable la actitud del Presidente de la Corte de Cuentas quien, sumándose a la conjura, en vez de perseguir a sus antecesores por incumplimiento del deber, se dedica a insultar a las damas? Todo Esto se parece demasiado a la cacería que inmortalizó Arthur Miller en su drama “Las brujas de Salem”, al punto que –como diría el poeta satírico latino Juvenal– “dat venias corvis vexat censura columbas” (se protege a los cuervos y se atormenta a las palomas).
Pero la pasión partidaria, destruidas ya todas las inhibiciones y destrozado in límine todo comportamiento racional, aplaude esos excesos. Por esa vía nos acercamos al escenario de Venezuela, epítome del socialismo del Siglo XXI, en donde, para vergüenza ajena, el Presidente Maduro se ha alzado con el mando absoluto que, con el elegante nombre de Ley Habilitante, le han obsequiado los diputados del “poder popular”, para que triture a “la burguesía parasitaria” y continúe ordenando el saqueo de los establecimientos comerciales. Para no ser menos, los diputados y los magistrados sandinistas se aprestan a obsequiarle al comandante Ortega, la presidencia vitalicia, y, quizás, hereditaria. ¡Adiós soberanía! ¡Adiós Congreso! ¡Adiós Órgano Judicial! ¡Adiós Tribunal Electoral! ¡Adiós institucionalidad! ¡Adiós Estado de Derecho! ¡Adiós todo lo que no sea la voz del amo! ¿Es eso lo que queremos para nuestro pueblo? ¿Para eso hemos luchado a lo largo de toda nuestra vida?
Pero hay algo más: ¿Cómo está eso de la transferencia de seiscientos mil dólares de la Presidencia de la República a la Fiscalía General, con destino específico y sin aprobación legislativa, para integrar la comisión ad-hoc que preparó los insumos para el requerimiento fiscal? El Art. 229 inc. 1° de la Constitución, dice: “El Órgano Ejecutivo, con las formalidades legales, podrá efectuar transferencias entre partidas de un mismo ramo u organismo administrativo, excepto las que en el Presupuesto se declaren intransferibles” ¿De cuándo acá la Fiscalía General de la República es un organismo administrativo del Ejecutivo? Todo lo contrario. El Ministerio Público es una institución independiente –se supone– ceñida a su propio presupuesto. Esto merece una sólida explicación que hasta el momento no se ha proporcionado satisfactoriamente.
Pero de nada sirve hablar con la Constitución, la razón y la ley. El Presidente de la Asamblea Legislativa, envuelto en el manto de soberbia que cubre a la nueva oligarquía empresarial, desacata campantemente las reiteradas órdenes del Instituto de Acceso a la Información (¿Qué se oculta en ese sésamo Legislativo?), al par que el tridente propagandístico oficial ocupa todos los medios publicitarios con un derroche económico nunca visto, mientras el más agudo desequilibrio fiscal y todos los indicadores financieros señalan que, tanto la macro como la microeconomía de nuestro país, pasan por el peor momento de nuestra historia.
*Dr. en Derecho.