Hace unos días, trascendió en los medios de comunicación que la dirección de la Policía Nacional Civil logró promover una restructuración en la escala salarial de los oficiales policiales del nivel superior y ejecutivo. Según las notas periodísticas sobre el tema, estos reajustes fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y, posteriormente, por la presidencia de la República, en septiembre de este año. Rigoberto Pleités, director general de la Policía, al ser cuestionado en relación a la iniciativa, argumentó que el anterior sistema era “perverso” y, al mismo tiempo, señaló que el nuevo permitirá eliminar la remuneración por cargo y asignar salarios únicamente por grado. Premiar a los que ostentan ciertas jefaturas o desempeñan ciertas funciones, de acuerdo a Pleités, propicia “pugnas internas” motivadas por el deseo de los oficiales de ser nombrados en esos cargos.
Sin embargo, la nueva disposición salarial va en contra de la tendencia internacional en la administración policial. La mayoría de departamentos de policía en Estados Unidos, por ejemplo, ofrecen bonos salariales para los policías según los turnos que trabajan, las zonas que patrullan, los cargos que ostentan y hasta su nivel educativo.
La Policía Estatal de Washington, por ejemplo, identifica jurisdicciones geográficas específicas en las que los policías que las patrullan reciben una bonificación mensual a su salario que va desde el 3% hasta el 10% de lo establecido para cada grado policial. Esa misma institución identifica cargos por los que ofrece a los policías una remuneración adicional que va desde 2% hasta el 15% del salario.
Similarmente, el Departamento de Policía de Evansville, en el Estado de Indiana, ofrece un bono fijo por especialización para los cargos que requieren “adiestramiento, conocimiento e iniciativa más allá de la normalmente esperada de los empleados”. La Policía de Albuquerque, por otro lado, además ofrece a los policías de todos grados, bonos mensuales de $135, $160 y $185 por tener licenciaturas, maestrías y doctorados, respectivamente. La Policía de San Antonio, en el Estado de Texas, ofrece a sus policías $350 mensuales adicionales, según el turno que trabajen, y una bonificación de $50 al mes para aquellos que puedan hablar otro idioma.
Podrían llenarse páginas y páginas citando más ejemplos de éstas y otras agencias policiales, que contradicen los argumentos de Pleités. La razón por la que en El Salvador no funciona este tipo de esquema de remuneración –que fomenta el profesionalismo, entrega y especialización del personal policial– es por la inefectividad de los mecanismos orientados a evitar que oficiales inadecuados sean designados en los cargos que conllevan una remuneración adicional. Eso es lo “perverso” del sistema, ya que no asegura que las personas idóneas sean las que ostenten los cargos y, por lo tanto, se dan “pugnas”.
Otro elemento igual o más perverso es que el esquema de remuneración diferencial en El Salvador no beneficia con igual proporción al personal básico que constituye el grueso de la plantilla policial. No existen incentivos salariales que propicien la mejora continua de los policías de calle, su especialización y profesionalización, cuando en países desarrollados están disponibles para todos en igual proporción, según el grado ostentado.
En círculos de seguridad e inteligencia se comenta que los cambios en la escala salarial policial, obedecen al temor que sienten los oficiales policiales cercanos al partido oficial, ante un posible cambio de gobierno en el que no se vean favorecidos. Lastimosamente, continúa predominando lo político sobre lo técnico en el aparato de seguridad. Este es uno de los factores responsables de fomentar y perpetuar instituciones débiles en el sistema de justicia penal salvadoreño. Es necesario que el próximo gobierno cree mecanismos para blindar la seguridad pública del país de la nociva influencia de la política partidaria y garantice personal y trabajo técnico, profesional y especializado.
*Criminólogo
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