En Uruguay, finalmente la teoría se puso en práctica. Hace unas semanas el Congreso uruguayo aprobó la ley que legaliza y regula el consumo, la producción y la venta de marihuana. Esta es una política pública que se mueve, en principio, en la dirección que muchos economistas como Milton Friedman han sugerido por años, con el objetivo de combatir los efectos secundarios negativos que el mercado negro trae.
Aunque en Uruguay el mayor argumento a favor de la legalización de la marihuana fue uno de salud pública, como bien señalara en un artículo el profesor mexicano Alejandro Madrazo, el resto de países de Latino América, bajo el argumento de seguridad pública, deberían seguir su ejemplo con todas las drogas, si pretenden frenar la escalada de violencia. Millones de dólares se han gastado en la guerra contra las drogas, mostrando pocos y pobres resultados. Los gobiernos latinoamericanos, que combaten redes de narcotraficantes, que para explotar el negocio de las drogas cometen cadenas de actividades ilícitas sangrientas, podrían beneficiarse muchísimo obligando a los narcos a que compitan abiertamente en los mercados. Lo anterior protegería de mejor manera la salud de los consumidores, en un mercado donde precios y marcas serían señales eficientes de calidad.
Muchos han comentado acertadamente que el paso de Uruguay hacia una política pública diferente puede ser considerado un catalizador para un cambio en el resto de países. Una semana después, asambleístas de México DF., declararon que preparan un proyecto de ley para legalizar el cannabis. La propuesta sólo englobaría a la capital, poniéndolos en una situación federal similar a la de Estados Unidos al respecto de los estados de Washington y Colorado. A diferencia del gobierno estadounidense, cuya perspectiva sólo abarca la de los consumidores, México estaría en una posición más abierta a discutir nuevas políticas públicas para lidiar con el problema de las drogas, pues la suya, es una perspectiva que también abarca más de 10,000 muertos al año desde 2006, el año en que se le declaró guerra abierta a los carteles.
La violencia que genera todas estas muertes no proviene de la conducta de consumidores bajo los efectos de las drogas, más bien de la conducta de los carteles peleándose a sangre fría y sin respetar a inocentes, en la búsqueda de proteger o ganar territorio. Lo anterior es una consecuencia de la prohibición de las drogas, no del consumo. Otros presidentes están abiertos, por lo menos, a iniciar el debate a favor de una política pública más realista y más humanitaria como la legalización, entre ellos Otto Pérez Molina y Juan Manuel Santos. No obstante, aclaran que sólo accederían a seguir los pasos de Uruguay si se trata de un esfuerzo concertado a nivel internacional y no a nivel aislado de país.
Mientras tanto, los ojos del mundo se encuentran en Uruguay. De la ejecución satisfactoria del plan –que los precios legales no superen a los del mercado negro, por ejemplo– dependerá la avalancha de cambios legislativos que podrían pavimentar el futuro hacia una Latino América menos violenta.
*Lic. en Derecho.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg