Sí
Alejandro Gasteazoro
La inseguridad es uno de los principales problemas que afecta el desarrollo de las personas y empresas de El Salvador. Por ello, el Gobierno actual le apostó a crear el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que a partir de un proceso de diálogo entre diversos sectores sociales elaboró una estrategia de seguridad pública denominada “Plan El Salvador Seguro”.
Con dicha estrategia, el Estado busca atacar las causas estructurales de la violencia y establece programas que reducen los factores de riesgo en cada territorio. Entre las metas del Plan está impulsar el empleo juvenil; incrementar el acceso y la retención escolar; rehabilitación y reinserción social, etc.
Para ser implementado, se estima que el Plan requiere $2,100 millones distribuidos en 5 años, es decir, $420 millones por año. Respecto a esto, es importante identificar las alternativas de financiamiento más adecuadas. La carga tributaria de El Salvador representó el 15.7% del PIB en el 2014, mientras el promedio de Latinoamérica fue del 21.3%., siendo una de las más bajas de Latinoamérica, lo que evidencia la necesidad de realizar más esfuerzos para incrementar los recursos propios.
Además, de acuerdo a un estudio publicado por el BID en el 2009 (retomando datos del ICEFI), el 10% de la población más pobre ocupaba el 27.8% de sus ingresos para pagar impuestos, mientras que el 10% de la población más rica apenas aportaba el 11.3% de sus ingresos. Esto significa que en el período anterior al 2009, la estructura tributaria en El Salvador era fuertemente regresiva, lo que perpetuaba las desigualdades en el ingreso.
En base a la información fiscal presentada, se vislumbra que para solucionar los déficits sociales se requiere de incrementar los recursos propios. Indudablemente, a la par de lo anterior se deben mantener los esfuerzos por fortalecer y ampliar los mecanismos de rendición de cuentas, a fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
Sin embargo, algunos grupos sociales se oponen totalmente al incremento de la carga tributaria. Por el contrario, proponen financiar la estrategia de seguridad a partir de reorientaciones presupuestarias. Esta alternativa no es factible por insuficiente, frente a las crecientes necesidades y déficits institucionales acumulados históricamente. Por ejemplo, si se quisiera obtener fondos a partir del Presupuesto del Órgano Ejecutivo ($5,326.6 millones en el año 2014), se debe considerar que la gran mayoría (más del 82%) se destinó hacia áreas estratégicas: Ramo de Educación, Salud, Justicia y Seguridad, FODES, el pago de la deuda y otras obligaciones del Estado. Entonces, se descarta realizar recortes en dichos Ministerios por ser contraproducente a los esfuerzos por mejorar la calidad de vida y prevenir la violencia, y, en los otros casos, debido a obligaciones legales.
Por ello, para lograr los $420 millones anuales requeridos para la estrategia de seguridad, las instituciones restantes deberían sacrificar el 46.0% de su presupuesto. Esto no es viable, pues generaría consecuencias negativas en el funcionamiento operativo de las instituciones y afectaría la provisión de servicios públicos, dañando a toda la población.
Por otro lado, la propuesta de obtener el financiamiento a partir del Presupuesto del Órgano Legislativo no tiene validez técnica, tomando como referencia que su presupuesto del 2014 representó apenas el 2.7% del monto total del Plan El Salvador Seguro.
En definitiva, para solucionar el problema de seguridad es necesario que como sociedad se propongan alternativas eficientes para incrementar la carga tributaria, y financiar la estrategia “Plan El Salvador Seguro”. Es positivo que además de impulsar la contribución especial en el área de las telecomunicaciones, se realicen propuestas para reducir la evasión y elusión fiscal y se respalde la creación de un impuesto al patrimonio y a las ganancias arriba de $500 mil de las empresas, de manera que el efecto neto genere una estructura tributaria más progresiva.
Fuente estudio BID
*Economista y miembro de la organización civil progresista, Progre.
No
Julio Velásquez Elías
La necesidad de responder financieramente a las necesidades de inversión y gasto que conlleva la implementación de un plan para resolver problemas públicos no debe llevarnos a un desorden fiscal que termine desdibujando la naturaleza de la relación entre el gobierno y los gobernados.
Algunos criterios deberían enmarcar la determinación de los alcances y límites de una reforma fiscal integral. En primer lugar, la reforma fiscal debería surgir de una redefinición clara de la relación entre el gobierno y los gobernados, sin dejar de lado que los gobernados “otorgan un permiso” a sus gobernantes para tomar decisiones en su nombre para resolver problemas. El punto es que diferentes gobiernos en El Salvador han venido constantemente pidiéndonos “una colaboración”, confiando en que con ello resolverían diferentes problemas; la realidad es que los problemas siguen ahí, la recaudación fiscal del gobierno ha aumentado a niveles históricos y los niveles de insatisfacción ciudadana son crecientes. No es raro en ese sentido que a nivel de la población no exista confianza en las instituciones; por otro lado, muchas de estas personas prefieren realizar pagos directos a otros “oferentes” de seguridad (empresas de seguridad privada, organizaciones delictivas como las maras), probando que no existe tal cosa como un monopolio de la fuerza para la defensa de la vida, la propiedad y la libertad, sino más bien un ineficiente y oportunista oligopolio.
La introducción de impuestos genera distorsiones en los mercados que tienen costos para sus participantes. Llámese “contribución especial”, “renta”, o impuesto, se constituye en un desvío de recursos que habrían sido utilizados para satisfacer necesidades privadas, definidas de manera libre y voluntaria (consumo de telefonía, consumo de tecnologías de información y comunicaciones, o incluso ahorro), para la consecución de objetivos políticos definidos por los grupos con acceso al poder con el amparo coercitivo de la ley, bajo el pretexto “del bien nacional” o frasecillas trilladas de ese tipo.
El establecimiento de un impuesto resulta inevitable a veces, pero eso no implica que no se deban revisar alternativas de financiamiento para lograr el mismo objetivo. En nuestro país es conocido el vicio del gobierno por incrementar el gasto corriente a costa de enfriar o incluso reducir el gasto de inversión; a mayo de 2015 el gobierno había reducido en más de US$18 millones el gasto de inversión comparado al mismo período del año anterior, mientras el gasto corriente subía al analizar contra el mismo período. ¿Qué tal si se comienza por revisar el despilfarro que tiene el estado, antes de sacrificar el gasto que sí es deseable o de esquilmar más a la poca gente que sí paga impuestos?
Si se pide más dinero so pretexto de que “hoy sí” se van a resolver los problemas, cuando las señales políticas van en el sentido contrario, se envía una señal de compromiso imperfecto alrededor de las soluciones, botando la confianza ciudadana. Para legitimar una cruzada que busque mayor recaudación de impuestos se debe definir antes para qué serán utilizados los recursos, las estrategias y tácticas que permitirán el logro de dichos objetivos, indicadores que midan el avance con el plan, una estimación de los costos totales y las fuentes de financiamiento, mecanismos de supervisión ciudadana. También se debe probar técnicamente que los costos de oportunidad son más bajos al introducir el impuesto que al no hacerlo. Pero sobre todo se debe contar con un ingrediente imprescindible: Señales inequívocas de austeridad a nivel de todo el gobierno.
Dado que no veo esa actitud de parte del gobierno actual y por las malas experiencias anteriores, me parece que es inconveniente aprobar la contribución especial en discusión sin realizar los cambios paralelos que se han mencionado: mejora de la eficiencia, definición de planes de acción concretos, austeridad fiscal, compromiso creíble.
*Coordinador del área económica, Facultad de Economía, Empresa y Negocios, Universidad Dr. José Matías Delgado. Licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Economía de Negocios.
Twitter: @julvelasquez
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