Presuntos vicios e irregularidades en el contrato firmado entre Inversiones Energéticas S.A. (INE) y la italiana Enel Green Power constituyen el nuevo argumento que han puesto sobre la mesa el Ejecutivo y representantes de la INE en su camino por evitar que la firma europea obtenga el 53% de las acciones de La Geo, tal y como lo estipuló a principios de enero un tribunal de apelaciones con sede en París.
A pesar de que numerosos analistas han coincidido en que incumplir el mandato de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) envía un señal de inseguridad jurídica a los inversionistas extranjeros, durante el último programa televisivo “361 grados” el asesor legal de la INE, Juan Pablo Córdova, aseguró que “hay otros recursos de casación que ha explorado el bufete que manejó el caso en Francia” e insistió en que el nacimiento del asocio público-privado estuvo lleno de irregularidades.
Córdova afirmó que la búsqueda de un socio estratégico para la Geotérmica Salvadoreña (Gesal), ahora La Geo, se realizó bajo una licitación que irrespetaba lo estipulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y añadió que se trató de una “privatización” que no fue consultada con la Asamblea Legislativa.
Sobre los señalamientos, el abogado Francisco Bertrand Galindo contraargumentó que “si (La Geo) tuvo un nacimiento malo, a esta altura ya se debería haber metido juicios de nulidad o denuncias en la Fiscalía General de la República”; sin embargo recalcó que “en ninguna instancia ni judicial ni en el Ministerio Público se ha alegado la gestión incorrecta de los funcionarios o el vicio de consentimiento del contrato” .
“Si por el lado de la CEL tienen información de que hubo malas intenciones, hay canales legales para eso, no es simplemente decir ‘yo no cumplo el contrato'”, dijo el experto.
Los señalamientos que hizo ayer Córdova fueron los mismos que el presidente Mauricio Funes lanzó el sábado durante su programa radial y que, antecedieron el anuncio del Fiscal General, Luis Martínez, a través de su cuenta de Twitter que se conformaría una comisión especial para investigar el polémico caso.
Por su parte, Tom Hawk, exdirectivo de CEL, señaló que “en ningún momento había mala intención de nadie” y añadió “hay instancias internacionales que han venido a confirmar lo que se hizo” y recordó que, por ejemplo, en los asocios públicos privados brasileños -que sirven de referencia para el Gobierno- el sector público ostenta un 49% de las acciones, mientras que el privado el 51%.
La disputa entre CEL y Enel se ha centrado en la cláusula número seis del contrato, en donde se ofreció a la firma italiana la opción de capitalizar sus acciones, en la medida en que fueran invirtiendo en investigación geotérmica, independiente de si encontraban o no recurso para generar energía. Así fue como Enel exigió que alrededor de siete proyectos energéticos en los que había invertido y que sumaban más de $100 millones fueran convertidos en acciones.
“Los árbitros después de considerar tres años y no sé cuántas paginas concluyen, estudiando las nueve versiones de la cláusula, y deciden que debe intepretarse como decía el sector italiano, es decir, que hay un derecho preferente, dado que esas inversiones fueron aprobadas por unanimidad por la junta directiva”.
Hawk opinó que el peligro para el desarrollo de La Geo, que genera alrededor de $80 millones en utilidades, en realidad se encuentra en la manera que opera la INE, pues no es fiscalizada por la Corte de Cuentas de la República a pesar de ser el destino final de los dividendos de la empresa geotérmica.
Al final del debate, Bertrand remarcó que “lo que toca es cumplir el contrato” y explicó que “el Estado tiene otros recursos si no le gusta que los italianos estén acá” pero recomendó hacerlo “con base a derecho”, y no “por la puerta de atrás”. El abogado reveló además que la Secretaría Técnica tuvo en sus manos una carta en donde Enel planteaba su intención de redefinir los derechos de la INE una vez se diera cumplimiento al laudo arbitral y se convirtiera en accionista minoritario.-EDH