La economía salvadoreña inicia 2017 en pleno proceso del reconocimiento de su grave situación fiscal por lo que el mayor reto para el Gobierno será ordenar la caja del Estado con la implementación de uno de los principales logros de 2016: la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Con este acuerdo las autoridades se comprometieron a que a partir de este año, implementarán medidas para subsanar las finanzas públicas, entre ellas incluir en el presupuesto todas sus necesidades de endeudamiento y evitar el uso excesivo de la deuda flotante de corto plazo, sin dejar de lado la garantía de la asignación presupuestaria correspondiente a las áreas sociales y mayor transparencia y mejor rendición de cuentas.
El primer gran reto es el proyecto del presupuesto 2017, que aún no ha sido aprobado por los diputados en la Asamblea Legislativa, pero que ha sido criticado porque incluye $97 millones más que el de 2016 para el pago de salarios y servicios y deja de lado al menos $800 millones para el pago de varios subsidios y deudas, como la amortización de capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Con la Ley de Responsabilidad Fiscal el objetivo es “emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país”.
El otro reto es el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Y es que la economía estatal cerró 2016 con un sabor agridulce. Si bien, los ingresos tributarios aumentaron y el déficit fiscal bajó, no fue suficiente para no retrasar los pagos a proveedores, urgir la adquisición de más deuda y recibir bajas en las calificaciones de riesgo soberano producto del peligro de “default” (impago).
El acuerdo fiscal promete financiamiento para solventar los problemas fiscales inmediatos: la autorización de $550 millones en bonos para pasar deuda de corto a largo plazo ($307 millones) y el resto para “gastos ineludibles del Ejercicio Fiscal 2016” como Fodes de último trimestre ($82 millones), remuneraciones ($65 millones), proveedores ($50 millones) y el subsidio al consumo de energía eléctrica ($46 millones).
Sin embargo, también le exige al Gobierno que haga su parte y comience a trabajar en una estructura del gasto sostenible.
Equilibrio entre los ingresos y gastos
Según los últimos datos del Banco Central de Reserva (BCR), los ingresos totales del Sector Público No Financiero (SPNF) del Estado salvadoreño hasta noviembre 2016 sumaron $5,006.89 millones, un 7 % más que los $4,655.46 reportados hasta el onceavo mes del año anterior.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el 96 % de los ingresos son corrientes, es decir que provienen de impuestos y contribuciones especiales. Vale la pena aclarar que los reportes oficiales de ambas instituciones no son totalmente congruentes y difieren en algunas cifras.
Así, por ejemplo, el informe de Hacienda asegura que los ingresos corrientes sumaron $4,064 millones y de esos, las tributaciones y contribuciones al 30 de noviembre de 2016 representaban $3,908 millones.
El 83 % de esos ingresos tributarios, equivalente a unos $3,274 millones, correspondió solo a la suma del dinero obtenido por el pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aunque hasta el penúltimo mes de 2016 las cifras revelan un incremento de 2.6 % (equivalente a $99.3 millones) en comparación a los ingresos tributarios recaudados a noviembre de 2015; el dato es $190.2 millones menos (4.6 %) a lo que Hacienda había proyectado obtener bajo este concepto.
El mayor desacierto fue en la previsión de los ingresos a través de la declaración de IVA, que esperaba alcanzaran los $1,937 millones pero solo obtuvo $1,694 millones ($243 millones menos).
Por el lado de los gastos, en tanto, el BCR indica que los gastos corrientes al cierre de noviembre sumaron $4,211.1 millones de los cuales casi el 70 % correspondió a consumo ($2,939 millones, -0.8 %) otro 15 % al pago de intereses ($642 millones, 8.9 % más) y el resto a transferencias corrientes ($629 millones, -13.5 %).
Pese a que los datos reflejan disminuciones en el gasto, que podrían ser congruentes con la política de austeridad promovida por el Ejecutivo, persiste la ejecución de erogaciones que no se incluyeron en el presupuesto y que para su financiamiento recurrieron a las Letras del Tesoro (Letes), las cuales están a discreción de Hacienda. La última actualización de saldo de Letes indica que estos instrumentos de deuda de corto plazo sumaron $1,005.2 millones a noviembre; y la deuda pública total alcanzó los $17,401 millones.