Una tasa de 3.45% a 5 años plazo es el interés que el Gobierno propuso pagar ayer a los cotizantes de las AFP, que financian con su dinero el pago de pensiones del sistema de pensiones público (ISSS e INPEP).
Así lo dijo el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en una visita exprés que hizo a la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, tras ser emplazada por la Sala de lo Constitucional por no decidir sobre este punto a pesar que ya pasó un año.
La comisión tiene en sus manos seis propuestas para reformar esta tasa de interés. Arena propone una tasa del 6%, el FMLN, una de entre el 3 y el 4%, Gana plantea una tasa de interés del 7%, el PDC, otra del 7% y el PCN propone una del 5.5%, cada una con sus variantes según la base técnica de la que la obtienen.
Sin embargo, Cáceres dijo a los legisladores que “una cosa es que se elija cualquiera de estas tasas de interés y, otra, que se pueda pagar”.
El funcionario señaló que por cada punto porcentual que se le suba a la tasa de interés, esto representaría un gasto de $50 millones para el Estado, por lo que habría que ver el tema “con prudencia”, tomando en cuenta que las finanzas del país tienen “problemas seriesísimos”, señaló.
No obstante, este argumento no convence para nada a los diputados de ARENA, quienes también han hecho cálculos y comparado las tasas de interés que paga el Gobierno a través de otros instrumentos financieros.
De acuerdo con la diputada Milena Calderón de Escalón, el Gobierno ha pagado en los últimos años una tasa de interés promedio del 6.84% a otros inversionistas por la deuda que emite cuando ha titularizado a través de CEPA, el Fovial y otros. “Debemos ser responsables. Los trabajadores esperan una mejor rentabilidad”, dijo la legisladora.
Cáceres, sin embargo, expuso durante largo rato que las finanzas salvadoreñas ya soportan una millonaria deuda por la transición del sistema público al privado.
Dijo que según los cálculos actuariales del BID, la deuda de todo el sistema de pensiones asciende ya a $24,077.81 millones de los cuales $14,000 millones se deben a los decretos que se aprobaron posterior a la reforma de 1998, como la pensión vitalicia, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y los certificados de traspaso.