Cerrar el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el mecanismo que el Estado usa para tomar prestados los ahorros de pensiones, y revisar sus prioridades de gastos, es lo que el ex intendente de pensiones, Francisco Sorto, considera el camino más recomendable en la actualidad.
Sorto es actualmente docente finanzas y economía en el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas (ISEADE), pero entre 1999 y 2011 trabajó en la estatal intendencia de pensiones.
A su criterio el FOP fue una “solución política” a una falta de acuerdos entre partidos para aprobar préstamos y así seguir pagando las pensiones de antiguo sistema de reparto.
“Ahora es necesario realmente a un acuerdo de compromiso. El problema previsional no es un problema de partidos, es de nación”, expresó.
Cerrar la vía para que el Estado use los actuales ahorros de pensiones para pagar jubilaciones obligará a un mejor uso de las finanzas públicas y a buscar una mejor forma de pagar esos compromisos previsionales. “Eventualmente habrá necesidad de redefinir prioridades a nivel de gastos”, precisó.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que se eleve la tasa que paga el Gobierno a los cotizantes por usar sus ahorros, Sorto recordó que “si la economía estuviera creciendo a tasa alta, la recaudación estaría creciendo y como resultado no habría tanta presión. Si usted tiene un crecimiento de 2% y tiene una tasa del 6% toda deuda es imposible de pagar”.
Esta situación de bajo crecimiento obliga a endeudarse para pagar deudas anteriores, explicó el ex funcionario. De ahí la importancia de llegar a un compromiso de nación para ordenar las finanzas públicas.
Además añadió que como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a prestar el dinero, hay poco incentivo para subir la tasa de interés, ya que el Gobierno siempre obtendrá el financiamiento que necesita.
El sistema mixto
El ex intendente explicó que en el mundo existen diferentes sistemas de pensiones y por ello cree que no se puede considerar a uno mejor que otro.
Aún así comentó que los sistemas de reparto requieren que haya más jóvenes cotizando que ancianos pensionados. Esto porque el dinero que ingresa se usa para pagar a las personas jubiladas.
El Salvador aún tiene un “bono generacional”, es decir que hay mucha población joven, precisó, pero esa situación cambiará porque cada vez las familias tienen menos hijos.
Con esta situación en mente Sorto recalcó que un sistema de reparto requiere de varios ajustes en el tiempo.
“Posiblemente 30 años más adelante se va a tener que hacer una nueva reforma. Todos los sistemas de reparto están en una situación de transición”, dijo el ex intendente también en referencia los cambios que este tipo de esquemas tienen actualmente alrededor del mundo.
El enfoque fiscal
El economista considera que en la reforma de pensiones original de 1998 hubo algunos puntos que causaron el costo fiscal que ahora menciona el Gobierno al hablar de pensiones.
De acuerdo con Sorto, al cerrar el sistema de reparto y abrir el de capitalización individual no se debió permitir que algunos cotizantes eligieran si querían permanecer en el esquema anterior o pasar al nuevo.
Según él, esa opción nació no por un criterio técnico, sino político. “Para lograr que una ley pase, donde se cambiar de forma tan radical las reglas, un proceso de transición tiene a suavizar el golpe. Eso fue lo más inadecuado que se pudo haber implementado”, opinó.
Sorto indicó que esto dio pie a varias reformas que aumentaron el costo de transición original, unos $10 mil millones, a $24 mil millones.
Uno de estos casos se trata de los decretos 1217 y 100. Estos permitieron que algunas personas que eligieron entras a las AFP tuviesen una pensión similar a la que hubiesen tenido de quedarse en el sistema antiguo. Otro aspecto es que la reforma contemplaba la creación de un fondo de amortización con el que se pagaría el costo de transición. Sin embargo Hacienda nunca tuvo capacidad de ahorrar y dar vida a este fondo.
De acuerdo con el ex intendente de pensiones es necesario reformar el sistema y dejar que el Gobierno se preocupe por aquellos de más bajos recursos: los empleados informales o trabajadores en situación de pobreza. Los cotizantes de mayores ingresos no deberían esperar algún tipo de subsidio o apoyo adicional de parte del Estado.
Para él debería ser al revés, que las pensiones asistenciales se financien a través de ingresos del Estado y un aporte proveniente de los cotizantes de mayores ingresos. Aún así, un esquema de este tipo requiere de un cambio en la visión de sociedad, aclaró.