El Gobierno ha comenzado el año con los los bolsillos vacíos y además con una significativa deuda a sus proveedores, a exportadores, beneficiarios de subsidios y programas sociales que arrastra desde el año pasado.
Su tarjeta de crédito (el endeudamiento de corto plazo a través de Letras del Tesoro) también está al límite y la deuda que quiera solicitar le saldrá más cara, por lo que de aquí a marzo tendrá serias dificultades fiscales.
Los nuevos impuestos, que aprobó el año pasado no han sido suficientes y los economistas coinciden en que el Gobierno tendrá que negociar nuevas fuentes de financiamiento con la oposición si quiere salir adelante con todos sus compromisos fiscales para el 2016.
De acuerdo con lo que demandan diversos sectores, el Gobierno tiene dos meses de retraso en el pago del subsidio al transporte público. Solo ahí son $7 millones de deuda. Hacienda tampoco le ha devuelto a los exportadores un promedio de $100 millones desde junio de 2015, y para no hacerlo ya decidió que se los descontará de la declaración de impuestos, aunque esto afecte la liquidez de las empresas.
Además, los proveedores de uniformes y otros productos utilizados en los programas sociales gubernamentales también están esperando el pago por sus servicios, y ya tienen encima otros pedidos por el inicio del año escolar.
Según el economista Mauricio Choussy, estos impagos están originados, principalmente, porque el Gobierno, para no ver aumentado su déficit fiscal al cierre del año deja de pagar una serie de gastos que arrastra al nuevo año y que va saldando conforme le va llegando dinero líquido.
Esto no significa que no se le pagará un cinco a nadie, sino que más bien, se tendrán que priorizar los gastos más necesarios, según explicó el economista Carlos Pérez Trejo, de la Fundación Nacional de Desarrollo (Funde). “Lo que va a pasar es que le van a atrasar los pagos, como ha estado sucediendo. Pero que no se le va a pagar a nadie no es previsible en corto plazo porque la recaudación se mantiene”, dijo el economista.
“Todas las carencias que tienen en la Policía Nacional Civil, las carencias de las instalaciones, las prestaciones, el equipamiento, los vehículos… esas necesidades bien visibles, igual en educación, las carencias que tienen en escuelas y hospitales se van a seguir manteniendo”, agregó.
Asimismo, en enero es cuando se recibe la declaración del IVA de las transacciones comerciales de diciembre, por lo que el economista Luis Membreño, cree que aunque el Gobierno tiene problemas de caja en estos momentos, podrá acomodar sus gastos a las exigencias sociales.
El Diario de Hoy solicitó al Ministerio de Hacienda un estimado de la deuda que quedó pendiente del año pasado, pero al cierre de la nota aún estaba en gestión.
En otros años el Gobierno ha llegado a acumular deudas de hasta $800 millones para sus proveedores y devoluciones de impuestos.
Según Membreño, el Gobierno creyó contar con los $900 millones de bonos que la Asamblea Legislativa aprobó en abril y que la Corte Suprema de Justicia ha detenido para revisar su legalidad.
Las finanzas de Hacienda siguen complicadas un año más a pesar de que el Gobierno ya aplica desde 2014 impuestos como el de las transferencias bancarias y, más recientemente, el impuesto del 5% a todas las operaciones telefónicas, incluido, las compras de aparatos de comunicación.
El economista Rafael Lemus señala que estos problemas se originan desde que se estructura el presupuesto anual pues no se toman en cuenta una serie de gastos obligatorios versus los ingresos que proyecta recibir.
Tarjeta de crédito al tope
El problema fiscal podría ser más preocupante a partir de junio o julio, dice Membreño, pues el Gobierno ya no tiene margen para emitir más Letras del Tesoro, que son usadas como la tarjeta de crédito para Hacienda.
A diciembre de 2015 el saldo total de esta deuda, de corto plazo, fue de $793 millones y el 12 de diciembre ya emitió otros $50 millones más.
Si el Gobierno no logra convencer a la oposición para que se emitan nuevos préstamos de largo plazo, Hacienda no tendrá margen para pagar sus gastos corrientes.
Y según Choussy, aunque el Gobierno pudiera emitir hasta un monto máximo de $1,200 millones en Letes, será difícil que pueda venderlos en el mercado interno pues las AFP ya no tienen margen para comprar más deuda estatal (ya compraron $130 millones en Certificados de Inversión Previsional para pensiones) y los bancos comerciales tampoco quieren tomar más riesgos pues su cupo máximo es de $800 millones.
Choussy dijo que será necesario que el Gobierno se ponga de acuerdo con ARENA para dialogar y emitir una deuda de largo plazo, como se ha hecho en años pasados. Desde 2009, el Gobierno ha hecho no menos de cuatro refinanciamientos, al pasar su deuda de corto plazo a una de largo plazo y con mejores intereses.
Para Lemus, cuando un Gobierno hace esto reiteradas veces, significa que se tiene un problema fiscal estructural al que debe ponérsele atención, si el país no quiere entrar en una situación similar a la de Grecia, en la que se dejaron de pagar hasta las pensiones.