El Gobierno seguirá endeudándose para cubrir otros gastos corrientes que no tiene presupuestados, a pesar de haber aprobado la semana pasada un paquete de reformas fiscales para aumentar sus ingresos en más de $136 millones.
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo ayer que ya gestionan un nuevo préstamo de entre $200 y $300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que, además, al final del año, esperan emitir un total de $800 millones en deuda de corto plazo o Letras del Tesoro (Letes). 
“Nosotros en esto tenemos $650 millones de Letes emitidos y pensamos terminar con $800 millones”, dijo el funcionario.
También preparan una reforma de ley para ser más estrictos en el sistema de cobro de los impuestos y no dejan de lado opciones de financiamiento como un tributo único para los comercios informales que no pagan al Fisco. Cáceres insiste a la vez en el impuesto predial, que ya es aplicado en toda América Latina, menos en Cuba y en El Salvador.
“Vamos a presentar en los próximos días reformas al sistema de cobro, no es a los impuestos, para que no digan, ahí viene el paquetazo”, señaló.
Según el economista Luis Membreño, el Gobierno necesita no menos de $300 millones para terminar el año, independientemente de la contribución de la telefonía y el impuesto a los grandes contribuyentes que aprobó la semana pasada.
Este faltante se debe a que no presupuestaron esta cantidad en el plan de gastos 2015 y además, los ingresos que esperaban obtener al final del año no se han logrado, debido a que se proyectaron sobre la base de un crecimiento económico sobreestimado.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, hasta agosto de este año la institución tenía un desfase de $218 millones en comparación a lo que proyectó percibir ese mismo mes. Los impuestos aprobados la semana pasada no les garantizan ingresos inmediatos.
“Es inevitable que ellos no necesiten más recursos pues el problema de los impuestos que aprobaron la semana pasada es que o pueden declararse inconstitucionales o lo van a tener que recaudar a partir de 2016 y 2017”, explicó Membreño.
“Ellos necesitan emitir al menos $100 millones más en Letes y los otros $200 millones, entiendo que los están buscando con otros préstamos”, comentó, tras analizar los datos oficiales.
Las Letras del Tesoro, que sirven como una tarjeta de crédito y que no requieren del aval de los diputados, se redujeron al mínimo en septiembre del año pasado, después que el Gobierno emitió $800 millones en bonos para pagar la mayor parte de la deuda. El saldo de la tarjeta cayó a un mínimo de $160 millones, pero a medida que el Gobierno ha necesitado recursos este año, ha optado por emitir más deuda de este tipo, hasta alcanzar una cifra igual con la que comenzó en 2014.
Esta misma transacción se ha repetido cuatro veces durante los gobiernos del FMLN. Al llegar a un máximo de $800 millones, el Gobierno decide emitir deuda de largo plazo y borrar el saldo de su tarjeta, tal como un refinanciamiento bancario.
En esta dinámica, el Estado tiene ya una deuda total de más de $16 mil millones que ha aumentado a pesar de que el Gobierno ha aplicado cuatro reformas fiscales con más de 20 impuestos especiales.
En un comunicado oficial la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador señaló esta semana que los gobiernos del FMLN son los que más ingresos han obtenido.
“En comparación con gobiernos anteriores, en los últimos 6 años el gobierno ha recibido más de $19,600 millones en impuestos y más de $5,700 millones de deuda, es decir, que los gobiernos del FMLN han recibido $25,300 millones más en impuesto y deuda que los anteriores”, señala el comunicado.
Para Membreño, el incremento en el saldo de las Letras del Tesoro refleja la incapacidad del FMLN para lograr acuerdos fiscales con ARENA.
En abril de este año, la Asamblea Legislativa, sin los votos de ARENA, emitió $900 millones en bonos que el Gobierno aún no puede disponer, mientras la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no resuelva si la aprobación de los mismos es o no legal.
El uso del dinero
Según Cáceres, lo que se recaude de la contribución del nuevo impuesto de 5% a la telefonía no será administrado a través del fondo general de Estado, sino a través de una línea presupuestaria que no podrá utilizarse para otra cosa. “Es dinero no se va a poder tocar”, aseguró.
La oposición y analistas económicos objetan que el dinero recaudado irá a un fondo común que permitirá al Gobierno disponer del mismo en forma libre, sin que a la larga se utilice para mitigar la delincuencia.
El ministro de Hacienda ha justificado que el dinero que se pretende obtener de la contribución a la telefonía, no podría salir del presupuesto de la nación pues éste ya es austero y para 2016 solo tiene un incremento de $37 millones.
Sin embargo la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señaló hace unas semanas que el presupuesto de 2016 está desfinanciado en más de $500 millones que tendrán que cubrirse con más préstamos.
La institución aseguró que el Gobierno sigue dejando ocultos gastos como los subsidios y las devoluciones del IVA, renta y otros que tendría que incluir para no depender de financiamiento extra a mitad del año, ya sea en Letes o en préstamos, con lo cual incurrirá en pagos de altas tasas de intereses. En conclusión, señalan, equivale a pagar la deuda de la actual tarjeta de crédito, con otra tarjeta del mismo o de mayor costo del que ya se tiene, en lugar de administrar mejor el dinero extra de los nuevos impuestos.