El organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, Proesa, echó al traste y de un solo plumazo el trabajo que hicieron durante meses tres empresas de publicidad que participaron en una licitación pública para elegir a la compañía que elaboraría la Marca País.
Después de un año de que la institución lanzara el concurso público y que se eligiera al asocio Apex BBDO-Porter Novelli como ganadora, la oficina decidió anular el proceso amparándose en uno de los numerales de la solicitud que indicaba que podían anularlo en cualquier momento previo a la adjudicación del contrato.
“Esto es una falta de seriedad de Proesa de hacernos perder el tiempo a todos. Es una burla a un proceso en el que participamos tres empresas que cumplimos con todos los requisitos”, dijo Sherman Calvo, representante del asocio que ganó la licitación.
Calvo dijo que el asocio concursó en iguales condiciones legales que otras dos agencias de publicidad hasta que al final fue elegida como la compañía ganadora por haber logrado el puntaje técnico más alto y la oferta económica más baja.
El 21 de abril, tras conocer que habían ganado, los representantes del asocio publicitario comenzaron la gestión para negociar el contrato con Proesa y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaría la ejecución de la campaña con $1.5 millones.
La empresa y las partes se reunieron un día después para acordar los términos del contrato y los que la agencia de publicidad avaló posteriormente, sin poner reservas. Solo faltaba la firma de ambos para que el proyecto comenzara a ejecutarse.
Pero en esos días Proesa tuvo un cambio importante en su dirección: William Granadino fue removido de su cargo como presidente de la institución y en su lugar llegó el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
Durante un mes el asocio publicitario no recibió noticias del proceso. Fue hasta el 21 de julio, un mes después de haberse reunido con representantes de Proesa, que la agencia recibió una carta en la que les comunicaban que el inicio de la consultoría estaba programado para el 4 de mayo o el 1 de junio de 2015, en espera de que el Consejo Directivo de Proesa aprobara la adjudicación.
Sin embargo unos días después, el 28 de julio, recibieron un correo que les solicitaba una prórroga de 30 días para validar la oferta. El asocio aceptó la solicitud bajo el supuesto de que ya estaba todo listo y solo faltaba afinar el contrato.
Los días pasaron y no hubo una respuesta concreta hasta que nuevamente Proesa les solicitó el 14 de septiembre una nueva prórroga que la agencia volvió a aceptar.
Después de tres prórrogas, la compañía publicitaria no entendía por qué no se firmaba el contrato si no había ninguna objeción.
Finalmente la empresa recibió el 17 de noviembre una última carta en la que les notificaban que el proceso se anulaba. “El cliente no está obligado a aceptar ninguna propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso de selección en cualquier momento previo a la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna obligación para el consultor”, fue el argumento que estableció Proesa en el documento de una página.
Campaña
El asocio publicitario había trabajado en la propuesta de campaña por más de cuatro meses. Un equipo de más de 20 personas había hecho un estudio previo hasta con sociológos para decidir el concepto general de la campaña así como las frases e imágenes que lo acompañarían.
Calvo asegura que el asocio contrató, incluso, a un asesor internacional como parte indispensable de un requisito que solicitaba Proesa en las bases de licitación. El empresario publicitario estima que la empresa invirtió no menos de $50,000 en todo el proceso que les tomó idear y concretizar un concepto publicitario.
“Parece paradójico que digan que quieren atraer inversión cuando han botado todo un año de trabajo”, señaló Calvo, quien considera este caso como un agravio ético más que económico.
“¿Qué confianza le están dando a los empresarios con esto?, se preguntó Calvo. “Esto nos ha costado tiempo, esfuerzo y dinero. Pero más allá de lo económico, esto es un agravio ético porque se burlan de empresas que actuaron de buena fe y se prepararon para ganar un concurso legal”, dijo el empresario.
¿Tinte político?
El freno a la licitación pública se hace contra una de las empresas que dirige el empresario Sherman Calvo, quien actualmente preside el Consejo Nacional de la Publicidad.
Como representante de las empresas de publicidad, Calvo ha sido un fuerte crítico de las acciones gubernamentales encaminadas a controlar los medios de comunicación y en sus declaraciones ha defendido la libertad de expresión en todas sus formas.
Por eso mismo espera que este proceso licitatorio no sea parte de una venganza por las críticas que ha lanzado al partido oficial.
“Esperaría que no, pero no lo puedo descartar. Sería lamentable pensar que esto pudiera ser una vendeta política. Sin embargo este proceso tiene tanta incertidumbre que da lugar a pensar que hay algo más”, señaló el profesional.
Calvo asegura, por el contrario, que denunciar este tipo de irregularidades en un proceso legal no tiene nada que ver con dinero, sino más bien, con el respeto a un grupo de profesionales de tres empresas distintas que trabajaron arduamente para ofrecer lo mejor al Gobierno.
“Yo estoy dispuesto a donar este trabajo, pero espero una disculpa pública, no para mí, sino para todos los que trabajaron en esto”, acotó.
El asocio estudia si sería posible presentar una demanda o una queja a la institución en vista de los gastos en los que incurrió. Sin embargo reconoce que tendría que estudiarse muy bien a la luz de las leyes pues aunque incurrieron en gastos y tiempo, nunca firmaron el contrato con Proesa y por lo tanto no se consumó la ejecución del proyecto.
Calvo dijo que estudian el caso con su equipo jurídico.