La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) sugirió alternativas para aliviar gradualmente las finanzas públicas del peso que suponen las jubilaciones del sistema público.
Entre las sugerencias de la administradoras, conocidas como AFP, se encuentra la posibilidad de reestructurar la deuda que el Gobierno tiene actualmente con los trabajadores por obligarlos a comprar Certificados de Inversión Previsional (CIP).
El presidente de Asafondos, René Novellino, explicó que actualmente el Estado se tarda 25 años en pagar un CIP. La sugerencia abre la posibilidad a que se otorguen más años para pagar o se atrase el primer pago un máximo de cinco años y a cambio los trabajadores ganen más intereses cada año.
La medida no afectaría el flujo de dinero para pagar a los pensionados de las AFP, aseguró el representante gremial. Tampoco se permitiría que la reestructuración haga que baje la deuda que deben pagar a los trabajadores.
La segunda sugerencia de Asafondos es que el Gobierno abandone gradualmente el uso de CIP para pagar los cerca de $400 millones que cada año necesita para las pensiones del sistema público.
Esto destinando, poco a poco, recursos propios y reduciendo los CIP que, en la práctica son más endeudamiento.
La tercera iniciativa para aliviar el gasto público es la creación de un Seguro Solidario de Longevidad. Con él se pagaría la pensión mínima a los adultos mayores cuyos ahorros de AFP se terminen.
La directora ejecutiva de AFP Crecer, Ruth Solórzano, aclaró que el seguro se puede crear con una pequeña contribución adicional de todos los trabajadores, aunque no especificó cuánto subiría la cotización.
“Sería un seguro muy barato porque la estadística es que solo 1 de cada 100 pensionados es pensión mínima a cargo del estado”, explicó.
Con ese dato, Solórzano dijo que la contribución para el seguro sería mínima por repartirse entre todos los cotizantes del sistema.
Responsabilidad del Estado
Al mismo tiempo salió al paso de las críticas que hacen funcionarios de Gobierno a las AFP. Según su versión, el Estado debe pagar un gran porcentaje de las pensiones, debido a todas las personas que se quedan sin ahorros y deben recibir una pensión mínima.
De acuerdo con las cifras de Asafondos, las AFP pagan $398 millones cada año, entre jubilaciones, incapacidad, pensión a familiares y devolución de ahorros. Mientras tanto el Estado proporciona $3 millones por pensión mínima.
Con esa perspectiva el presidente de Asafondos, René Novellino, rechazó de nuevo que se intente crear un sistema mixto y pasar la mitad de los ahorros de pensiones a un fondo público.
La medida dañaría a los trabajadores ser inestable. El fondo público tendría que pagar más dinero del que recibe, explicó Novellino.
Asafondos insistió en que la reforma de pensiones debe tener como principal objetivo mejorar la rentabilidad que ganan los trabajadores con sus ahorros.
Novellino señaló que según varios estudios asegurar una pensión digna depende en gran medida de la rentabilidad que puedan ganar los ahorros.
Los otros objetivos a tener en cuenta, señalaron, deben ser que el pago de las pensiones públicas sea sostenible y que más salvadoreños puedan cotizar para obtener una pensión.
Por último sugieren que algunos requisitos del actual sistema se hagan más flexibles. Entre ellos los necesarios para devolver los ahorros (en el caso que no coticen tiempo suficiente para obtener una pensión), que personas declaradas con invalidez puedan acceder a pensión y otros beneficios una vez alcanzan la edad legal.
Durante la presentación de estas propuestas los representantes de Asafondos además reiteraron que el Gobierno no se ha reunido de nuevo con las AFP para discutir las reformas al sistema de pensiones.
El Gobierno buscaría crear un fondo público con el fin de tener dinero suficiente para pagar sus responsabilidades con los jubilados del ISSS y el INPEP.