Los jóvenes que comienzan a trabajar deberían ser los más preocupados por las reformas al sistema de pensiones que se discuten en estos momentos.
De acuerdo con el representante legal del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya, la generación que más sufriría por cualquier cambio que se haga al sistema previsional serían los jóvenes que cotizan regularmente a las AFP.
“Nuestra generación es la que más está afectada. Ahora se está viendo cómo pagarle a los jubilados del ISSS y el INPEP, pero hay que garantizar que los jóvenes de hoy también tengan segura una pensión en el futuro”, dijo Anaya.
Desde 1998 hasta la fecha todo trabajador cotiza un porcentaje de su salario a las AFP y ese dinero se va a una cuenta individual con su nombre, que funciona como una cuenta bancaria. La única diferencia es que el dinero no lo puede sacar cuando quiera, sino que debe esperarse a cumplir los años de jubilación.
Pero el plan de pensiones de Cáceres propone que más del 50% de esta población que cotiza hoy en las AFP le entregue el dinero al Gobierno para que éste lo meta en un fondo común, sin dueños, ni nombres.
“El proyecto del Ministro Cáceres es una condena para el futuro de los jóvenes”, dice Anaya, pues se está garantizando la pensión para los de hoy, pero a los jóvenes de hoy solo se les está dando “la promesa”, de que cuando se jubilen les pagarán una pensión, pero es una promesa incierta.
“Hay una falta de compromiso generacional. La gente que está ahorrando en estos momentos es la gente joven, pero solo les están ofreciendo la promesa de que les van a pagar, sin que haya un respaldo financiero”, señaló.
Encuestas que han hecho las mismas AFP revelan que hoy día más del 70% de los trabajadores que cotizan a una AFP tienen conciencia de que el dinero que les descuentan cada mes es suyo, está a su nombre y nadie puede quitárselos. También hay más consciencia de la importancia de que estos ahorros se inviertan bien para ganar intereses.
Por ese derecho a la propiedad privada es que Anaya, junto al Comité de trabajadores aseguran que están dispuestos a acompañar a los ciudadanos a presentar demandas de amparo por vulnerar sus derechos.
“Si se llegara a aprobar un plan de carácter expropiatorio, nosotros seríamos los primeros en ponernos en la fila para promover amparos ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo el abogado.
“La gente está tomando cada vez más conciencia de que el dinero que ahorran es de ellos y que el Gobierno no puede tomarlo así por así”, señaló.
Ricardo Soriano, presidente del Comité, dijo que tampoco descartan acciones públicas en rechazo por la toma del dinero privado por parte del Gobierno y que si es necesario salir a las calles a protestar por la expropiación del dinero, podrían hacerlo.
En respuesta a los temores de estatización, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, así como el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, han asegurado que las reformas de pensiones que se proponen no son confiscatorias y que lo que se busca es garantizarle al Estado la liquidez suficiente para pagar las pensiones de los jubilados de hoy.