El Gobierno acaba de tomar prestado otros $142 millones que le servirán para pagar las pensiones de los jubilados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), sin que hasta la fecha la Asamblea Legislativa haya definido una tasa de interés de mercado (cerca del 7 %), tal como lo mandó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace un año.
Dicho préstamo completa una serie de emisiones de deuda, que el Gobierno ha hecho a lo largo del año, pagando a los trabajadores que cotizan a las AFP una tasa de interés del 3%, a pesar de que la Sala le mandato a Asamblea Legislativa que definiera una tasa de mercado que favoreciera a los trabajadores, es decir, una tasa que ronda entre el 5 y el 7%.
En total el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) ha emitido a lo largo del año $482 millones que han salido del dinero de las cotizaciones que aportan los trabajadores, mes a mes, a las AFP para su futura pensión.
Por ley, las AFP están obligadas a prestarle este dinero al Gobierno, debido a que ni el ISSS ni el INPEP tienen reservas para hacer frente a sus obligaciones previsionales.
La emisión también se hace al margen de una explicación técnica por parte del FOP pues aunque el comité sindical que promovió la demanda ante la Sala (Comtradefop) ha solicitado la explicación de por qué se está pagando actualmente una tasa del 3% por prestar el dinero, ni el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) ni el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia del Sistema Financiero, han explicado porque tomaron esa decisión, a pesar de que la solicitud se hizo desde febrero pasado, a través de las instancias que permite la Ley de Acceso a la Información.
En diciembre de 2014 la Sala de lo Constitucional determinó que era ilegal que el Gobierno pagara una tasa de interés con base a la tasa LIBOR+0.75 que apenas alcanzaba un porcentaje de 1.25% para los cotizantes.
Por esa tasa tan baja se calcula que los trabajadores han dejado de percibir unos $1,000 millones que pudieron haber aumentado el saldo de sus cuentas de ahorro individual y mejorado su futura pensión cuando dejaran de trabajar.
Sin plazo para definir
La Asamblea Legislativa, que es la responsable de definir una nueva tasa de interés de mercado para los cotizantes, sigue dejando pasar el tiempo y ni ellos ni la Sala de lo Constitucional ha hecho algo para agilizarlo.
El representante legal del Comité de Trabajadores (Comtradefop), Enrique Anaya, dijo que le extraña que la Sala no le haya puesto un plazo a los diputados pese a que su resolución fue dictada en diciembre de 2014 y ellos mismos le solicitaron que le definiera un plazo lo antes posible. “No entendemos por qué la Sala no le ha dado un plazo a la Asamblea. Nosotros ya le pedimos que apresure a los diputados, pero hasta hoy no les ha exigido un plazo”, dijo el abogado.
Y en la Asamblea el tema no avanza. El diputado del Fmln, Rolando Mata, dijo la semana pasada que su partido ya está listo para dar los votos y aprobar una tasa de mercado que no mencionó, pero dijo que otros partidos políticos no se han puesto de acuerdo.
La falta de acuerdo en la discusión es una de las razones que los diputados, de diferentes fracciones políticas, han usado durante todo el año para justificar por qué no se ha cumplido aún la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Hasta diciembre de 2014 el Gobierno aún estaba pendiente de pagar $4,512 millones producto de los préstamos que hace con el FOP.
La propuesta de reforma de pensiones que circuló en los últimos meses ha sido criticada porque permite, de un plumazo, eliminar esa deuda que el Gobierno tiene con los trabajadores de las AFP.