Representantes de la Superintendencia de Competencia (SC) pidieron que la Corte Suprema de Justicia, y en especial la Sala de lo contencioso administrativo, dé prioridad a la revisión de casos de este organismo para no atrasar los cobros de las multas. Esta iniciativa es parte de los retos pendientes, junto con la modificación de algunas normativas, para fomentar la libre competencia en el país.
El intendente de investigaciones, Aldo Cáder, dijo que el 78 % de las multas que ha impuesto la SC desde su existencia aún no se han podido cobrar por tener procesos pendientes en la Sala de lo contencioso o por retrasos de la Fiscalía General de la República.
“Tenemos en el total de multas históricas 12 millones 861 mil 173 dólares. De estas se han logrado pagar 36 multas, que equivalen a casi 3 millones de dólares… nos queda un 78 % aproximadamente de multas que no hemos podido cobrar por dos razones: la Corte Suprema de Justicia las ha suspendido con alguna medida cautelar o están en trámite dentro de la fiscalía”, expresó el funcionario durante la rendición de cuentas de la entidad.
Previo al inicio del evento el titular de la superintendencia, Francisco Díaz, expresó que la Sala de lo contencioso debería priorizar la revisión de estos casos “porque son de interés público. No estamos litigando por intereses privados. Estamos defendiendo la legalidad de resoluciones que van en beneficio de la economía del país, del consumidor”.
Díaz consideró que el trabajo en esta sala resta eficacia a la Superintendencia de Competencia. Cuando este organismo coloca una sanción a una empresa, esta puede solicitar una revisión del proceso a la CSJ. Al admitir una demanda los magistrados de lo contencioso inmediatamente suspenden el cobro de la multa.
Sin embargo pasan meses o años antes que la sala responda si la sanción es legal o no. Uno de los casos señalados por Díaz ya lleva 7 años en trámite.
El economista Mauricio Choussy, presente en el evento, opinó que la lucha por agilizar las revisiones y cobros de multa se enmarca en el problema de lucha contra la impunidad que tiene el país. “Es un problema de impunidad que permite que un caso dure siete años”, dijo Choussy.
Reforma a ley de competencia
Por otro lado, el titular de la SC dijo que la ley de competencia ya necesita una actualización para fomentar aún más la competitividad entre empresas. Un aspecto puntual es el criterio para analizar la concentración de empresas (compra o fusión entre varias compañías).
El artículo 33 de la ley establece que una empresas que desee adquirir o fusionarse con otra deben pedir autorización a la SC si los activos de ambas entidades suman $147 millones o sus ingresos combinados son de $177 millones.
Díaz dijo que es un criterio demasiado elevado, de manera que hasta ahora solo ha ocurrido un caso de análisis: cuando Alba Petróleos adquirió ocho estaciones gasolineras. La superintendencia sancionó a la empresa y la obligó a presentar documentos.
Según el superintendente, los criterios de activos e ingresos deberían rebajarse para ser coherentes con el temaño del mercado salvadoreño.
Otra opción podría ser, como en Nicaragua, establecer como criterio el porcentaje de mercado que ambas compañías tienen antes de combinarse.
Además se puede mejorar la figura de “clemencia” que contiene la ley, para que utilizarla sea más sencillo y atractivo para los empresarios que son investigados.
La clemencia es similar al concepto de testigo criteriado. Un empresario que esté involucrado en una práctica anticompetitiva puede entregar información del caso a la SC a cambio de un trato preferencial en el proceso. De momento el incentivo es solo una leve reducción de la multa, lo cual no es muy atractivo para delatar estas prácticas, dijo Díaz.