El Gobierno tiene vía libre para tomar prestado el máximo de dinero de los fondos de pensiones de los actuales cotizantes de las AFP que le permite la ley. De acuerdo con un comunicado publicado, el miércoles pasado, por la Superintendencia del Sistema Financiero, la Comisión de Riesgo del Sistema de Ahorro para Pensiones acordó establecer como límite máximo de inversión en Certificados de Inversión Previsionales (CIP), el 45% del activo de los Fondos de Pensiones.
Eso significa que el Gobierno podrá “topar” el saldo total de la deuda que le fue aprobada en 2012, así como ocurre cuando un banco le aprueba a un consumidor una tarjeta con un máximo de deuda por $1,000 (por ejemplo) y lo utiliza todo.
Desde el 30 de septiembre de 2013 hasta antes de este acuerdo, el Gobierno solo tomaba prestado el 40% de los fondos ahorrados por los trabajadores cotizantes de las AFP, aunque tuviera autorizado el 45%. Sin embargo el nuevo acuerdo de la Comisión le permite desde hoy al Gobierno endeudarse con el máximo.
Aumento gradual
Desde 2006 el Gobierno solo tomaba prestados hasta un máximo del 30% de los fondos de pensiones, pero en 2012 el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, fue a la Asamblea Legislativa y pidió a los diputados que le aumentaran el saldo y le permitieran tomar el 45% del total del dinero que han ahorrado los trabajadores en las AFP desde la reforma de 1998.
Este 45% es dinero que los trabajadores ahorran todos los meses en las AFP, pero que el Gobierno presta a cambio de Certificados de Inversión Previsional tipo “A” (CIP A).
Las AFP se quedan con el certificado y el Gobierno usa ese dinero para pagar las pensiones de los jubilados actuales del ISSS y el INPEP.
A cambio de este préstamo los cotizantes ganaban una tasa de interés de apenas el 1% desde 2009, y subió recién en 2015 al 3% gracias a que la Sala de lo Constitucional le declaró inconstitucional ese pago de interés tan bajo.
La gráfica incluida en esta página muestra el total de deuda que el Gobierno ha emitido en CIP A cada año. Los números evidencian que la cifra ha aumentado año con año, a medida que también incrementa el número de trabajadores que se jubilan de lo que queda del sistema de pensiones público.
Este año, el Gobierno ha emitido hasta julio un total de $340 millones en tres emisiones trimestrales que permitirán pagar las pensiones del ISSS y el INPEP hasta septiembre. Solo faltaría una emisión más para completar el dinero que usarían para pagar las pensiones del último trimestre, en el que también se paga el aguinaldo de diciembre.
Subirá más del 45%
La emisión de deuda ya llegó a a su límite, pero por si eso no fuera poco, el plan de pensiones que ha propuesto el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, asegura que este porcentaje de 45% ya no será suficiente en 2016, por lo que se prevé que el Gobierno pueda requerirle a la Asamblea Legislativa que le aumente dicho límite en el futuro.
El documento de Cáceres indica que al final de este año el Gobierno habrá tomado $3,493 millones prestados de los fondos de los trabajadores que ahorran en las AFP.
Según el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), este dinero, que el Gobierno toma de los ahorrantes, le está generando millonarias pérdidas a cada trabajador debido al bajo interés que paga el Gobierno.
El presidente de este comité, Ricardo Soriano, asegura que ese dinero que el Gobierno utiliza es un robo a los trabajadores y que lo ideal sería que éste financie su deuda del sistema anterior con ingresos del presupuesto y no con dinero de los trabajadores de hoy a los que les paga bajos intereses.
La decisión de la Comisión de riesgo de la Superintendencia se da en momentos en que el Ejecutivo espera un informe técnico que sería la base para elaborar una propuesta de reforma de pensiones.
Hasta hoy no hay ningún documento formal sobre esa reforma y solo ha trascendido un plan presentado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien propone regresar parcialmente al sistema de reparto para que el Gobierno pueda administrar el ahorro de los cotizantes.
Al respecto el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, dijo ayer que no hay nada concreto y que debe esperarse un informe técnico que elabora un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ortiz agregó que cualquier propuesta deberá ser consultada a nivel nacional, tema que exigen todos los sectores involucrados.
