La segunda versión del Plan Cáceres, avalada por el Gobierno del FMLN, para reformar el sistema de pensiones deja una incógnita sin resolver. ¿Qué pasará con los trabajadores que no logran cumplir los requisitos para pensionarse?
Estas personas, al parecer, tendrán que resignarse a perder sus ahorros acumulados en las AFP, pues deberán entregar ese dinero al Gobierno.
Actualmente 1.1 millón de trabajadores no lograrán cumplir los 25 años de cotización para acceder a una pensión. El Plan Cáceres no dice, en ninguna de sus versiones, qué hará con estas personas.
Según las cifras que maneja la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) cerca de 1.7 millones de salvadoreños han cotizado alguna vez en su vida al actual sistema. Sin embargo, las personas que cotizan regularmente, porque tienen un trabajo formal, varían entre 660 mil y 680 mil.
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Estas estimaciones dejan fuera a quienes se encuentran afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) pero nunca han podido cotizar. Este grupo suma otro millón de personas.
Las 57 láminas que tiene la segunda versión del Plan Cáceres hablan sobre mejorar las finanzas del Estado y promete entregar una pensión mínima de $207.60 a todos los trabajadores. No obstante, esa pensión la dará el Gobierno solo a las personas que logren cumplir los requisitos, uno de los cuales es cotizar durante al menos 25 años.
Compensaciones
El sistema de las AFP ya incluye una solución alternativa para las personas que no cubren este requisito. Los ahorros de estos trabajadores no se pierden pues, aunque no recibe una pensión exactamente, le son devueltos sus ahorros más las ganancias que hayan generado.
La devolución puede hacerse en un solo pago o en varias anualidades, según la ley.
La diferencia radica en que si el trabajador elige recibir su dinero en cuotas, podrá gozar de cobertura en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) durante algunos meses.
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De acuerdo con Ruth Solórzano, presidenta de AFP Crecer, en el anterior Sistema Público, también existía un mecanismo para estos casos, pero la compensación era mucho menor. Antes de 1998, con el sistema público, al trabajador se le calculaba el 10 % de todo lo que había cotizado durante sus años de trabajo y eso recibía como devolución, pero perdía cobertura de salud.
Ahorros en el limbo
La situación podría volverse mucho peor para ese millón de trabajadores pues hasta ahora el Plan Cáceres, avalado por el Gobierno, no ha planteado qué les pasará a ellos. El documento carece de un apartado que especifique si se les devolverá todos sus ahorros, recibirán una pensión básica de $50 cada 4 meses o tendrán otra opción.
Ya que la propuesta de reforma abunda en referencias a la reducción de la deuda pública, existe la amenaza de que estas personas lleguen a su vejez y, después de años de trabajo, no reciban ni un centavo.
Por ahora estos trabajadores tienen la opción de recibir lo poco que hayan ahorrado, pero la omisión de este punto en la propuesta de reforma solo plantea incertidumbre para esos trabajadores.
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Trabajadores en riesgo
Entre cotizantes regulares también hay trabajadores en riesgo de quedarse sin nada gracias al Plan Cáceres.
María Elena Rivera, coordinadora del Programa Estudios sobre Políticas Públicas de Fundaungo, ha dicho en el pasado que al iniciar su vida laboral cerca del 40 % de las personas tienen prestaciones.
Sin embargo, conforme pasan los años muchas de ellas dejan de cotizar al ISSS y a las AFP debido a que pasan al sector informal, ya sea por despido o porque inician negocios propios.
Es decir, por la dinámica del mercado laboral es posible que algunos de los 686 mil trabajadores que cotizaron a una AFP en julio pasado puede que no logren obtener su pensión y verían en riesgo sus ahorros con la reforma.
El mismo Plan Cáceres se está asegurando de aumentar la cantidad de personas que no podrán acceder a una pensión.
La página 55 del documento incluye entre sus medidas complementarias la eliminación de las declaraciones juradas con el objetivo de generar “menos gasto previsional”.
La declaración jurada es un documento legal que una persona puede usar para certificar que trabajó y cotizó en un período de tiempo.
Esto lo usan quienes encuentran problemas en su historial laboral porque los documentos se perdieron o la empresa para la cual trabajó quebró o, simplemente, ya no existe.
Si la medida complementaria se aprueba los trabajadores ya no podrán hacer valer todos sus años de trabajo si se encuentran con una irregularidad de ese tipo.