Y mientras se comienza a hablar de otro impuesto que se desprendería de la reforma de pensiones, la discusión sobre el cargo del 10% a la telefonía e Internet, aún no termina.
La polémica no es solo porque afectará directamente a los usuarios, sino también porque tiene más elementos que lo hacen ser un impuesto más que una contribución especial, ya que ambos con marcadas diferencias.
Un grupo de abogados, consultados por ese periódico, determinó que por las características que presenta el Anteproyecto de Ley, no solo se trata de un impuesto, sino además que no ha sido consultado, presenta “vicios de inconstitucionalidad” y podría castigar en cascada a la población.
Las diferencias
En primer lugar el abogado Maximiliano Mojica de Portal y Asociados, aclara que las contribuciones especiales no son impuestos.
“Hay tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas, y las contribuciones especiales.Los impuestos suponen que frente al pago que hace el contribuyente, el Estado no da, directamente, un servicio particular en carácter de contraprestación”, explica.
“Las contribuciones especiales (en cambio) se caracterizan porque el pago que realiza el contribuyente va directamente a financiar una obra o un servicio en particular”, aclara.
El cargo a telefonía, como ya ha dicho el gobierno irá a las arcas del Estado y su recaudación no financiará una actividad u obra especifica del Gobierno, sino la seguridad pública.
Para el director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada Anep, Javier Argueta, también es claro que de aprobarse, la población se estará enfrentando a un impuesto, ya que el gobierno ha sido tajante al decir que financiará la seguridad del país.
Al respecto el abogado dice que la seguridad es un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado y no deben usarse fondos de la gente para financiarla.
“La diferencia en el impuesto es que no existe conexión entre un servicio público específico que se pretenda pagar, en cambio en la contribución especial el destinatario al que le quitan la contribución, tiene como consecuencia una contraprestación, un retorno”, detalla Argueta.
El licenciado Argueta cita también como ejemplo de contribución especial, los $0.20 centavos por galón de gasolina que cada usuario de vehículo particular paga al Estado, dinero que se destina a mantener calles y carreteras.
Rafael Lemus, asesor económico de Arena en la Asamblea Legislativa por su parte, coincide con los entrevistados, respecto a que el cobro del 10% es efectivamente un impuesto, debido a que los usuarios de telefonía no están recibiendo un beneficio directo.
“Un impuesto por mandato de Ley obliga al ciudadano en función de ingresos y de gastos a pagar una tasa, pero no hay una prestación del gobierno que la asocie a esos fondos”, explica Lemus.
Por su parte, el doctor Francisco Bertrand Galindo, también cree que así como se ha planteado, el nuevo cobro se estaría considerando un impuesto, porque quienes lo pagan no tienen un retorno, un beneficio por ese pago. El riesgo dice el doctor Bertrand Galindo es que podría convertirse en un impuesto que castigue en cascada a la población.
“El tema se complica cuando hay venta por ejemplo de computadoras, porque también habla de que el impuesto va a gravar los equipos, no sabemos si se grava cuando lo vende el importador, si lo paga el mayorista cuando lo vende al minorista o si este último también lo paga, en ese caso puede llegar a ser un impuesto que vuelva bastante caro todo lo que es electrónico, una computadora que ahora cueste $400 puede llegar a costar $800 dólares”, advierte el doctor Bertrand Galindo.
Sería inconstitucional
De acuerdo con Rafael Lemus, este nuevo impuesto podría declararse inconstitucional, no solo por que está mal tipificado, sino además porque de una misma fuente de ingreso, que en este caso sería la facturas de teléfono, en donde ya se paga un impuesto específico al consumo (el Impuesto al Valor Agregado, IVA), se está manejando la doble tributación…”, recalcó.
Lo mismo opina Mojica: “El problema es que gravaría dos veces con el impuesto, una misma cadena de generación del servicio de telecomunicaciones y de consumo final (importación y venta de los bienes, así como la prestación efectiva del servicio)”, cuestionó el abogado.
Quizá por esto, el Gobierno asegura que ha pedido a la Superintentencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), una reducción del 13% a la tarifas de telecomunicaciones, no obstante la Asociación Nacional de la Empresa Privada con presencia en la junta directiva de la Siget, desmintió dicha afirmación.
Surgen más dudas
Según el abogado Mojica, el anteproyecto de Ley así como se ha presentado tiene otras incongruencias. Por ejemplo, cuando advierte que se cobrará tributo a servicios de Internet como Netflix y otros similares,¿cómo se hará este pago?, si son servicios internacionales.
Otro aspecto que genera dudas es si el gravamen incluiría no solo servicios locales de televisión por cable, sino también los internacionales, que no tienen domicilio fiscal en El Salvador.
Según Mojica, en el anteproyecto también se detalla que se gravará con el impuesto cuando las terminales sean otorgadas en comodato. “Gravar un comodato, que su característica es precisamente un evento sin significación comercial ni fiscal, genera una contradicción en si misma, ya que la terminal no está siendo adquirida por el cliente, ni vendida por empresas distribuidoras”, aclaró Mojica.
Advirtió que se está pretendiendo desviar la atención para discutir si se trata o no de un impuesto, en vez de discutir sobre su conveniencia de cara a la economía de las familias salvadoreñas, así como de cara al detalle sobre en qué finalidad se utilizará (no hay detalle exacto de gastos).
“Al actual Ministro de Seguridad Pública los ciudadanos le han entregado $157.4 millones más de lo que le dieron a su predecesor. ¿Qué resultados han habido? ¿Tirarle mas dinero a los funcionarios ha resuelto el problema de inseguridad? ¿Estamos más seguros que en 2009? ¿Qué nos garantiza que hoy, tirándoles $2,100 millones a los funcionarios, las cosas serán distintas? “, cuestionó. Seguridad recibió $422.7 millones para el presupuesto 2015. Sin embargo, y aunque solo se ha ejecutado el 50% de ese monto, se está proponiendo otro impuesto para financiar la Seguridad.