El impuesto a las operaciones financieras ha generado pocos ingresos al Estado, los cuales son superados con los gastos administrativos que hicieron los bancos para poder cobrar dicho tributo. Es el balance que hizo la Asociación Bancaria Salvadoreña desde que hace once meses el Gobierno inició el cobro por algunas transacciones.
“Es un impuesto que no es significativa su recaudación y que sí es grande el daño administrativo que ha causado a los bancos en costos”, expresó el presidente de Abansa, Armando Arias.
Estos gastos fueron necesarios para hacer los cambios en el software de cada banco con el fin de implementar el cobro en cada caso que fuera necesario.
Además los bancos contrataron personal adicional para lograr hacer los cobros del impuesto de forma manual. Esto porque el Gobierno no concedió un período de tiempo suficiente para actualizar el software.
El presidente de Abansa dijo que a casi un año de que se implementó el impuesto, ya se hace el cobro de forma eficiente en los bancos. “ La verdad es que los bancos necesitaban de cuatro a seis meses para poder operar adecuadamente”, añadió.
Arias además insistió en que los ingresos que recibe el Estado a través de este impuesto son mínimos. Por otro lado el tributo incentiva a que los salvadoreños hagan más transacciones en efectivo para evitar gastar más. Sin embargo aclaró que no tienen forma de medir cuánto han crecido las operaciones informales.
En septiembre de 2014 inició el cobro del impuesto a las operaciones financieras. Todos los bancos tienen la responsabilidad de hacer un cobro de 0.25 % cuando las transacciones sobrepasen los mil dólares y una retención de 0.25% cuando las operaciones realizadas en un mes sobrepasen los $5 mil.
Esto aplica para transacciones en efectivo, medios electrónicos y cheques.
Sobre la recaudación del impuesto, el Ministerio de Hacienda registró que hasta el mes de abril de 2015, se habían recibido $15.5 millones menos que lo esperado.
Información de ahorros
Armando Arias también se refirió a la petición que hizo la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para obtener la información de los 100 mayores depositantes de cada banco.
En su momento la asociación bancaria se opuso por considerar que la petición vulneraba el secreto bancario. El asunto pasó a una mesa de diálogo entre bancos y Gobierno.
“Afortunadamente ya quedó en el pasado”, resumió Arias al ser consultado por la discusión en el tema.