El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, aseguró ayer que “el caso ya no se puede reactivar”, en relación al arbitraje con la empresa italiana Enel, que podría mantenerse abierto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, EE. UU., si el país no desiste del proceso civil que mantiene contra exfuncionarios.
De acuerdo con el abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag, que defiende a El Salvador en el litigio, el incumplimiento del acuerdo marco entre CEL y Enel genera incertidumbre en el proceso internacional.
Pero para López Villafuerte, “ya hubo un acuerdo comercial, que es la base fundamental del acuerdo marco y ahí dice que ya hemos cumplido”, manifestó el funcionario.
“Yo tengo una carta en la que Enel dice que hemos cumplido toda la parte comercial”, agregó. “El Ciadi se terminó”, dijo.
Sin embargo, el abogado dijo que este litigio aún se mantenía en suspenso porque el Estado no ha cumplido su parte de desistir de la acusación fiscal contra varios exfuncionarios salvadoreños que estuvieron en las instituciones involucradas cuando se firmó el contrato de socio estratégico entre CEL y Enel.
El Acuerdo Marco, un documento de 10 páginas estructurado como el acuerdo de paz para un “divorcio amistoso”, fue admitido por el Ciadi como una orden procesal de estricto cumplimiento para poder llegar a finiquitar el caso.
El documento señala, sin embargo, que “si por cualquier razón, transcurridos 180 días desde la firma de este Acuerdo Marco, no se ha producido la liberación definitiva e irrevocable de la responsabilidad civil y penal de EGP y EGP El Salvador, así como sus empleados, directivos, representantes y mandatarios presentes y pasados referida en el párrafo anterior, EGP tendrá derecho a solicitar la continuación del arbitraje —de conformidad a los Artículos 5 párrafos 1 (c) y 2— en el estado en que se encontraba antes de la suscripción de este Acuerdo Marco”, reza en el artículo 3 ese documento.
Pero aunque la firma italiana y la autónoma salvadoreña ya dieron por terminado el acuerdo comercial con el pago de $287.6 millones, CEL mantiene la querella contra los exfuncionarios para recuperar el dinero que se pagó para obtener de nuevo las acciones de Enel en la empresa geotérmica LaGeo.
Mientras tanto, el proceso judicial contra los exfuncionarios sigue su proceso y López Villafuerte solo espera la resolución de los tribunales.
Al preguntarle al presidente de CEL si el proceso en el CIADI podría continuar si no se desiste de la acción civil en el país, López Villafuerte dijo que “eso ya no depende de nosotros”.
El largo proceso ha impedido que se continúe con importantes inversiones en geotermia, que podrían disminuir el precio de la energía para los ciudadanos.
También es considerado un caso que pone en entredicho la credibilidad del Gobierno en los contratos con inversionistas extranjeros.
El presidente de CEL dijo ayer, escuetamente, que ya tienen algunos planes en geotermia y que pronto los anunciarán.
Estas inversiones que se anuncian se han planeado estrictamente desde LaGeo pues el Gobierno decidió no contratar otro socio estratégico para llevar a cabo los proyectos y ha asumido todos los riesgos de una generación energética que le genera al país millones de dólares.