El Gobierno planea revisar el marco legal para licitar de nuevo el Puerto La Unión y no descarta posibilidades como la contratación directa, la aplicación de la Ley de Asocio Público Privado o que la misma Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) haga las inversiones y opere el puerto de una vez.
Inicialmente, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo ayer que consideran hacer una segunda licitación, tal como está estipulado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Pública (Lacap) y que no es cierto que se esté privilegiando una contratación directa.
Pero al mismo tiempo dijo que “cualquier opción debe tener un mecanismo transparente, que haya participación de otros sectores”.
Señaló que, por el momento, tienen conversación con empresarios de Corea, Japón y también con la empresa china CITIC Group, que quieren participar, pero “hay que hacer ajustes”, mencionó, sin entrar en detalles.
Por su parte el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Nelson Vanegas, no descarta que la concesión pueda darse de forma directa, a través de una ley de Asocio Público Privado (APP) o a través de las alternativas que plantea la Ley de Concesiones, que se discutió en la Asamblea Legislativa.
Pero, además, barajó la posibilidad de que sea la misma CEPA la que haga las inversiones en el Puerto y eche a andar la terminal marítima cuanto antes.
También está la opción de hacer una segunda licitación.
La semana pasada CEPA declaró desierta la primera licitación internacional pública, porque ninguna de las cuatro empresas que precalificaron al proyecto presentó su oferta económica.
Según la ley Lacap, CEPA puede llamar a una segunda licitación pública para iniciar de nuevo el proceso, y sólo se dará una contratación directa si esa segunda licitación se declara desierta nuevamente.
El primer proceso de licitación inició a mediados de 2014, con un trámite de precalificación con empresas interesadas que, incluso, dieron sus aportes para que las bases se acoplaran a sus requerimientos.
Ese día Vanegas dijo que la ley con la que se hizo la licitación es muy rígida y que no permitía una interacción con los participantes.
“El marco legal que tenemos no permite una interacción con los ofertantes o participantes. Es un marco legal rígido”, dijo la semana pasada.
“Estamos revisando todo el marco legal”, dijo el jueves pasado.
El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, también dijo que esta semana evaluarán todas las posibilidades y que entre éstas se encuentra la de convocar a una segunda licitación o hacerlo de forma directa. Las opciones, sin embargo, demorarían al menos dos meses más para que la terminal tenga un administrador oficial.
“Depende de lo que dice la ley Lacap. Una segunda licitación tomaría el mismo tiempo en términos de dos meses, que es el tiempo mínimo que puede darte la ley, y la otra opción es hacer un mecanismo directo”, señaló.
“Pero en todo caso esta semana lo vamos a evaluar… el pueblo salvadoreño puede tener la seguridad que en este gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reactivar el puerto”, dijo.
Ortiz agregó que su gobierno está determinado en que el puerto comience a funcionar este año”.
De acuerdo a Vanegas, las empresas precalificadas no presentaron sus ofertas porque el puerto no tenía un movimiento desarrollado, y además, está la competencia del Puerto de Acajutla, que maneja actualmente la mayoría de contenedores que entran y salen del país y le restaría competitividad al puerto en el oriente del país.
Otro de los puntos en cuestión es el dragado del muelle de acceso al puerto, que según la Ley de Concesiones, le corresponde al Gobierno.
Según Lorenzana, no es cierto que no se tenga el dinero (unos $15 millones aproximadamente) para hacerlo y afirmó que éste ya está incluido en el presupuesto de CEPA.
Vanegas dijo al respecto que el dragado aún no se ha hecho porque se espera que el puerto comience a operar antes.
“Si usted draga y no opera el puerto, se va volver a azolvar y el dinero que invierte en el dragado se va a volver a perder”, señaló.
Vanegas dijo que esta semana se reunirán para discutir las alternativas que se tomarán para concesionar el Puerto, que terminó su construcción en 2008 y desde esa fecha sigue sin operar al 100 %.
Desde 2010 y hasta 2014 sólo 99 buques habían atracado en la terminal, que no tiene la suficiente maquinaria para recibirlos y ayudarles a atracar su mercadería.
Mientras tanto, CEPA desembolsa un aproximado de $101 millones anuales para pagar el préstamo por su construcción y por su mantenimiento.
También se gastaron otros $25 millones en dragar el canal de acceso de forma artesanal, una medida que fue catalogada como un gasto innecesario de dinero, para una institución con grandes deudas.