El Gobierno está considerado reducir gradualmente el 45 % de dinero que toma prestado de los ahorros de los cotizantes de las AFP, en las reformas al sistema previsional que discute el gabinete económico.
“Hay que irse gradualmente desligando de la obligatoriedad de adquirir instrumentos del Estado y que se puedan orientar a inversiones productivas, pero para eso necesitamos también quitarle algunas distorsiones que tiene en este momento el mercado de valores”, dijo ayer el superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo.
Actualmente las AFP están obligadas a prestar el 45 % de los fondos de pensiones que el Estado emite a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) que sirven para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP.
Pero la cifra crece a más del 85 % cuando se toman en cuenta otros instrumentos financieros que emiten otras entidades de Gobierno.
En 2012 esta obligatoriedad era de 30 %, pero el Gobierno de Mauricio Funes hizo reformas a la Ley para que el Estado pudiera tomar más dinero de los ahorrantes, a quienes les pagaba una tasa de interés de apenas 1.3 % y hasta hoy, en 2015, ha comenzado a pagar una tasa del 3 %.
La intención de reducir el monto de préstamo obligatorio se da en momentos en que se discute en la Asamblea el aumento a la tasa de interés de estos fondos y que fue ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con los magistrados de esta Sala, el Estado debe pagar una tasa favorable al cotizante. La propuesta de los trabajadores agremiados al Comité de los Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) es que el Gobierno pague una tasa de 7 % a los cotizantes, por prestarles su dinero, una cifra con la que ni el Ministerio de Hacienda ni los diputados del FMLN se han querido comprometer a aceptar.
El punto tampoco se ha discutido en la Comisión de Hacienda de la Asamblea al punto que la Sala le ha solicitado que presente un informe cuanto antes para revisar cuánto ha avanzado el tema.
Mientras tanto, el Gobierno ha emitido solo este año un total de $225 millones en CIP a una tasa del 3 % para pagar las pensiones de los jubilados en el primer semestre del año.
Y desde 2006 hasta 2014 el Gobierno ha emitido $4,776 millones en CIP con las que también tiene que pagar intereses.
Perdomo reconoció que si este dinero se usara en proyectos productivos, los cotizantes ganaran más intereses, lo que le ayudaría a mejorar el monto de sus pensión cuando se jubilen.
Por eso señaló que en la discusión de las reformas se está considerando mejorar las condiciones de inversión de las AFP, que por ahora, solo pueden invertir en instrumentos financieros del país.
Aunque no habló de permitir a las AFP invertir en instrumentos extranjeros, sí dijo que están considerando flexibilizar las condiciones de las administradoras, a fin de que puedan invertir el dinero en obras de infraestructura y otros que den una mayor rentabilidad a los cotizantes.
Según el presidente de Comtradefop, Ricardo Soriano, el Gobierno no cumple con su compromiso social a favor de los trabajadores, pues prefiere pagar a los inversionistas extranjeros una tasa de entre el 6 y 7 % cuando adquire préstamos y emite bonos, pero no quiere pagar lo mismo a los salvadoreños que ahorran para su futura jubilación.
Soriano también es de la idea de que el Gobierno no debería obligar a las AFP a prestarle el dinero a una tasa de interés baja y cree que es necesario que este porcentaje del 45 % se reduzca para no seguir emitiendo más deuda.
Perdomo dijo que el Gabinete económico sigue en estudio de las reformas, en las que se están considerando varias alternativas para disminuir la presión financiera del Estado, que debe desembolsar unos $400 millones anuales para el pago de pensiones del ISSS y el INPEP.
Entre las alternativas a considerar están la creación de un sistema de pensiones mixto, reformas paramétricas (modificar años de cotización y años de jubilación, entre otros) así como la creación de una AFP pública.
Sobre este último punto Perdomo no quiso confirmar ni rechazar que el Gobierno esté considerando crear una institución pública que haga competencia a las dos Administradoras de Pensiones privadas en el país.