El Gobierno salvadoreño proclamó austeridad y más recursos para invertir en 2014. Sin embargo, las cifras del Ministerio de Hacienda al cierre del año pasado dicen todo lo contrario: se destinaron más fondos para el pago de salarios de empleados públicos y se disminuyó el gasto en inversión gubernamental, que es la garantiza el desarrollo del país en el largo plazo.
De acuerdo con los datos fiscales a diciembre de 2014 las instituciones que forman parte del Sector Público No Financiero (SPNF) (Gobierno Central y autónomas) gastaron $115 millones más en remuneraciones que lo que hicieron en 2013; mientras que el gasto en inversión pública disminuyó en $101 millones.
Si esa cifra se relaciona con el Producto Interno Bruto, significa que el país solo destinó 2.5 % de su producción nacional a la inversión, pero las remuneraciones representaron 8.8 % del PIB.
La disminución de los fondos para inversión pública fue notable en los sectores de energía, así como en salud y en justicia, donde el gasto disminuyó en más de la mitad de recursos con los que contó en 2013.
En 2013 la inversión para el desarrollo económico del sector energético fue de $117.3 millones, pero en 2014 solo se destinaron $40.1 millones.
En la inversión para el desarrollo social, los recursos solo fueron de $47.6 millones para el área de salud, mientras que en 2013 fueron de $62.7 millones.
Pero también es en esas carteras donde más se ha aumentado el gasto de salarios por la contratación de nuevo personal en los últimos años.
De acuerdo con los datos de los presupuestos anuales analizados por la economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Carolina Alas de Franco, entre 2002 y 2015 el Gobierno aumentó en 45,680 nuevas plazas el aparato estatal y la mayoría (36,618) se crearon entre 2008 y 2015.
Y si bien es cierto que se han incorporado más médicos, maestros y policías a la planilla estatal, Alas de Franco también recuerda que muchas de estas plazas son de personal administrativo.
Por ejemplo, de las 36,618 nuevas plazas que el Gobierno creó entre 2008 y 2015 unas 2,690 plazas fueron administrativas.
En 2000 las remuneraciones representaban el 8.4% y en 2014 reflejaban el 9% del PIB.
“El Gobierno se está haciendo cada vez más grande”, dijo la economista, a quien le preocupa la capacidad económica del Estado para soportar más trabajadores públicos.
La contratación de más personal no sería un problema para las finanzas del país si los resultados fueran positivos; pero Alas de Franco dice que no hay ninguna evaluación del costo-beneficio que estas plazas tienen para el país o una medición del impacto que están generando para el desarrollo nacional.
“Hay demasiado crecimiento en el empleo que no se justifica dado los resultados que tienen”, señaló.
“Economía política”
Rómmel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) cree que todo esto es parte de una “economía política” en la que están en juego demandas sociales y sindicales, que obligan al Gobierno a priorizar los gastos corrientes y sacrificar la inversión pública aumentando más el déficit fiscal.
“Ahí ya son problemas de economía política. Hay erogaciones corrientes, que nos gusten o no nos gusten tenemos que atender, y detrás de eso están todas las presiones sociales y a las cuales les da salida contratando maestros y médicos. Pero no solo son presiones de la ciudadanía sino también de los sindicatos, grupos de interés que quieren presionar para tener mayores recursos en sus carteras”, explicó.
“En la medida que se comienza a privilegiar el gasto corriente lamentablemente estamos gastando menos en gasto de capital”, explica Rodríguez. “Eso es inconsistente con el discurso oficial”, agregó.
“En nuestro caso, cuando el gasto corriente se dispara, el que tenemos que reducir entonces es el gasto de capital”.
De acuerdo con el analista, el pago de salarios, así como el de los intereses de la deuda, que también aumentó un 2.4 %, son ineludibles para el Estado. Sin embargo reconoce que si se hiciera un buen uso del dinero, la inversión no saliera tan afectada y las demandas sociales podrían cumplirse. “Es mejor tratar de ir gestionando mejor nuestro gasto corriente para no afectar nuestro gasto en capital”, añadió.
“Lo que veo es que se está apostando por un mayor desarrollo del país, pero recordemos que deben ir en conjunto con una inversión privada e inversión pública”, mencionó Rodríguez.
Alas de Franco declaró, por su parte, que le preocupa mucho que el Gobierno esté priorizando los salarios antes que la inversión pues ésta constituye el desarrollo económico de El Salvador a futuro.
“Para que haya crecimiento efectivo tiene que haber inversión y la del Gobierno es un complemento de la inversión privada. Para que ellos inviertan tiene que haber buena infraestructura, buenos aeropuertos, buenos puertos que les reduzcan sus costos de transacciones con el exterior”. Si el Gobierno no realiza la inversión, lo que se está haciendo es comprometiendo el potencial futuro del crecimiento”, sostuvo.
La Ley de Responsabilidad Fiscal, que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa es considerada por muchos políticos como la herramienta para poner fin a estos desequilibrios fiscales.
No obstante, Alas de Franco dice que no por el hecho que se apruebe una ley de este tipo se va a utilizar mejor el dinero. Para la economista, lo primero que se necesita es redactar una buena ley, que incluya todas las rendijas que representan un gasto para el Gobierno como, por ejemplo, el tema de las pensiones que representa la mitad del déficit fiscal nacional.
Lo segundo es que la ley sea aplicable. “Porque no porque haya una ley de responsabilidad fiscal se va a aprobar todo el endeudamiento”, explicó.
Nada menos la semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó nuevos empréstitos por más de $92.2 millones, un saldo que se suma a la deuda total del país y por la cual cada vez se pagan más intereses.
Según los datos de Hacienda a diciembre de 2014 la deuda total representaba el 57.6% del PIB. —EDH