El Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) exigió ayer a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fije un plazo de tres meses, a los diputados de la Asamblea Legislativa, para que aprueben una tasa de interés de mercado cuando emitan Certificados de Inversión Previsional (CIP) con los que se financian las pensiones del ISSS e INPEP.
Hace unas semanas el abogado de este comité, Enrique Anaya, pidió a la Sala que le impidieran al Gobierno hacer nuevas emisiones de CIP si la Asamblea no aprobaba una tasa de interés que garantizara a los cotizantes de las AFP una rentabilidad razonable por prestarle al Estado.
En sus argumentos, Anaya pedía que el Gobierno dejara de emitir CIP a una tasa del 3 % mientras los legisladores no decidieran una nueva tasa que rondara entre el 6 y el 7 %.
Sin embargo la Sala le respondió, a través de una resolución, que no era procedente impedirle tal cosa al Gobierno pues “acceder a lo solicitado… implicaría impedir por un lado el financiamiento del Sistema Público de Pensiones… lo que generaría el incumplimiento de la deuda previsional… y además, que un porcentaje considerable de los ahorros previsionales de los afiliados a las AFP no sean invertidos durante el periodo de tiempo que la Asamblea no adecue la Ley FOP”, señalaron los magistrados en sus argumentos legales.
Ayer, en un nuevo escrito presentado, Anaya les pidió a los magistrados que si no le impide la emisión de CIP, que al menos le establezca un plazo para que decida con rapidez sobre las tasas de interés, y así los cotizantes dejen de perder dinero en sus cuentas personales. Y si transcurridos los tres meses, la Asamblea no legisla, entonces sí se le impida al Gobierno emitir CIP.
“El incumplimiento de la sentencia dictada por esa Sala profundiza y prolonga de modo totalmente injustificado el grave perjuicio que padecen las trabajadoras y los trabajadores cotizantes del Sistema de Ahorro para Pensiones”, expone el jurídico.
De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) los cotizantes de las AFP han perdido más de $1,000 millones en rentabilidad debido al bajo interés que el Gobierno les ha pagado por usar su dinero.
Anaya agrega que, “dado el incumplimiento de esta sentencia, los más de $4,615.65 millones invertidos en Certificados de Inversión Previsional, continúan generando una exigua rentabilidad, ¡ni siquiera la tasa del 3 % anual!”.
Según la Ley del Fideicomiso, el Gobierno debe emitir Certificados cada trimestre.
Resolución base
Todo este embrollo se originó desde diciembre de 2014, cuando los magistrados de la Sala declararon inconstitucionales varios artículos de la Ley de Obligaciones Previsionales y del Sistema de Ahorro para Pensiones en las que se le permitía al Gobierno utilizar el dinero de los cotizantes y pagarles un interés basado en la tasa LIBOR, que no superaba el 1.3 %.
Con estos CIP el Gobierno ha financiado el pago de las pensiones de los jubilados del sistema público desde 2006, tras acabarse las reservas que los empleados cotizaron en el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).
De no ser porque se creó este Fideicomiso en 2006, el Gobierno no tendría dinero para pagar las pensiones a los jubilados.
Para el presidente del Comité, esta transacción ha sido un “saqueo” a las cuentas individuales de los cotizantes del sistema privado, cuya pensión depende en gran medida de la rentabilidad que le generen sus fondos.
Anualmente el Estado requiere de $400 millones para pagarles a los jubilados del sistema público, derogado en 1998. El Estado toma dinero de las cotizaciones de los ahorrantes del sistema privado para pagar pensiones a jubilados del sistema anterior, pagando una tasa de interés que no supera el 1.3 %.
La resolución, sin embargo, lanzó la responsabilidad de fijar una nueva tasa de interés de mercado a los diputados de la Asamblea Legislativa.
De esa resolución ya han pasado tres meses y los diputados no han legislado nada al respecto.
La época electoral acaparó toda la atención de los legisladores y a la fecha el tema no está ni siquiera calendarizado en la comisión respectiva a pesar de que ya hay una pieza de correspondencia con una propuesta definida. “La Asamblea bien puede pasar la vida entera sin hacer las reformas”, dijo el abogado.
Mientras tanto, el Gobierno ya hizo una primera emisión de CIP de $111 millones por las que solo pagará el 3 %.
Esa tasa de interés fue decidida en reunión del Consejo Administrativo del Fideicomiso, a cargo del Banco de Desarrollo (Bandesal) en diciembre de 2014, ante el inminente pago de pensiones del primer trimestre de 2015.
Este periódico solicitó formalmente, a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de Bandesal el acuerdo del Consejo para conocer la base técnica del 3 % para los CIP, pero la institución respondió que esa información tenía carácter “confidencial”.
De acuerdo con Anaya esta no sería la primera vez que se les emplaza a los diputados a aprobar una ley pues en ocasiones anteriores se les ha impuesto plazos de meses y años para aprobar decretos por considerarse de interés para los salvadoreños. “Desconocemos por qué no lo ha hecho en esta ocasión”, dijo el abogado.
“La sentencia de esta Sala no ha sido ejecutada ni cumplida”, agregó Anaya. A su vez recordó que hasta la fecha no existe ninguna norma jurídica ni directa ni por referencia de cuál es la tasa de interés que devengarán los CIP.
En la Asamblea hay buenas intenciones para legislar al respecto: la mayoría de los partidos políticos, a excepción del FMLN, ya aseguraron a El Diario de Hoy que están a favor de que el Gobierno pague una tasa de interés arriba del 7 % a los cotizantes por prestarle dinero al Gobierno.
Solo los diputados del FMLN se han negado a avalar la propuesta que presentó Comtradefop a inicios de año, aduciendo que esa bancada presentará su propia propuesta, basada en datos del Banco Central de Reserva. Paralela a esta discusión está el debate sobre una reforma tributaria general en la que se mencionan posibilidades como la de revertir el sistema actual, aprobar un sistema mixto que combine el esquema público y privado o mejorar el sistema actual, con reformas paramétricas, como elevar los años de jubilación o de cotización.