La legislatura electa este domingo asumirá en mayo con una serie de retos que giran alrededor de un objetivo común de gobierno: trabajar en las medidas legales que contribuyan a reactivar el crecimiento económico del país y a dar certeza jurídica a los inversionistas nacionales e internacionales.
Los diputados salientes dejan un período de tres años en los cuales el sector productivo y los ciudadanos que los eligieron hubieran esperado iniciativas que paliaran la pobreza, el desempleo y la depresión económica.
Por el contrario, el último período concluyó con una serie de precedentes negativos en los cuales el Órgano Legislativo encabezó intrusiones en el Órgano Judicial que únicamente contribuyeron a quebrantar la seguridad jurídica y a deprimir la inversión extranjera directa y local.
Para el cierre de 2014, el índice del Volumen de la Actividad Económica (IVAE) del Salvador llegó a niveles de nulo crecimiento y apenas se movió en noviembre con un 0.33 %. Un año antes, en el mismo mes, alcanzó un 1.19 %.
La economía solo creció 2.05 %, los niveles de empleo bajaron de 5.9 % a 1.4 %, la confianza del consumidor también se deprimió al pasar de 133.4 a 90.4, el poder de compra se redujo en 8.7 % y el flujo de la inversión extranjera directa fue 49.6 % menor que el de 2013, según Fusades.
¿Qué responsabilidad tienen en estos resultados los diputados? Mucha, aunque no absoluta.
Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la ANEP, lo resume de la siguiente forma:
“La nueva legislatura debe entender que sus decisiones afectan a empresas y ciudadanos. Una muestra clara de que no se han tomado buenas decisiones, incluyendo en el Legislativo, es que la economía no crece o que lo hace menos de 2 % y no puede ser que sea resultado de factores externos, sino de que persisten reglas inciertas, sobre todo porque el discurso de los funcionarios públicos y diputados es hablar de empleos, pero las decisiones que toman provocan lo contrario”.
Precisamente, 60 diputados de la legislatura saliente (de los 84) votaron a favor de que el 45 % de los fondos de pensión (que en total son $8,000 millones) sean invertidos en los certificados que el gobierno vende para financiar las jubilaciones públicas, a cambio de una tasa de interés de 1.3 %.
Esta reforma no solo afecta a los ciudadanos, sino a los mismos diputados, ya que todos dejan de percibir más dinero y tienen menos probabilidades de optar por una pensión digna. Los fondos de pensión pierden $200 millones anuales.
Expansión le consultó a Luz María Serpas de Portillo, gerente de sección financiera del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades, ¿cree usted que a los diputados les gustaría que sus pensiones sean menores? La analista contestó: “(…) a nadie le gustaría ver disminuida su pensión”.
Reiteró que cualquier reforma que se proponga en el sistema de pensiones debe proteger las cuentas personales de ahorro de los cotizantes de las AFP.
“Son más de 8 mil millones de dólares que pertenecen a los cotizantes”, enfatizó.
Las reformas a la ley de pensiones son parte de una serie de marcos legales que la nueva legislatura hereda como parte de los retos para levantar la economía del país.
Entre las principales leyes se encuentran la Ley de Transparencia Fiscal, la modernización de las aduanas, la Ley de Aguas, la Ley de Firma Electrónica, la Ley de Procedimientos Administrativos y la creación del sistema de reforma regulatoria. (Ver contenido en nota anexa).
Álvaro Trigueros, director del departamento de estudios económicos de Fusades, reiteró que una de las tareas principales de los nuevos diputados es ordenar las finanzas del gobierno e introducir la ley de procedimientos administrativos, para que las leyes no obstaculicen la producción, ni las inversiones y aprovechar mejor las oportunidades del Fomilenio II.