“El Presidente de la República no está pensando en una estatización del sistema de pensiones”, con esta frase el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, comprometió a su Gobierno en referencia a la posibilidad de que el Gobierno busque regresar al antiguo sistema previsional, que quebró porque los gastos (pago de pensiones) eran mayores a los ingresos que recibía (cotizaciones).
Durante una entrevista televisiva el funcionario descartó la opción de un esquema público, pero no fue contundente al hablar de las posibilidades que considera el Gobierno para realizar la reforma de pensiones.
La semana anterior, la diputada Lorena Peña expresó, en otra entrevista matutina, que Salvador Sánchez Cerén considera seriamente la posibilidad de crear un sistema mixto, en el cual las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) operen junto a esquemas públicos.
Sin embargo, al ser consultado sobre esa posibilidad Lorenzana solo dijo que esa es una de las opciones que se están considerando. Insistió que la propuesta de reforma debe elaborarse según un consenso de diferentes sectores: Estado, trabajadores, empresarios y académicos, entre otros.
Aún así, fue claro en que es necesario hacer una reforma al sistema previsional. “Debe haber ajustes que aseguren sostenibilidad del sistema. Para el estado salvadoreño son insostenibles esos gastos”, dijo Lorenzana en referencia a las pensiones del sistema antiguo, que el Estado debe de pagar.
Actualmente el Gobierno utiliza los ahorros que los trabajadores tienen en el sistema privado (AFP) para pagar a los jubilados del anterior esquema público. Dicha deuda, con los jubilados del ISSS e INPEP, se calcula en alrededor de $16 mil millones.
Estudio pendiente
Ricardo Perdomo, titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), confirmó ayer las declaraciones de Lorenzana.
De acuerdo con lo expresado por el funcionario, las indicaciones del Presidente de la República y el Secretario Técnico son que la reforma debe buscar la sostenibilidad del sistema. Esta meta, sin embargo, no debe sacrificar el acceso a una pensión digna.
Además, declaró, se buscaría aumentar la cobertura previsional.
El superintendente hizo alusión a un estudio, por un valor de $200,000, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza por petición del Estado para analizar el esquema de pensiones y diseñar una propuesta de reforma.
Perdomo no dejó claro la influencia que esta consultoría tendrá en la reforma, pues hay otros diagnósticos ya realizados. “La consultoría comenzaría a mediados del año. No, no se va a esperar (que este lista en 2016). Nosotros ya tenemos listo el estudio de los diferentes escenarios. Se va a presentar cuando el Presidente nos lo pida”, comentó.
Este sería un nuevo análisis del sistema de pensiones, el cual se sumaría a otros realizados en los últimos años. Uno de ellos fue realizado por técnicos de instituciones gubernamentales durante la administración Funes; el cual plantea tres escenarios posibles: regreso a un sistema de reparto, un sistema mixto o algunas reformas a los parámetros del sistema actual.