La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) criticó que fue un “precedente negativo en el país” el reciente conflicto entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) y la empresa italiana, Enel.
El informe destaca que, mientras duró la disputa, el incremento de la generación por geotermia ha sido “prácticamente nulo”.
La situación conflictiva entre el Estado y la empresa italiana afectó de “forma negativa la imagen y el clima de negocios de El Salvador”.
Ante lo cual advierten que, ahora que se alcanzó un Acuerdo Marco entre ambas partes, el país se ve bajo el reto de recuperar la confianza que se fue perdiendo durante dicho conflicto.
Fusades añadió que es una necesidad para el país mandar señales de que en El Salvador se “respetan las reglas del juego y que los conflictos se resuelven conforme a derecho”.
Adicional a esto, a lo largo del conflicto, el Estado se dedicó a trasladar la discusión al campo penal, bajo acusaciones judiciales a los exfuncionarios involucrados en la política energética y a “promover una campaña mediática en contra de Enel, como excusa para no cumplir los laudos arbitrales”.
La Fundación recomienda que se debe establecer una política de promoción de inversiones que garantice un clima de negocios estable y seguro para invertir.
Asimismo, consideran que se necesita una “firme convicción y concientización en el país de que todas las acciones que se toman siempre tendrán una consecuencia”.
Es por eso que es importante que el Estado ofrezca seguridad jurídica por medio de acciones, leyes, sentencias y políticas públicas.
Finalizados los seis años que duró el litigio, entre ambas entidades, se percibieron secuelas que han venido a afectar el clima de negocios, así como también la capacidad de presentar el país a nivel internacional como un lugar atractivo y confiable para invertir.
Una de las principales consecuencias que destaca Fusades es “la falta de voluntad del Gobierno para cumplir los laudos arbitrales, minó la confianza para invertir”.
En este punto explican que el “incumplimiento de un laudo arbitral en un país va en contra de la política de promoción de inversiones”. Esto afecta y deteriora la confianza de los inversionistas en el Estado.
Por otra parte, la “politización del conflicto entre El Salvador y el inversionista dejó una huella negativa en la comunidad internacional”. Aquí, explican, es en donde se genera la desconfianza en la comunidad internacional, afectando de manera negativa y perdurable la reputación del país.
Como tercera consecuencia reitera que esto ha dificultado “la posibilidad de invitar a un nuevo socio estratégico de clase mundial”.
Reitera que sólo al cumplir y honrar los compromisos adquiridos se podrá garantizar la seguridad jurídica y “dotar de fuerza al sistema democrático y el Estado de derecho del país.
Para Fusades es un reto más difícil el reconstruir la confianza que tratar de mantenerla. Haber incumplido el acuerdo de accionistas y haberse negado a acatar los laudos arbitrales causaron que el Gobierno cerrara “las puertas” para invitar a nuevos socios para proyectos estratégicos como la generación de energía geotérmica.
El conflicto también causó que se perdieran seis años para invertir en geotermia. Aunque se logró la firma de un acuerdo de adquisición de las acciones en manos de Enel, esto “no es lo que al país más le convenía”, según indicó Fusades.
Dicho acuerdo podría significa la pérdida de la oportunidad de ampliar la matriz energética con recursos externos sin endeudar al Estado, reducir el costo de la energía eléctrica y mejorar así la competitividad del país.
Finalmente, destaca que se perdieron 415 millones de dólares en inversión extranjera directa en el sector eléctrico. Esta cifra se obtiene al sumar los 127.4 millones de dólares que Enel deseaba invertir a condición que se capitalizara en acciones, los cuales ya no se permitió que invirtiera, y 287.6 millones de dólares que LaGeo pagó a Enel el 12 de diciembre de 2014.
Esta pérdida es contraria a los esfuerzos para crear empleos y es que diversos análisis internacionales dictan que El Salvador es el país que menos inversión extranjera directa recibe en Centroamérica desde 2010.