El comité de trabajadores que ganó la demanda de inconstitucionalidad, con la que se eliminan los bajos intereses para las fondos de pensiones, ha solicitado nuevamente a la Sala de lo Constitucional que le impida al Estado emitir y/o colocar Certificados de Inversión Previsional (CIP) o de Traspaso (CT) mientras estos no devenguen una tasa de interés de mercado.
Lo anterior significa que Hacienda debería pagar entre 5 y 7 % por los títulos que absorban las AFP.
Según la resolución emitida por la Sala el 23 de diciembre de 2014, debe ser la Asamblea Legislativa quien modifique la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) para garantizar una inversión de los fondos en condiciones favorables.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, confirmó la semana pasada que ya se emitieron $111 millones a una tasa del 3 % para pagar las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP en los próximos tres meses.
La Asociación Salvadoreña de Administradora de Fondos de Pensiones (Asafondos) informó que la semana pasada se hizo una primera transacción de $38.3 millones y que la decisión de pagar una tasa de 3% fue tomada por el Consejo del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Según el artículo 9 de la Ley del FOP, el Consejo Administrativo que aprueba todas las emisiones está integrado por el Ministro de Hacienda, el director del ISSS, el presidente del INPEP y el presidente de Bandesal (anterior BMI).
Hasta antes de esa resolución la tasa de interés que el Estado pagaba por usar los fondos de pensiones se basaba en la Tasa Libor+0.75, con lo cual los cotizantes de las AFP apenas recibían el 1.3 % de interés por prestar sus fondos al Gobierno.
Ricardo Soriano, presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Contradefop), denunció ayer que pese a que tanto el Gobierno como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) conocen y fueron notificadas de la resolución de la Sala, decidieron emitir y comprar los Certificados a una tasa que no corresponde con la que se les paga al resto de inversionistas a nivel internacional.
Solo en la emisión de los eurobonos emitidos en los últimos años la tasa de interés que paga el Gobierno a inversionistas extranjeros ronda entre el 5 y 7 % , por lo que Soriano cree que una tasa de 3 % todavía sigue siendo muy baja para lo que el Estado realmente debe pagar.
Además, el escrito presentado por el abogado del Comité sostiene que si la Sala ha declarado inconstitucional el artículo “el FOP está legalmente impedido de emitir CIP. El FOP no puede emitir ni colocar ni certificados para el pago de obligaciones previsionales derivadas del Sistema Público de Pensiones, pues no existe regla legal sobre la tasa de interés a devengar por los CIP”, indica el documento.
Soriano adelantó ayer que ya están en pláticas con algunos diputados en la Asamblea Legislativa para que les ayuden a dar iniciativa de ley a una solicitud con la que se aclararían estos vacíos que ha dejado la resolución de la Sala.
También adelantó que podrían solicitar una investigación a la Fiscalía General de la República para que indague por qué se han emitido Certificados al margen de un decreto legislativo y que aclare cuál debe ser la tasa a pagar.
Soriano espera que no haya sido una presión de parte del Gobierno. Asafondos, sin embargo, no notificó que se le haya impuesto la compra de los Certificados.
“La tasa óptima que deberían devengar estas inversiones es una tasa de mercado, entendiéndose por tal, aquélla que sea ser similar a la de las emisiones de deuda realizadas por el Estado de El Salvador en mercados internacionales, bajo condiciones similares de plazo, para lo cual se puede tomar de referencia la curva de rendimientos de dichos instrumentos”, respondió la institución cuando se le cuestionó sobre la emisión.
Denuncian que Estado toma más del 45%
Otro de los puntos que el Comité de Trabajadores exige a la Sala es que inhiba a las AFP de invertir o adquirir certificados de inversión emitidos por el FOP.
En su resolución los magistrados de la Sala explicaron que no era inconstitucional que el Estado tomara el 45% de los fondos de pensiones porque, a su juicio, esto garantiza la continuidad del financiamiento para las pensiones del ISSS e INPEP, que ya no tienen reservas propias.
No obstante, Soriano asegura que esta disposición legal, modificada en 2006 por el Gobierno de Mauricio Funes, no se cumple como tal, pues el Estado hace una serie de maniobras entre los CIP-A y los CIP-B y Certificados de Traspaso CT para elevar esta cantidad.
El escrito presentado por el Comité indica que a noviembre de 2014 el monto acumulado de inversión en Certificados emitidos por el FOP alcanzó el 57.23 %.
Pero dicha cantidad se incrementó hasta llegar al 83 %, pues además de los certificados obligatorios, también hay otros instrumentos financieros del Estado, como los fondos de titularización, que aunque pagan más intereses, también siguen siendo una deuda del Gobierno.
La Sala emitió la resolución de pensiones en momentos en que se vislumbra una inminente reforma a las pensiones, aunque aún no se definen las alternativas para modificarlo.
Hasta hoy lo que se tiene es un diagnóstico elaborado por el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Ministerio de Hacienda, que plantean tres escenarios posibles para reformar el sistema.
Uno de ellos es la reversión del sistema privado a uno público, en el que sea el Estado el encargado de administrar las cotizaciones de los trabajadores. Contradefop rechaza un cambio total del sistema y más bien se decanta porque se mejore el actual sistema.
Por otro lado el Gobierno ha pedido al Banco Mundial su asesoría técnica para que desarrolle un diagnóstico que les indique si es viable un sistema mixto, que combine el sistema público y el privado.
Al respecto el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pidió paciencia sobre el tema, pues aseguró que cualquiera que sea el cambio que se haga al sistema tendrá que ser discutido con todos los involucrados en el tema.
El Comité de trabajadores espera que las reformas al sistema ayuden a los empleados a tener una mayor rentabilidad que les garantice mejores pensiones cuando tengan que jubilarse.