NUEVA YORK/BUENOS AIRES. La Corte de apelaciones de Nueva York rechazó un pedido de la Argentina para revertir una decisión judicial que requiere que Estados Unidos y varios bancos entreguen información sobre los activos de Buenos Aires en el país, incluyendo equipos militares y propiedades diplomáticas.
Según la agencia Reuters, la segunda corte de circuito de apelaciones de Nueva York mantuvo un decisión de 2013, que obliga a cumplir con citaciones y pedidos de información hechos por tenedores de bonos que demandaron al país para obtener el pago completo de deudas incumplidas en 2002.
Esta resolución se da en momentos en que los “fondos buitre” -o los acreedores- intentan ahora encontrar activos en el exterior que eventualmente puedan estar en relación con casos de corrupción en el entorno del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Su plan: hacerlos congelar por la Justicia para cobrarse lo que reclaman.
El fondo NML solicitó recientemente información a la Justicia de Nevada, Estados Unidos, sobre 123 empresas allí registradas, que, según NML, pertenecen a Lázaro Báez, un íntimo amigo de la familia Kirchner. Esas empresas fueron utilizadas según NML “para lavar US$65 millones provenientes de proyectos de infraestructura a través de Panamá y numerosas empresas pantalla”, según publicación de Deutsche Welle Español.
El juzgado constató que “no existe duda alguna que se trata de 123 empresas como las que usualmente se usan para defraudar”. No obstante, no autorizó la divulgación de más detalles por parte de NML, como el fondo había solicitado, sino que postergó la decisión hasta marzo de 2015.
“Hallamos la punta de un enorme iceberg”, dijo Robert Shapiro, de la American Task Force Argentina, una organización de lobby de NML. Y amenazó: “Este es primer caso en el que solicitamos acceso a información a un juez, pero seguirán más”.
Los “fondos buitre” habían intentado hasta ahora hacer embargar bienes claramente de propiedad del Estado argentino. Por ejemplo la fragata “Libertad”, de la Marina argentina, detenida en Ghana a fines de 2013 y a la que Ghana autorizó zarpar solo cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar así lo dispuso, porque “de conformidad con el derecho internacional, los buques de guerra gozan de inmunidad”. La batalla es trasladada por los acreedores ahora a un nuevo terreno, que puede suponer peligros para empresarios y políticos si las acusaciones resultan ser ciertas.
En 2001, dos fondos hedge compraron en los mercados títulos de deuda soberana de la Argentina, que se encontraba ya en serias dificultades de pago. Entre 15 % y 20 % del valor nominal de los bonos pagaron NML Capital y Aurelius Management a inversionistas que habían caído en pánico.
Los fondos hedge, insisten hasta hoy en que se les pague el total del valor nominal de los bonos, ya que nunca aceptaron la reestructuración de la deuda.
Thomas Griesa, juez EE. UU., les dio la razón en 2003. Los bonos habían sido emitidos con arreglo a las leyes del Estado de Nueva York, ya que de esa forma se pagan menores intereses. Pero Griesa dispuso en 2014 que Argentina no le puede pagar a los tenedores de los bonos reestructurados si no le paga simultáneamente también a los bonistas que no aceptaron el canje. —AGENCIAS