SAN JOSÉ. Casi todos sus profesionales –que no son docentes– reciben de parte del Gobierno de Costa Rica un alto monto extra sobre el salario como una forma de garantía para que no trabajen en otros lugares.
No obstante, el presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, Ottón Solís, y el director general del Servicio Civil, Hernán Rojas, coinciden en que no es necesario pagar ese sobresueldo al 99% de los profesionales, como ocurre hoy.
Con el Gobierno laboran 18,889 profesionales que no son docentes. A los profesionales de la educación no se les reconoce este incentivo, según la Dirección General del Servicio Civil. De esos, a 4,751 profesionales se les paga prohibición del ejercicio liberal de la profesión.
El objetivo inicial, explicó el director del Servicio Civil, era evitar que los empleados de la Dirección General de Tributación trabajaran en empresas privadas que esta dependencia fiscalizaba.
Mientras tanto, la dedicación exclusiva se creó por medio de una resolución del Servicio Civil y la reciben 14,058 de los 14,138 profesionales que pueden optar por ella, es decir un 99.4 %.
Según esta resolución, la dedicación, que puede elevar hasta en un 55 % el salario de un funcionario, es un contrato entre el patrono y el trabajador. Rojas explicó que el patrono podría no darla o el servidor no aceptarla.
“El servidor acogido al régimen de dedicación exclusiva, puede renunciar a este (…) y no podrá suscribir un nuevo contrato en un periodo de dos años después de haber presentado su renuncia. Si renunciara por segunda vez, no podrá acogerse más a dicho régimen”, señala la resolución.
Para Solís, la dedicación exclusiva no es un derecho adquirido por lo que el Gobierno, si quiere, puede renegociar los contratos y bajar este gasto.
“Dedicación exclusiva es un contrato que usted establece. Este año me puede interesar a mí que alguien esté en dedicación exclusiva y el año entrante no; no es un contrato eterno”, argumentó.
Solís detalló que en los cambios al presupuesto que aprobó la Comisión de Hacendarios se redujeron ¢89 millones ($164.5 millones) a la partida que incluye la prohibición y la dedicación, lo cual es poco comparado con los ¢125,000 millones ($231.1 millones) presupuestados.
Rojas coincidió con Solís en que no es necesario pagarlo a todos, pero discrepa de que se le pueda quitar a los que ya lo tienen.
“Yo he escrito: hay muchos profesionales a quienes no es necesario retribuir salarialmente la prohibición del ejercicio profesional o la dedicación exclusiva, ya sea porque el mercado está saturado o porque no agrega valor a la institución”, dijo el funcionario. —La Nación de Costa Rica/Expansión