Dicom, ahora conocido como Equifax, brindó declaraciones sobre la decisión de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de rechazar la autorización para operar como buró de crédito y ordenar el cierre de sus operaciones.
Según Juan Carlos Lima, vocero oficial de la empresa, Equifax “está sorprendida” por dicha decisión, tomando en consideración que por 18 años ha sido una empresa que ha operado y se ha mantenido en constante comunicación con la SSF.
De acuerdo con el representante, “el impacto de la orden de la SSF aumenta el riesgo en la totalidad del sistema financiero y de crédito del país”, ya que perjudicaría en gran medida a todos los salvadoreños que utilizan y dependen de créditos para adquirir bienes o financiar negocios.
Sin embargo, se han visto ciertas irregularidades con el proceso que la Superintendencia ha puesto en marcha. El principal problema es que, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se le pidió a Equifax que debía tener copias del permiso o consentimiento que daban las personas para tenerlos en su base de datos, para lo cual se les otorgó un plazo de 10 días; pero la SSF se presentó dos días más tarde para pedir las copias.
El vocero indica que, aunque la Superintendencia estaba en todo su derecho de fiscalizar y revisar los procesos, el tiempo era demasiado corto para obtener la información necesaria.
Por otra parte, cuando en el 2011 entró en vigencia la Ley de Historial Crediticio, se les pidió a los burós de crédito pasar por un proceso de inscripción con la SSF. Lima explica que Equifax presentó la solicitud entre 60 y 90 días después de que entrara en vigencia la legislación (la cual estipulaba que las empresas tenían seis meses para inscribirse después de su vigencia).
Desde ese momento, la SSF no otorgó respuesta ante la solicitud de inscripción de ningún buró de crédito. Entre esa fecha y el 24 de octubre de este año, en que la SSF no aprobó su solicitud han transcurrido 956 días; es decir, el proceso de inscripción de Equifax ante la SSF tardó más de dos años en ejecutarse.
Para la firma, esto ha sido “una sorpresa”, puesto que a lo largo de ese tiempo han estado en constante comunicación con la institución. Lo curioso es que durante este período, la institución no ha pedido que la compañía modifique productos, información o sistemas, y solo se han enfocado en “temas simples y contractuales”.
Admiten que la última nota que recibieron con respecto a su solicitud detalla que la empresa debe “verificar la ortografía” de sus contratos. A lo que menciona que en la tramitología hay “problemas de forma y no de fondo”.
Lima confirma que con el cierre de la empresa se dejará de actualizar la base de datos y de generar reportes crediticios, cerrará sus centros de aclaración y dejarán de responder a correos electrónicos o llamadas telefónicas en relación a sus servicios.