El representante de la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (Indata) y demandante contra DICOM, Boris Solórzano, explicó ayer que las instituciones no deben presionar a los clientes para que autoricen compartir sus datos personales a cambio de autorizarles sus préstamos o entrega de bienes.
“No deben de incluir en sus contratos la autorización de los clientes para compartir sus datos, deben poner una cláusula aparte”, razonó Solórzano.
El profesional lamentó la poca supervisión que ha tenido la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en regular el funcionamiento y la legalidad de la empresa Equifax de Centroamérica, conocida como DICOM.
“La SSF debe supervisar de inmediato que no se den ilegalidades en los contratos y la operatividad de DICOM. La Sala Constitucional le ha hecho la plana a la SSF en ordenarle que sea vigilante de las mencionadas irregularidades. El superintendente, Ricardo Perdomo, debe rodearse de personas que conozcan del tema “, señaló el representante de Indata.
El profesional sostuvo que por ahora esperarán que la Superintendencia haga su trabajo de supervisar que DICOM empiece a depurar las bases de datos y agilice su legalidad en un tiempo prudencial.
De lo contrario, el profesional no descartó que más adelante, si no se cumple lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, se recurra a las instancias judiciales correspondientes para garantizar que se haga lo que el máximo tribunal constitucional ha ordenado.
“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no le puede decir palabra por palabra a la Superintendencia del Sistema Financiero sobre cómo debe hacer para regular a DICOM, ellos son expertos en eso y es su obligación hacerlo”, razonó Solórzano.