El Gobierno sumó $2.7 millones diarios a la deuda total del país, entre junio y agosto pasado, y solo en septiembre adquirió $4.8 millones al día a través de Letras del Tesoro (Letes), según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el BCR, en junio de este año, cuando inició el mandato del presidente Salvador Sánchez Cerén, la deuda total del país era de $15,093.5 millones, pero a agosto, la cifra ya subió a $15,341.0 millones, lo que hace una diferencia de $247.5 millones de deuda.
Al dividir esta última cifra entre los tres meses el dato indica que, en esos tres meses, la deuda fue de $82.5 millones, que divididos por día dan un promedio de $2.7 millones.
Y solo en septiembre pasado el Gobierno emitió nuevas Letras del Tesoro, que representaron un endeudamiento diario de $4.8 millones.
De acuerdo con la Bolsa de Valores de El Salvador, el Ministerio de Hacienda hizo en septiembre cuatro emisiones de Letes que sumaron un total de $144.1 millones, a pesar de haber pagado $857.2 millones que el Gobierno consiguió a través de bonos a más largo plazo.
El Gobierno “limpió” la mayor parte de su deuda de corto plazo, pero antes de haberla pagado por completo ya estaba emitiendo más para tener dinero disponible.
Si se estima que el Producto Interno Bruto de 2014 será de $26,376.1 millones, eso significa que la deuda que acumula hasta hoy ya supera los $15,000 millones, lo que representa un 58 % del PIB. Eso equivale a que más de la mitad de todo lo que produce el país en un año estaría en manos de los acreedores.
El dato es preocupante para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), sobre todo de cara a una nueva aprobación del presupuesto 2015 que, según sus números, tiene un déficit de $1,200 millones que tendrían que financiarse, nuevamente, con más deuda.
Jorge Daboub, presidente de esta gremial empresarial, dijo que el país tiene serios problemas fiscales que necesitan de un cambio en el manejo de esos fondos públicos.
“Ahora vamos más rápido porque nos estamos endeudando 3.3 millones diarios”, dijo el empresario.
Daboub agregó que datos que el Gobierno considera positivos, como el desembolso de $277 millones de Estados Unidos a través de un segundo Fomilenio, tratan de opacar una realidad preocupante.
“Lo que Estados Unidos nos va a dar en tres años, es lo que ellos (el gobierno) gastan en tres meses”, dijo Daboub.
El dato también preocupa a la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) que, tras hacer su análisis sobre los ingresos y gastos que el gobierno ha presupuestado en los últimos años, ha determinado que el Gobierno siempre termina recurriendo a préstamos para terminar el año.
$70 millones más
Un resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria de gastos, actualizado hasta agosto de este año, indica que al presupuesto de este año, que inicialmente era de $4,679.5 millones, se le han sumado $70 millones más a lo largo del año y que, en su mayoría, son préstamos externos y donaciones.
Solo en préstamos, el Gobierno introdujo siete modificaciones al presupuesto para incluir $42.6 millones con los que se logró financiar programas sociales como la pensión básica universal, la entrega de dinero para las comunidades solidarias urbanas e incluso para el programa de agricultura familiar, que se supone, ya deberían estar incluidos en el presupuesto general de la nación por ser gastos que el Gobierno conoce de antemano.
En su análisis sobre el presupuesto del 2015, la ANEP ha considerado, incluso, presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, pues consideran que el Gobierno “engaña” a los electores al hacerles creer que van a gastar X cantidad cuando la cifra es mayor.
Waldo Jiménez, director de Asuntos Legales de la ANEP, considera esta falta de transparencia como “un fraude a la Constitución de la República”, que pide al Gobierno un equilibrio en el plan de gastos.
Cada año, dijo Jiménez, el país crea un déficit de casi $1,000 millones, que sumado en los últimos cinco años es similar a la deuda que el Gobierno ha adquirido para saldar sus gastos.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que el presupuesto está balanceado pues los ingresos y los gastos son iguales, pero Daboub le refuta ese planteamiento al decir que el plan de gastos “sale cabal” porque Hacienda no ha incluido otros gastos que añade en el camino.
Al respecto, Funde mostró que este año el Gobierno solo presupuestó $14.4 millones en devoluciones de impuestos (renta y devolución de IVA a empresarios), pero su estimado indica que terminará regresando $210.7 millones.
Lo mismo ha ocurrido con los subsidios de gas licuado de petróleo, transporte público y energía eléctrica.
De acuerdo con datos de este tanque de pensamiento, el Gobierno gastará este año un total de $335.2 millones en ayudas estatales, pero solo programó un gasto de $230.8 millones, por lo que la diferencia tendría que financiarse con préstamos.
Los desbalances financieros se suman a una baja recaudación de los impuestos, que están relacionados a un pobre crecimiento económico.
De acuerdo con los datos a septiembre de este año, el Gobierno ha recaudado 3,177.5 millones en ingresos tributarios, una cifra $218.4 millones menor a la que habían proyectado en el presupuesto de este año.
Para compensarlo, el Estado tuvo que implementar este año una nueva reforma tributaria con la que se impuso un impuesto a las transacciones financieras.
El Gobierno esperaba recaudar $200 millones con este nuevo tributo pero, al aplicarlo hasta septiembre, solo lograrán una recaudación de al menos $15 millones, declaró recientemente el viceministro de Ingresos de Hacienda, Alejandro Rivera.
Como el dinero de este impuesto fue menor al esperado, el Gobierno también emprendió una “amnistía fiscal”, con la que exoneró de multas e intereses a empresarios que tenían deudas con el fisco.
La medida, según Rivera, ha logrado otros $10 millones en recaudación en tan solo un mes.
No obstante, economistas como Luis Membreño señalan que las necesidades del gobierno son tantas y tan altas, que a pesar de medidas como estas, el dinero no alcanzará y se seguirá recurriendo a otras medidas fiscales para tratar de encontrar fondos y sufragar los gastos que el Gobierno está creando.
Las emisión de Letes, así como otras medidas fiscales para tener ingresos, podrían continuar si no se frena el gasto público.
Al respecto, en la Asamblea Legislativa todavía se discute una Ley de Responsabilidad Fiscal, que podría poner orden a las finanzas públicas.
Sin embargo el economista de Funde, Rómmel Rodríguez, asegura que su discusión se dificultará en los próximos meses, pues ya está en marcha una nueva campaña política en la que los partidos políticos estarán más ocupados en ganar votos que en reducir sus gastos.
“Será muy difícil si todos los partidos están tratando de buscar votos”, dijo el economista.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pidió el jueves a la Corte Suprema de Justicia que aplique una mayor austeridad a sus gastos, aunque esta institución tiene ganado por ley un 6 % más en su presupuesto cada año.