Según el artículo 77 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (conocida como la “Ley del IVA”), la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda tiene la obligación de reintegrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un máximo de 30 días al contribuyente que así lo solicite.
La realidad, sin embargo, es que el Gobierno está tardando entre tres y cuatro meses en devolver ese dinero, aseguró ayer la directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar.
“Habrá empresas a las que les deberán miles, pero hay empresas a las que les deben millones de dólares”, anotó.
La devolución del IVA al sector de exportadores es una obligación estatal, porque el artículo 75 de la referida legislación establece que “las exportaciones estarán afectas a una tasa del cero por ciento”.
Dicha devolución sobrepasa los 200 millones de dólares anuales “pero, más o menos, el retraso se mantiene por los $50 millones”, detalló la directora.
Según Cuéllar, la situación representa pérdidas para el sector cuando se trae a cuenta que la ausencia de ese dinero en sus presupuestos de inversión les obliga a acudir a préstamos y, por ende, a pagar intereses innecesarios; o en el peor de los casos, a sacrificar parte de sus ganancias.
“Lo que pasa también es que nos están pagando con Letras del Tesoro (Letes) y las Letras del Tesoro no las podemos hacer efectivas sino hasta dentro de seis meses. Pero si yo no le quiero perder a esa letra, si yo no la quiero negociar a un porcentaje menor, pues son seis meses que yo tengo embancado mi dinero y, entonces, lo que les queda a las empresas es hacer préstamos, y así es como pierden”, razonó la dirigente de Coexport.
Las propuestas
El principal problema, añadió, radica en que el sistema de devolución actual funciona de la siguiente manera: primero, los exportadores deben acudir con documentación y comprobantes en mano a la Dirección de Impuestos Internos para demostrar el gasto en IVA y solicitar el reembolso; y luego deben esperar a que el Estado haga las verificaciones respectivas.
Una de las propuestas de Coexport, indicó Cuéllar, es “una autoliquidación”, una especie de compensación.
Según explicó, el sistema debería funcionar mediante una fianza, para agilizar el proceso: “Si hay empresarios que están siempre, siempre, solicitándoles eso, a quienes ya les mandan inspecciones y los auditan, pues que se vayan por la línea verde con ellos, que no les estén pidiendo tanto, sino que les digan: ‘Pase para adelante’. Y que les pidan una fianza; y que si en algún momento encuentran algo que no estuvo bien, pues que se los deduzcan de la fianza”.
Por otra parte, la Corporación también propuso al Gobierno que incluya dentro del Presupuesto General de la Nación una partida de 50 millones de dólares para erradicar este problema.
“El Ministerio de Hacienda ya la recibió (esta propuesta) y dijo que le parecía interesante (…). Estamos viendo buena disposición (del Gobierno) y yo sí lo quiero decir y recalcar. Se están tomando el trabajo y tomando en cuenta las iniciativas”, expresó.