El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, señaló que el gobierno no está en capacidad de darle $36 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para desarrollar las elecciones municipales y legislativas de 2015.
“Ellos tienen que racionalizar, nosotros ya tenemos el presupuesto y lo vamos a someter ante la Asamblea para que nos aprueben presupuesto extraordinario y creemos que va a ser suficiente”, señaló Cáceres en una entrevista matutina en TCS.
Solicitó “paciencia” al presidente y a los magistrados del TSE, y que se ajusten al presupuesto que el Ministerio de Hacienda propondrá ante la Asamblea Legislativa, a pesar de que las elecciones se realizarán en menos de seis meses.
Deben $80 millones a proveedores
Cáceres, además, reconoció que el Estado adeuda $40 millones en bienes y servicios a proveedores, más $40 millones en cuentas corrientes, aquí están incluidos pagos a proveedores por parte de los ministerios de Salud, Educación y otros.
“La situación de este año ha sido complicada porque hemos visto reducir los ingresos fiscales en $180 millones y hemos recurrido a endeudamiento de corto plazo”, dijo.
El Ministro reconoció que no han cumplido con las metas de crecimiento económico para el país, de 2.6 % y que según el Banco Central de Reserva, el crecimiento apenas llegará al 2.2 %, lo que hace reducir las metas de recaudación. A pesar de ello, dice el funcionario, el gobierno mantiene sus “compromisos de gasto” y de abanderar supuesta austeridad estatal.
Cáceres argumenta que no se deben más cuentas atrasadas desde mayo y que, en los próximos días, esperan pagarles a los proveedores.
Mientras Cáceres pide “paciencia” y que la deuda se cancelará en los próximos días, Ernesto Vilanova, director presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa (Conapes), señala que el 60 % de los pequeños empresarios que está confeccionando uniformes no ha sido sujeto de pago por parte del Gobierno. Mencionó, además, que muchos de ellos tenían promesa de pago para septiembre, por parte del Ejecutivo, sin embargo el titular de la gremial dice no tener notificación de pago por parte de los pequeños comerciantes.
Vilanova señala que a los proveedores de uniformes y calzado para el Ministerio de Educación se les prometió que se les pagaría de acuerdo a los bonos que el Estado colocara, pero siguen pendientes de cancelación de sus productos.
Los micorempresarios están a la espera de que se les cancele una deuda de entre $12 y $15 mil a cada uno.
“Ese el promedio de contrato por entrega, el compromiso que ellos adquieren y que van siendo renovados de acuerdo a la entrega y el pago (por parte del gobierno)”, comenta el representante de la gremial.
El gobierno se atrasa en los pagos, pero los proveedores no pueden atrasarse en las entregas, porque se convierten en sujetos de multa, adquiriendo el compromiso de cancelar 1 % sobre el monto de entrega pactado.
Agobiados por créditos
Muchos de los productores han recurrido a créditos para contar con capital de trabajo y producción y ante la tardanza de los pagos, han caído en mora con las financieras, señala Vilanova.
“Están pagando intereses y hoy, con la aplicación del impuesto a las transacciones bancarias, se les va a encarecer más todavía el valor de sus productos, porque toda transacción será tasada”, dijo Vilanova.
Ante la falta de pagos han tenido que despedir a sus colaboradores y algunos se han visto obligados a cerrar sus talleres.