El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén cumple 100 días, tiempo en el que la economía solo ha dado signos de continuar estancada como ha ido en el último lustro.
Con medidas como la reciente entrada en vigencia de nuevos impuestos en un momento de bajo crecimiento, empresarios, analistas y agremiados coinciden en algo: estamos lejos de un panorama positivo.
Si bien desde que inició su gestión se ha mantenido un discurso de unidad y diálogo con el sector privado, las acciones realizadas por el Gobierno han sido contradictorias a este mensaje.
En tres meses de operaciones, el Estado impulsó un paquete de reformas fiscales, que obliga a pagar impuesto de 0.25 % por transacciones de $1,000; esto significa que por cada $1,000 que se comercialicen, los ciudadanos deberán pagar $2.50.
Esto trae diversas implicaciones, debido a que afectará a empresas pequeñas y medianas, quienes podrían cerrar sus negocios por el encarecimiento de sus costos gracias al impuesto.
Se aprobó la reforma a ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que recarga 1 % sobre los activos netos de las empresas. Esto generaría que los costos de producción incrementen, obligando a muchas empresas a subir precios en sus productos y servicios; este efecto cascada afectará a la población.
Por otra parte, el Estado ha generado mayor deuda a través de la emisión de Letras del Tesoro (Letes) y Eurobonos, empeorando la situación económica. El incremento de la deuda, que actualmente es de 60 % del Producto Interno Bruto (PIB), es freno para la economía.
La agricultura también ha sufrido un impacto devastador debido a la sequía que vive el país. Sin embargo, no se ha ejecutado un plan de contingencia para solventar la situación. El Gobierno también ha insistido en afirmar que hubo cosecha “récord” de granos básicos, pero representantes de agremiados agrícolas han desmentido estas aseveraciones y las personas deben comprar frijoles a 1.30 la libra (240 % por arriba de precio normal).
Productores, comerciantes y gremiales del sector privado han opinado sobre las acciones del Gobierno para dinamizar la economía. La preocupación de muchos es la competitividad que el país está perdiendo progresivamente.
Para algunos economistas, el panorama económico del país es incierto y consideran que El Salvador continuará al mismo ritmo: con un crecimiento lento y poca dinamización de la economía.
Jóvenes emprendedores también han mostrado su preocupación ante la incertidumbre de la economía. El poco apoyo a la inversión privada y el decrecimiento en exportaciones (-5 %) ha traído perspectivas negativas para futuros empresarios.
Gremiales de pequeños comerciantes y empresarios expresan su temor ante medidas del Estado como la reforma fiscal que podría incrementar la cantidad de negocios informales en el país.
A su vez, el Sector Público todavía no ha pagado a muchos proveedores, llevando a que varios negocios estén al borde de quebrar o, o ya cerraron sus operaciones.