VALLES DEL TUY, VENEZUELA. Cientos de trabajadores de la estadounidense Clorox, en Venezuela, tomaron sus dos plantas en el país, a la espera de una orden del Gobierno que les permita reactivar sus operaciones, paralizadas a principios de esta semana tras un inusual despido telefónico.
Clorox, la multinacional estadounidense fabricante de productos de limpieza, anunció el lunes su retiro de Venezuela y dijo que vendería sus activos en el país tras reconocer considerables pérdidas en 2014, por las restricciones impuestas a través del control de cambios vigente desde hace más de una década.
“Ya hicimos la ocupación temporal de la planta, porque el patrono la abandonó”, dijo ayer Luis Piñango, uno de los casi 300 trabajadores que permanecen, día y noche, dentro de la planta de la firma en Los Valles del Tuy, al sur de Caracas.
En otra planta, en Guacara, en el centro del país petrolero, otros 100 obreros también aguardaban una respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro para tomar la instalación y reiniciar las operaciones.
El último contacto de la firma con sus trabajadores fue a través de un mensaje de texto que recibieron la madrugada del lunes, en el que se les invitaba a participar de una conferencia telefónica.
En ella, la voz grabada del gerente general de Clorox en Venezuela, Óscar Ledezma, les anunció su despido.
“Tenemos experiencia para seguir operando la empresa. La mitad de los trabajadores lleva más de ocho años laborando aquí. Esta es la principal fuente de empleo en el municipio”, agregó Piñango, rodeado de sus compañeros de trabajo.
“No al cierre ilegal. Queremos trabajar”, se leía en pancartas pegadas en los portones de la fábrica.
Reuters intentó comunicarse con Clorox, pero no obtuvo una respuesta inmediata y, hasta ayer, ningún representante de Clorox se había acercado a las instalaciones.
“Ellos huyeron del país. No siguieron los pasos que dicta la legislación venezolana para hacer un cierre”, comentó Piñango. La ley venezolana contempla que se instale una instancia de negociación entre los trabajadores y el empleador supervisada por el Estado cuando está en riesgo la estabilidad laboral. —Reuters