Los bancos aún no están listos para retener el impuesto a las transacciones financieras que aprobó la Asamblea Legislativa a finales de julio y serán, otra vez, los ciudadanos quienes pagarán las consecuencias de la apresurada ley con más retrasos, colas y trabas a la hora de hacer sus transacciones financieras.
La nueva reforma tributaria ordena a los bancos retener dicho impuesto a partir del 1 de septiembre, pero de acuerdo con el presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Armando Arias, “esto es materialmente imposible”, pues para hacerlo se necesitan programas de computación que sistematicen el cobro del 0.25% por transacciones que superen los $1,000 y excluir las exenciones que se han establecido en la ley, como el pago de planillas y otras transacciones.
Arias dijo que para eso necesitan al menos seis meses de preparación y no quince días, que es el margen que les ha dejado el Gobierno para ejecutarlo.
“Cada exención requiere de una particularidad y en la ley han dejado al menos 14. Los bancos requieren de programas, software, papelería y capacitación para aplicar este impuesto”, dijo el representante de los bancos comerciales establecidos en el país.
Al no tener estos sistemas, los bancos tendrán que cobrar los impuestos “de forma manual”.
Eso significa que por cada pago con cheque, tarjeta de crédito o transferencia electrónica que supere los $1,000 o transacciones en efectivo que acumulen $5,000 en el mes, los bancos tendrán que hacer el cálculo de forma manual, lo que requerirá más tiempo para el empleado del banco y para el usuario, que también tendrá que esperar más en la sucursal bancaria.
“Esto definitivamente afectará a los usuarios, porque gastarán más tiempo en los bancos. Y ¿usted se imagina las miles y miles y miles de transacciones bancarias que se hacen todos los días en los bancos?”, manifestó.
Según Arias, el acuerdo inicial cuando se comenzó a discutir el tema era que se les daría a los bancos al menos cuatro meses de preparación para aplicar la medida fiscal.
Pero como la ley fue aprobada con dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa, en un madrugón y a punto de salir de vacaciones agostinas, los bancos ni siquiera conocen a ciencia cierta lo que se aprobó.
“Estamos trabajando a oscuras porque aún no está impreso el Diario Oficial” que publica el decreto de ley.
“Los bancos no saben cuál es el producto final y cuáles son todas las exenciones que deben hacer”, manifestó.
Con la nueva reforma, los bancos son ahora agentes de retención de impuestos que deberán cobrar el dinero y luego trasladarlo al Ministerio de Hacienda.
La preocupación ya los llevó a sentarse de nuevo con funcionarios del MInisterio de Hacienda y con el titular de la Superintendencia del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo.
Pero, según Arias, la respuesta que los funcionarios les han dado por este corto tiempo es que “comiencen con lo que puedan”, una solución que, a juicio de Arias, complica aún más las cosas, pues la ley no les ha dado ni siquiera la posibilidad de hacer los cambios de forma gradual.
“Una aplicación gradual de la ley solo se puede dar si la misma ley lo permite, pero esta no contempla nada de eso”, dijo Arias.
“Nosotros vamos a cumplir la ley, pero lo tendremos que hacer de forma manual”, agregó.
“Esperaríamos que las autoridades se den cuenta de todas estas cosas y puedan hacer una reforma de ley para prorrogar este tiempo”, manifestó el representante bancario.
Arias justificó que los bancos no comenzaron a trabajar desde antes en este tema, pues no sabían lo que se iba a aprobar en el Congreso.
Además “creímos que después de dar todas estas explicaciones sobre las repercusiones a la economía nacional la aprobación iba a ir en el camino opuesto”.
Sin embargo, los diputados los sorprendieron con una ley que ni siquiera los diputados de la comisión de Hacienda conocían totalmente.
Reforma promueve la informalidad
A juicio de Arias, el nuevo impuesto bancario no solo tendrá un efecto cascada en los precios de todos los productos a nivel nacional, sino que, además, promoverá la informalidad, para tratar de eludir el pago de impuestos a través del sistema financiero.
“Si yo le pago $1,200 a Karen por su trabajo y se los doy en cheque, ella tendrá que pagar el impuesto cuando lo lleve al banco, así que seguramente me pedirá que mejor se los pague en efectivo”, puso como ejemplo.
“La gente va a comenzar a hacer todas sus transacciones en efectivo y eso llevará a todos a la informalidad”, manifestó.
Con ello, las metas de recaudación que espera el Ministerio de Hacienda se volverían a la inversa, pues recibiría menos impuestos a medida que haya menos transacciones bancarias.
En México, un impuesto similar a este fue derogado hace unos meses porque no consiguió las metas de recaudación.
También ocurrió lo mismo en Colombia, según comentó Arias.
En El Salvador las autoridades esperan recaudar más de $80 millones.
Pero Arias, quien es abogado de profesión, cree que este nuevo tributo va a generar, incluso, visos de inconstitucionalidad, pues el impuesto “no atiende la capacidad contributiva de la gente”, es decir que no se aplica para quienes tienen más capacidad contributiva. “Se ha querido hacer creer que este es un impuesto a los bancos, pero es para todos los que usan el sistema financiero”, aseguró.
Reformas fiscales
Las reformas tributarias aprobadas la madrugada del 31 de julio se suman a dos reformas que efectuó la administración Funes desde 2010.
La primera de ellas modificó una lista de impuestos específicos que gravó desde bebidas carbonatadas, jugos hasta licores y cigarros.
En 2011 el Gobierno volvió a presentar otra reforma fiscal que aumentó el impuesto sobre la renta para los trabajadores y estableció un nuevo impuesto del 1% sobre los ingresos brutos para las empresas.
Este impuesto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia recientemente porque gravaba ingresos y no ganancias.
Los más afectados con esta reforma fueron las pequeñas y medianas empresas.
Con esta última reforma tributaria, Abansa cree que los perjudicados volverán a ser los pequeños negocios, pues para ellos hacer transferencias bancarias es una actividad diaria. De acuerdo con Arias, muchas de estas pequeñas empresas no podrán asumir este costo y trasladarán este impuesto a todos los ciudadanos que hacen uso del sistema bancario.