El presidente de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), René Roberto López, detalló los planes a mediano plazo para modernizar el Aeropuerto Internacional de Ilopango y la pista El Jagüey (en La Unión), que el presidente de la República prometió ante cientos de empresarios durante el último Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade 2014).
Proyectos que podrían verse afectados ante la acefalía del Consejo Directivo desde hace dos años. López también denunció una serie de irregularidades que encontró a su llegada a la institución.
¿En qué consisten los proyectos en los que la AAC está planificando invertir para modernizar el aeropuerto de Ilopango?
—Queremos dar nuevos servicios. Hemos solicitado un avión de los que están en desuso a Fedex para poderlo utilizar como simulador y en ese simulador vamos a hacer varias prácticas tanto con personal de Mantenimiento como para Bomberos. También vamos a hacer un área de piscina en la que se van a dar las prácticas para los sobrecargos. Vamos a establecer unos hangares para prácticas de mantenimiento. Cuando hablamos de aviación no solo nos referimos a pilotos. A veces tenemos que mandar a personal a capacitarse o a sacar cursos de bomberos hasta México o Colombia y lo que queremos es tener las instalaciones adecuadas para poder brindar también esos servicios.
¿Cuánto ahorrarían?
—Capacitar a un bombero en el extranjero tiene un costo de unos $15 mil. Y eso se puede reducir a una tercera parte.
¿De cuánta inversión estamos hablando para modernización y nuevos servicios?
—Cocesna ha aprobado $4 millones para hacer estas diferentes ampliaciones en las instalaciones. Se tiene previsto estar concluyendo para 2017. Este proyecto se va a hacer con una inversión del Banco Centroamericano; ellos van a poner los fondos, se los van a dar a Cocesna.
¿Y para cuándo estaría lista esta modernización y cuánto dinero costaría en total?
— Cuando fue el Enade, el presidente de la República se comprometió a que iba a operar este aeropuerto, así como la pista de El Jagüey (La Unión). Aquí en Ilopango esperamos que se retome la parte donde está la Fuerza Aérea para que sea esa la zona estéril donde el pasajero pueda hacer la parte de Aduana. La Fuerza Aérea va a tener que desalojar, porque aquí se ha improvisado para hacer área de zarpe, pero la idea es poder utilizar la zona adecuada. Con la capacidad que tendría la nueva área podríamos recibir vuelos desde cualquier parte del mundo. A groso modo se necesitan unos $7 millones.
¿Y cómo van los planes para El Jagüey? ¿Cuánta inversión se necesita?
—El Jagüey está en poder de la Defensa Nacional, pero ya hubo pláticas y ellos van a hacer la donación a CEPA, son unas 160 manzanas que van a pasar a disposición de CEPA para hacer la inversión, pero aún no se tiene un estimado.
¿Cómo encuentra Aviación Civil a su llegada?
—El problema más grande es que, hasta la fecha, aún no se cuenta con el Consejo Directivo de la Autoridad de Aviación Civil. Esto quedó acéfalo desde el 31 de agosto de 2012, y lo que ha evitado es que se puedan tomar algunas decisiones referentes a la Ley Orgánica, que data desde 2001, y del reglamento, que también está desfasado. Encontré que el reglamento no estaba autorizado: lo firmó el entonces presidente de la Aviación Civil y no hizo el procedimiento de Ley de mandarlo a Casa Presidencial para que lo firmara el presidente Flores. Es decir, no tenía validez.
¿Por qué no han elegido al Consejo Directivo?
—Ya nombraron a los que representan Relaciones Exteriores, al titular y al suplente y estamos en proceso para nombrar a los que representan a universidades, empresa privada, que son dos titulares y dos suplentes. El presidente de la República ya firmó un reglamento exprés en donde se establece cómo debe estar constituido el Consejo Directivo y ya está firmado también por el MOP y ya se mandó al Diario Oficial para su publicación.
¿Qué cambios?
—Por ejemplo, en la actual Ley, el jefe máximo para investigar cualquier accidente aéreo es el director ejecutivo de la AAC y yo creo que ante un accidente de una aerolínea internacional nos quedamos cortos. El año pasado en Cocesna se aprobó nombrar un comité y está constituido por personal técnico de los países que conformamos Cocesna y quien dirigiría esta investigación sería ACSA, la Agencia Centroamericana de Seguridad Aérea con sede en Costa Rica.
¿Encontró situaciones anómalas en la AAC?
—La hora de entrada de algunos empleados lo hacían un poco relajado. Debían entrar de 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde y aparecían a las 9:30 de la mañana. Y pues, por respeto a los usuarios les pedí que estuvieran todos a las 8:00 de la mañana y así se ha implementado y la institución está trabajando y caminando en mejor forma.
¿Todo el personal?
—No, más que todo las subdirecciones, porque empleados de cargos menores si estaban a las 8:00. Estamos hablando de buenos cargos con buenos salarios (cerca de $4,500). No podemos estar gastando fondos en alguien que no trabaja. Con respecto al área donde estamos en la pista, se estaban dando varios problemas con las escuelas de aviación: han tenido por años una deuda con CEPA. Y se estaba dando que hacían actividades sociales, ingerían bebidas alcohólicas y posteriormente hacían carreras automovilísticas de cuartos de milla en las pistas y la Policía no tenía la autorización –para impedirlas–, porque no existía manual de seguridad. Los operadores, es decir, las escuelas decían que no existía ese mandato y que por eso no les podían hacer nada.
¿En concepto de qué adeudan a CEPA?
—Esto es por el arrendamiento de los lugares donde funcionan los diferentes hangares. Allí también se estaban dando otras situaciones. Los hangares fueron hechos para guardar los aviones, pero se estaba dando que habían construido habitaciones o cuartos dentro de los hangares y los daban en arrendamiento, como si esto fuera hospedaje. Y no era de gratis: percibían dinero y a CEPA no le cancelaban nada. Hace unos días tuve una reunión con el presidente de CEPA, el ingeniero (Raúl) Vanegas para que se cumpla lo normado, que se pongan al día, que cancelen. Le deben al Estado.
¿Cuánto adeudan?
—Es por metro cuadrado, pero el costo no se lo podría decir, porque son tan risibles que todavía están en colones, ni siquiera han sido trasladados a dólares. El pago es mensual y llevan años sin pagar. No le podría decir cómo va ya el proceso de cancelación, pero en esa dirección vamos.
¿Y qué pasa si no cancelan?
—Lo que procede es retirarles el permiso para que puedan operar como escuela.
¿Cómo están las finanzas de la Autoridad de Aviación Civil?
—La AAC es una autónoma y por lo tanto tienen que generar sus propios fondos, porque dinero del Estado no recibe; lo que recibe es parte de lo que los usuarios dejan cuando transitan por el aeropuerto, así como los operadores cuando ocupan las pistas. De las escuelas es poco lo que se recibe. Lo que generamos con las licencias o permisos de operación.
¿Cuánto es el presupuesto anual? ¿Es suficiente?
—Unos $2 millones y medio. El problema que se estaba dando es que algunos servicios no han estado cobrándose; se están brindando sin ningún ingreso para la AAC, como exámenes para licencias de pilotos: los evaluadores eran externos a la AAC y los jóvenes pagaban a la AAC, pero luego el instructor privado pasaba a recoger esa cantidad. Pero la empleada que cobraba es empleada de la AAC. Lo que se está haciendo ahora es que los evaluadores sean de la AAC para que el dinero quede acá. Con ello podríamos subir a $3.5 millones el presupuesto.