La primera audiencia para debatir la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Enel Green Power en el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones, Ciadi, del Banco Mundial, se realizó ayer en una larga jornada donde las partes pusieron todo su arsenal para desarticular con argumentos legales al contrincante.
De entrada, el Fiscal General de El Salvador, Luis Martínez, en su argumentación ante los jueces, rechazó la petición de medidas cautelares que ha solicitado la italiana Enel al tribunal para proteger sus inversiones en El Salvador. Más tarde, en otras intervenciones el Fiscal pidió al tribunal que se difunda la lista de socios salvadoreños de Enel para clarificar el panorama.
Los debates iban por momentos de la cordialidad a la tensión, de las frases aguijoneantes a los reclamos directos.
La representación de El Salvador alegó que los intereses de Enel quieren interponerse al derecho de El Salvador de proceder contra la corrupción, ante el argumento de Enel Green Power de que las autoridades salvadoreñas utilizan toda la fuerza del Estado contra la compañía, lo cual compara con hechos que buscan generar “terror”.
“Aterrorizado estoy yo de ver los resultados de las investigaciones”, declaró el Fiscal Martínez, al tomar la palabra y declarar que está comprometido en la lucha contra la corrupción. Afirmó que involucrados intentaron enajenar bienes con fecha atrasada.
Según dijo, los fiscales encontraron documentos de supuestos pagos de Enel a exfuncionarios de CEL y que ha habido otros arreglos bajo la mesa. Esto último generó la reacción de la contraparte, que alegó que se estaba introduciendo un documento a última hora y sorpresivamente, ante lo cual Martínez aclaro que solo mencionaba el punto de pasada y sin dar más detalles, pues forma parte de las evidencias que tiene la Fiscalía.
Enel insiste en que se respete el laudo anterior dado por la Cámara de Comercio Internacional de París, Francia, y se tomen las medidas cautelares que pide. Pero Martínez advirtió que esas medidas significan afectar el derecho de El Salvador de buscar y ejercer la justicia.
Afirmó que los imputados están en libertad bajo la orden de un tribunal y los documentos incautados están a la disposición de la contraparte, además se desligó de que como estado se esté intimidando a testigos.
La demanda de Enel y la solicitud de medidas cautelares se centra en pedir al Ciadi que le proteja por lo que ellos consideran “terrorismo judicial”, que ha llevado al embargo de cerca de $2 mil millones, como parte del proceso judicial que está en curso, donde el Ministerio Público alega que hubo fraude en la concesión para que la compañía italiana invirtiera en el país para la generación de energía geotérmica con los campos termales de Berlín, Usulután y Ahuachapán.
El matiz político
Este proceso salpicado de matices políticos se agudizó el año pasado, justo en plena campaña electoral para la Presidencia de la República, el exjefe de estado desató toda su artillería contra el consorcio italiano, y la administración presidencial que adjudicó los procesos de privatización de servicios del estado, a principios de la década pasada.
Pero Enel se replegó en esta primera audiencia que sus reclamos solo pretenden que se respete el contrato firmado en 2002, cuando se la invitó a invertir en el país, la compañía aduce, y un arbitraje realizado por la Cámara de Comercio Internacional de París, Francia, en un laudo de 2011 y una apelación cuya sentencia surtió a principios de 2013 le da la razón, pero El Salvador no ha querido cumplirlo, intencionalmente desde 2007.
A la salida de la audiencia, alrededor de las 6:30 p.m., en Washington, el Fiscal Martínez dijo que El Salvador había demostrado una defensa sólida y que sentían buena recepción de parte de los jueces a sus argumentos.
“Nos preparamos con mucha fortaleza con el equipo, hemos trabajado por más de una semana para obtener un buen resultado, y creo que de la jornada de este día salimos muy optimistas creemos que pudimos mandar nuestros argumentos y contra argumentaciones y el debate que se dio para clarificar el rol que estamos jugando como Fiscalía, que este es un caso de una investigación criminal, penal que combate a la corrupción y cerrar el espacio a la impunidad”, dijo el Fiscal Martínez a El Diario de Hoy, luego de más de ocho horas que duró la audiencia.
El equipo demandante ha preferido no opinar sobre esta primera fase, pues esperan que los tres jueces valoren el centro de su demanda, que el Gobierno salvadoreño ha impedido y se niega a cumplir los términos de la negociación con la que se le invitó a invertir en el país.
El abogado de El Salvador, Luis Parada, calificó la audiencia como muy provechosa para los intereses del estado y dijo que muchos de los argumentos fueron desarmados, aunque reconoció que por momentos hubo tensión en las posturas. Reconoció que el presidente del tribunal fue muy respetuoso para con el Estado.
Al cierre de la última ronda de debates, los jueces pidieron 15 minutos de receso para deliberar y dar una respuesta de cierre a la audiencia de este día, donde Enel ha pedido que se levante el embargo contra sus bienes en El Salvador y se reviertan muchas de las disposiciones que han surgido con el fin de dañar su integridad corporativa.
El presidente y los dos árbitros cerraron la jornada anunciado que este caso podría extenderse hasta 2016, y a cada parte le han dado márgenes de tiempo para presentar pruebas sobre sus reclamos. El tribunal no dicto una fecha para dar respuesta a esta primera audiencia, pero la demandante y la defensa volverán a verse las caras en Ciadi otra vez en corto tiempo.