El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), Carlos Guerrero, detalló ayer que es urgente que el gobierno analice la propuesta de ley de intereses preferenciales que el sector ha presentado, con la que pretenden que más salvadoreños puedan acceder a una vivienda.
La ley de intereses preferenciales, de acuerdo con Guerrero, proporcionaría a las familias un incentivo que les facilite el acceso al crédito para la compra de su primera vivienda, disminuyendo la tasa de interés de los prestamos hipotecarios que otorga la banca privada, hasta en 50 %.
Es decir, todas las familias salvadoreñas podrían optar por un crédito hipotecario a una tasa de interés muy baja. Si ésta fuera del 7 u 8 %, el comprador solo pagaría una tasa de 3 o 4 % y el Estado pagaría el resto.
El representante de la gremial ejemplifico que con esta ley, los salvadoreños que apliquen para la compra de una casa de $15 mil a un plazo de 25 años, actualmente con una tasa de interés promedio de 7.6 % pagan $111.83 en concepto de cuota mensual, pero con esta ley de intereses preferenciales podrían pagar hasta $68.05, generando un ahorro de $43.78 mensual.
De acuerdo con el ejecutivo de Casalco, esto resolvería problemas, entre los cuales destacan: la poca capacidad de pago familiar para adquirir vivienda propia y la ausencia de una política de incentivos para que las familias de menores ingresos adquieran vivienda.
Pero con esta ley no solo las familias salvadoreñas se beneficiarían, sino que también como lo expresó Guerrero, el sector de la construcción se dinamizaría. El inicio del quinquenio presidencial de Sánchez Cerén dice, es propicio para plantearse reducir el déficit habitacional.
Si se aprueba la ley, los salvadoreños tendrían un mejor acceso a adquirir su vivienda, más empresas apostarían por la construcción y comercialización, y con esto se generarían más empleos, dice la gremial.
La propuesta de ley fue presentada por la gremial desde 2008, sin que hasta la fecha haya tenido eco en el Gobierno.
Ley de agilización, atada
Guerrero dijo que con este nuevo gobierno esperan que el sector crezca. Pese a que la figura de viceministro de Vivienda, José Roberto Góchez, viene de trabajar con el gabinete anterior donde se hizo poco o nada para mejorar el crecimiento del sector. Guerrero dijo que “hay que darle el beneficio de la duda en esta ocasión”.
Aunque la ley de agilización de trámites fue aprobada el año pasado y entró en vigencia desde marzo de este año, el presidente de Casalco dijo que hasta la fecha no se ha “operativizado adecuadamente”.
“No hemos visto resultados porque no todas las instituciones están respetando la ley, entonces es bien importante que todas las instituciones las cuales esta ley toca, la respeten para que veamos los resultados en corto plazo”, advirtió Guerrero.
La ley se elaboró con el espíritu de contribuir a la transparencia del Estado y promover la inversión, sin embargo, con la falta de operativización, la excesiva burocracia continua alejando proyectos que beneficiarían a mejorar la competitividad del país, “es una lastima que las empresas que quieren invertir esto los aleje”, dijo el ejecutivo.
Con esta ley, los trámites podrían reducirse de 2 años a 6 meses. Y con ambas leyes en marcha, Casalco cree que el fisco podría garantizar ingresos por hasta $62 millones.