El economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gustavo García, advirtió ayer durante una entrevista televisiva, que las medidas fiscales que tome el Gobierno salvadoreño deben buscar el crecimiento económico, la sanidad de las finanzas públicas y, en el ínterin, generar la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal.
“El país no está en un periodo de urgencia”, destacó el economista, por ello, es preciso que se ordenen las finanzas públicas en un periodo de transición, para luego abordar otros temas, en pro de obtener más ingresos.
El proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa, define un periodo en el que se pondrían en práctica medidas especiales de ingresos y gastos para estabilizar las finanzas públicas, las cuales deben lograr un ajuste en el déficit de al menos 1.5 % del producto Interno Bruto (PIB).
Según lo indicó el principal de la división de gestión fiscal y municipal en el BID, con el periodo de transición que propone la mencionada ley, el país tendría oportunidad de crecimiento, bajar la deuda pública y posterior a esto, se podría hablar de una reforma fiscal integral.
De acuerdo con el economista del BID, El Salvador tiene el problema del crecimiento permanente de la deuda, “por una situación fiscal que debe ser corregida” .
El experto reconoció que los niveles de deuda del país se han vuelto difíciles.
“El Salvador ha vivido por años sin esos niveles de deuda, los niveles de deuda que se tenían antes de la crisis internacional (de 2009) eran manejables. Siendo El Salvador una economía pequeña, abierta, vulnerable a shocks externos, inclusive vulnerable a desastres naturales, debería tener cuidado que la deuda no siga aumentando en los niveles que ha aumentado en los últimos años”, dijo.
Con la ley de responsabilidad fiscal, aunque no se le dice al Gobierno en lo que debe gastar y cómo o cuándo lo debe gastar, se pone límites al endeudamiento, que es el principal problema que el Estado no ha aprendido a controlar, agregó.
Esta crisis que mantiene el Gobierno, en la que se continúa emitiendo deuda para pagar gastos superfluos, debe ser limitada con “reglas fiscales”, apuntó García.
En este sentido, el proyecto de ley establecería normas que aseguren la sostenibilidad de la gestión de Gobierno en el mediano y largo plazo, permitiendo el equilibrio fiscal y niveles de déficit moderados.
Proyecto de ley limita uso de fondos públicos
Con la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, no solo se pondría un freno al endeudamiento continúo al que es sometido el país, sino que también podría controlarse que los fondos sobrantes de las carteras de Estado sean mejor administrados.
Según lo refirió el economista del BID, la ley establece límites y prohíbe el uso de dineros sobrantes.
“Cuando hay déficit fiscal no hay recursos sobrantes, lo que puede pasar es que una partida no gastó todo el dinero y haya sobrante”, explicó.
Sin embargo, en estos casos, según lo propone la ley, se sugeriría que ese dinero vaya a un fondo para atender desastres naturales y, la otra parte, que sirva para estabilizar la deuda.
“El Gobierno no lo puede usar para lo que quiera”, señaló García, lo cual obligaría al Estado a tener una mejor disciplina de gastos y adquirir un verdadero compromiso con la deuda.
Esto llevaría a su vez a El Salvador, a experimentar un mejor ritmo de aceleración económica, y posteriormente se podrían buscar medidas que, no solo estén encaminadas en aumentar las tasas de impuestos, apuntó el representante del BID.
Las medidas que se visualicen para mejorar la economía nacional, deben contemplar acciones que estén encaminadas en controlar ingreso y gastos, mejorar la administración tributaria, focalizar los gastos públicos y similares.
Para esto, según lo indicó el economista del BID, existe un amplio “abanico de opciones”, sin necesidad de que se haga un “ajuste traumático”.
Medidas deben ser consensuadas y graduales
Para Gustavo García, llevar a cabo reformas tributarias que de golpe afecten a la población puede contribuir a empeorar los indicadores económicos del país.
Por ello recomendó que las medidas fiscales que se tomen deben darse en un periodo de gradualidad de 2 o 3 años, “es conveniente para evitar que haya un efecto traumático sobre el crecimiento económico”, indicó.
Pero antes de imponer reformas, lo conveniente, según dijo, es que exista un acuerdo de nación y un consenso de límites, que no solo incluya al partido opositor con el gobierno, sino que se tome en cuenta la opinión de empresarios y ciudadanos.
Aunque destacó que las últimas dos reformas tributarias que se aprobaron en El Salvador, no lograron solventar el problema de la crisis económica, considera que si existe un verdadero diálogo, se le podría dar un rumbo diferente al país.
En este mismo tema, los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) han señalado anteriormente, que el Gobierno debe tomar en cuenta las recomendaciones que ha extendido el sector, ya que no se debe pensar solo en la solución de aumentar impuestos.
Los agremiados en ANEP han sostenido que se debe pensar en medidas que hagan más competitivo al país y no solo en reformas fiscales que solo vienen a alejar las inversiones y a dañar la economía de los salvadoreños.
Si se implementan las medidas tributarias que planea el Gobierno en este momento, según los representantes de la ANEP, causarían efectos que distorsionarían la actividad económica, además de dañar aún más “la deteriorada confianza” del sector productivo en el Gobierno.
Contrario al paquete tributario, la ANEP ha hecho énfasis en que se debe priorizar el crecimiento de entre un 3 % y 4 % del PIB y que el Estado debe mantener un gasto racionalizado.
Este mecanismo permitiría sumar a la actual recaudación entre $350 y $400 millones, más la creación de 50 mil fuentes de empleo por año, además de estabilizar la deuda, detalla un análisis realizado por la cúpula empresarial.