El gobierno de Argentina se encuentra al borde de un nuevo default económico después que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, ordenó a ese país pagar $1,500 millones por títulos valores que estaban suspendidos. Si dicha cantidad no es cancelada, no podrá hacerse efectivo el pago de otros $907 millones que la nación renegoció con sus acreedores y que debe pagarse el 30 de junio.
La situación empujaría al país a un nuevo default (cesación de pagos), lo cual dejaría a la economía argentina en una situación similar a la de 2001, cuando detuvo el pago de deudas y se cerró el acceso de la nación al financiamiento internacional.
Argentina renegoció en 2005 y 2010 la deuda con varios acreedores quienes mantenían bonos sin pagar desde el default de 2001. Cerca del 93 % de los tenedores de deuda aceptó un reajuste para recibir pagos menores de sus bonos.
Tras la renegociación de la deuda, los gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández mantuvieron una política de no pagar a los acreedores que se negaron al acuerdo.
Algunos de estos inversionistas que no aceptaron los acuerdos, denominados “holdouts”, iniciaron un proceso en una corte de Estados Unidos que culminó con la sentencia del juez Griesa.
Mientras tanto, el pago de los acuerdos ha golpeado la economía de Argentina debido al bajo flujo de Inversión Extranjera Directa (IED).
Argentina ha debido cancelar los bonos con las reservas del país, mientras los gobiernos de Néstor y Cristina han acumulado más deuda pública.
De esta forma, los montos de deuda pública se dejan sentir en el PIB ya que no hay acceso a refinanciamiento (ver nota secundaria).
En la administración de la presidenta Cristina Fernández se teme que, al realizar el pago de los $1,500 millones, el resto de acreedores que no aceptó acuerdo alguno trate de hacer efectivo este cobro. La deuda total de este 7 % de acreedores llega a los $15,000 millones, más de la mitad de las reservas argentinas.
Un peor escenario sería que el 93 % de los acreedores, que antes aceptó el acuerdo, utilice una cláusula denominada RUFO, la cual les permite exigir mejores condiciones de pago si Argentina ofrece mayores porcentajes a quienes no han realizado aún un acuerdo.
Posibilidad de default
Actualmente Argentina posee fondos para hacer efectivos los pagos del 30 de junio. Sin embargo el gobierno de Cristina Fernández insiste en renegociar la deuda de los holdouts restantes, para no ver comprometidas las reservas del país.
El lunes pasado el Ejecutivo envió una carta con un tono conciliador al juez Griesa solicitando que suspenda la sentencia. Según el economista argentino Fausto Spotorno, esta petición se realizó para que no resulte afectado el pago del 30 de junio y contar con tiempo para armar una estructura legal sólida para pagar a los litigantes.
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo el martes que el gobierno esperará la respuesta del juez. “Vamos a responder en tanto y en cuanto tengamos la resolución judicial”, expresó.
El funcionario no se refirió a detalles sobre la posible negociación con los acreedores o el uso de la cláusula RUFO. De esta forma el gobierno de Argentina cambió su discurso a una postura prudente y dialogante sobre el tema.
En la misiva enviada al juez Thomas Griesa, la presidenta Cristina Fernández expresó que Argentina “no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad”. También agregó que el país no puede utilizar la mitad de las reservas para cancelar la deuda “y ser dejado sin medios para administrar su moneda, manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población”. Sin embargo, mientras el juez estadounidense no se pronuncie respecto a esta nueva petición, Argentina deberá incluir los $1,500 millones en el pago a finales de junio. De no hacerlo entrará nuevamente en una situación de default.
Los riesgos
El economista salvadoreño Manuel Enrique Hinds expresó que es preferible utilizar esas reservas. Un nuevo default, agregó, alejaría aún más el regreso de Argentina al mercado internacional para buscar financiamiento. Además, detener los pagos abre la posibilidad a que se realicen embargos contra el estado.
Según el periódico argentino El Clarín, el pago de los $907 millones, más el resto de fondos destinados a la deuda negociada, podrían ser embargados a favor de los holdouts.
Mientras tanto el rotativo La Nación señaló que las acciones del estado en diferentes empresas podrían estar en la mira de futuros embargos. Aunque no especificó nombre, una fuente del diario dijo que las acciones estatales en la petrolera YPF son embargables. A finales de abril de este año, Argentina tuvo que emitir $5,000 millones en bonos como parte de un plan de compensación para la petrolera española Repsol, tras un proceso de expropiación de la filial YPF en dicho país.
Argentina se declaró en default en diciembre de 2001. Ese mes Fernando de la Rúa renunció a la Presidencia de la República, siendo reemplazado casi de inmediato por cinco presidentes en unos cuantos días.