Las propuestas de reforma fiscal, impulsadas por el Gobierno saliente para “aumentar la recaudación de impuestos”, aparte de tener aspectos inconstitucionales desincentivan la inversión en el país, apuntó ayer el director de asuntos económicos y sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Waldo Jiménez.
“Ahora lo que están buscando nada más es tener más recursos de donde sea, incluso impulsando medidas inconstitucionales”, señaló Jiménez.
Según detalló el también economista, medidas como el decreto de Ley de Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria Suntuaria, la cual establece el pago de impuestos al índice de capacidad contributiva que actualmente no se encuentra sujeto a gravamen, no solo debe verse como el Gobierno lo ha querido exponer.
Proyectos urbanísticos afectados
El ministro de Hacienda ha hecho énfasis en que solo los inmuebles de uso habitacional y predios urbanos improductivos, cuyo valor individual o en conjunto exceda los $350 mil, serán sujetos de pago.
Sin embargo, Jiménez detalló que eso “es mentira”, porque la misma reforma lo expresa: “Es posible que esas empresas o personas paguen, pero la ley habla de otras personas que pagan, ¿quiénes son esas otras personas?: los proyectos urbanísticos y las casas de esparcimiento”, indicó.
El literal b, de la referida propuesta de Ley, señala que los inmuebles urbanizados como resultado de un proyecto autorizado de acuerdo con la Ley de Urbanismo y Construcción, forman parte de los bienes suntuarios.
Con ese apartado, el Gobierno lo que está diciendo es que todos los proyectos de vivienda de aquí en adelante deberán pagar dicho impuesto.
Es decir que los nuevos proyectos urbanísticos populares, que tardan más de 5 años en obtener permisos, desarrollar procesos de urbanización, que incluye calles, aguas negras, energía eléctrica, comunicaciones, posterior construcción y comercialización, tendrán que pagar el impuesto del 1 % y que por tratarse de un costo adicional del proyecto, será sumado a los compradores.
¿Qué es suntuario?
“Hacen una definición antojadiza de lo que es suntuario; lo que la ley dice, eso es suntuario. Esto desincentiva completamente al sector construcción, desincentiva la inversión inmobiliaria; ya no es atractiva una inversión inmobiliaria, comprar un terrenito adicional o comprar una parcela”, destacó el representante de la ANEP.
El literal c, de la propuesta de Ley a la propiedad inmobiliaria, establece que los inmuebles para recreación, esparcimiento o descanso, con construcción o sin ella; o en proceso de construcción, indistintamente de su valor y lugar de ubicación, tales como: casas, lotes, parcelas, quintas, también estarán sujetas al gravamen.
En este caso, el analista ejemplificó que si alguien tiene dos casas y una la ocupa para vivir, la segunda se va a considerar que es para recreación y esparcimiento o descanso. Es decir que las familias que tienen dos casas porque compraron una con esfuerzo y están pagando otra casa para dejarle una herencias a sus hijos, no importa el valor, va a pagar el impuesto.
“Lo que sucede es que es más fácil vender un proyecto como lucha de clases sociales, es más fácil decir que los que tienen casas arriba de $350 mil, esos son los destinatarios del proyecto; es más fácil porque pareciera que va destinado a los ricos, y es más fácil vender la idea de que los pobres no pagan; pero al ver lo que incluyen el literal b y c, todos los que tengan casa van a pagar”, acotó.
Transacciones bancarias
Pero además de la reforma de ley para obtener ganancias por las propiedades de los salvadoreños, la gremial empresarial critica que se quiera cobrar por las transacciones realizadas en los bancos.
El incentivo que está impulsando el Gobierno, según Jiménez, es de dejar la banca, que además de poner en riesgo a las familias salvadoreñas, (debido a la crítica situación de delincuencia), aumentará los costos de los productos y servicios.
Según Jiménez, el Gobierno dice que “las empresas no quieren pagar los impuestos”, pero argumentó que los impuestos a las utilidades que las empresas obtienen, ya se paga a través de la retención de renta. “Esto (refiriéndose al gravamen a las transacciones) es un costo y por tal, irá en el precio del producto o servicio”, mencionó.
Las reformas afectan el bolsillo de los salvadoreños
Respecto a los demás puntos que se plantean en el paquete tributario, presentado por Hacienda a la Asamblea Legislativa, el representante de la ANEP señaló que las propuestas están encaminadas a ver de donde se obtiene dinero, sin importar el bolsillo de la gente.
“Todas las reformas tributarias de los últimos 15 años, todas, solo han tenido como objetivo aumentar los ingresos tributarios; este Gobierno en ningún momento le interesó genuinamente realizar el pacto fiscal porque el pacto fiscal lleva compromisos de parte del Gobierno, respecto de cuánto va a gastar en los diferentes rubros”, destacó el representante de la ANEP.
El analista trajo a memoria, impuestos inconstitucionales como el Fondo para la Atención Integral a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), que fue presentado como una “contribución solidaria”, y que no tenía ninguna contraprestación, sino más bien, tuvo efectos sobre el mercado y el bolsillo de la gente.
También recordó que el impuesto del 1 % de adelanto sobre la renta y los $0.04 que se cobraban por llamadas telefónicas, “son diseños de impuestos que el sector privado adversó” en su momento, sin ser escuchados por las autoridades; no solo por la afectación a las empresas, sino también a los ciudadanos.
Pese a las declaratorias de inconstitucionalidad que se han tenido en este quinquenio, el gobierno de Funes, pretende seguir reformando leyes antes de irse para obtener más ingresos, antes de salir, y dejar más endeudado al país.
En este punto, Jiménez apuntó que el Gobierno no ha sido honesto en declarar cuánto es la deuda real que deja y se ha limitado a decir que se necesitan fondos para pagar proveedores y deudas, que se supone ya estaban contempladas en el presupuesto general de la nación de 2014.
De acuerdo con Jiménez, el Producto Interno Bruto que se tiene desde hace ocho años es 20 % más pequeño de lo que refiere el Gobierno, lo cual quiere decir que la recaudación tributaria dividida entre el PIB, destacaría que la carga tributaria que se ha tenido es del 19.3 %.
“El Gobierno dice que quiere llegar a una recaudación tributaria de 17 % y que están en el 16%, pero ya la pasó, tiene 19.3% ; ¿porqué no sacan, si tienen desde hace varios años los datos del nuevo PIB?, que lo saquen. No lo sacan porque quieren seguir contando un cuento que no es cierto”, afirmó el economista.
Empresarios presentarán propuestas de reformas
En el próximo Enade 2014 que se realizará el 9 de junio, los empresarios agremiados en la ANEP presentarán una serie de propuestas de reformas encaminadas a mejorar el clima de inversión y la competitividad del país.
El documento titulado: El Salvador competitivo, en el cual aún trabajan los empresarios, “es exactamente lo contrario a lo que propone en este momento el Ministerio de Hacienda”, indicó.
Asimismo, adelantó que se presentarán propuestas encaminadas a reformar al menos 20 leyes, y a crear entre 4 o 5 normativas más.
Entre las modificaciones que se presentarían, se abordan temas de mejoramiento de la rentabilidad de los fondos de pensión; facilitar trámites que necesitan los empresarios para obtener permisos, que actualmente son largos y engorrosos; acortar los tiempos para realizar la devolución del IVA y reformas en los sistemas de aduanas, entre otras más que aún están siendo analizadas por el sector para presentar una propuesta bien argumentada.