Después de la crisis financiera internacional que golpeó al mundo en 2009, incluyendo a nuestro país, la recuperación de la industria de la construcción ha sido lenta.
Tal realidad es tan sencilla como dar un vistazo al número de empleos formales que se perdieron por la crisis y a los recuperados. Según la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), de 10 mil personas que perdieron sus trabajos, en los últimos cinco año solo dos mil los han recuperado.
“Eso quiere decir que todavía tenemos un déficit de ocho mil empleos directos, pues no se han aplicado políticas de país para recuperarlos”, sostuvo el presidente de Casalco, Carlos Guerrero.
El presidente de Constructora DISA, Ángel Díaz, hace una diferenciación entre la construcción de la infraestructura pública y la de bienes raíces, pues la primera ha logrado mantenerse y hasta ha reportado leves alzas, pero la segunda ha tenido un pobre desempeño.
En su opinión, en ese comportamiento no ha incidido solamente la crisis, sino el bajo crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años.
“Hay que recordar que la demanda efectiva de productos ha sido baja, y para comprar una vivienda hay que tener cierta capacidad adquisitiva o ser sujeto de crédito, y eso no se ha logrado debido al círculo vicioso que genera el bajo crecimiento económico que ha tenido el país”, expresó el constructor.
El cero crecimiento del sector obedece, como afirma Díaz, no a la obra pública, sino a la baja inversión del sector privado en proyectos inmobiliarios, porque no han existido las condiciones adecuadas ni los incentivos para dotar de viviendas a la población salvadoreña.
“La construcción no deja de existir, pero son proyectos de pequeña magnitud, no se ve la construcción de megaproyectos viviendistas de mil unidas o más. El nivel no es suficiente para darle empleo a la mano de obra disponible”, expresó Díaz.
En definitiva, la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) del sector ha sido pobre. De hecho, en 2013 el PIB del sector cerró con un 0 %, cuando antes de la citada crisis había llegado hasta un 3 %.
Los constructores reconocen que hay pocos proyectos residenciales, pero con incentivos se pudieran construir en el corto plazo una cantidad importante de ellos sin necesidad de que el gobierno se esté endeudando para vender viviendas a la población. Está comprobado que el sector vivienda es más eficiente que el gobierno”, opinó.
Otro freno para el sector es el bajo otorgamiento de créditos para el corto plazo (para construcción), versus el de largo plazo (adquisición de vivienda), y eso se debe a la falta de confianza de la banca en la construcción.
“Y el poco desarrollo se ha estado dando con capital propio y menos préstamos, y esta es una realidad que es necesario cambiar”, expresó.
Para revertir esta realidad y generar más inversión y fuentes de empleo, se necesita contar con las condiciones y políticas adecuadas por parte del gobierno para dinamizar la industria. Sin embargo, casi a mitad de 2014 la tendencia sigue siendo negativa, aunque la proyección es cerrar con un 2 % de crecimiento.
La esperanza de los constructores está centrada en el nuevo gobierno, al cual le han presentado propuestas que de llegar a implementarse en un corto plazo podrían tener un impacto positivo en la dinamización de la economía en una forma sostenible, y por ende, en la generación de empleos.
Una de las propuestas es la implementación –en forma eficiente– de la Ley de Agilización de Trámites, aprobada por la Asamblea Legislativa el 31 de octubre de 2013 con 70 votos a favor.
“Lo que necesitamos es la voluntad política para que todos los actores inmersos en la operación de la ley se vuelvan facilitadores de los procesos que deben realizar las empresas para lograr la aprobación de sus proyectos inmobiliarios”, dijo Guerrero.
Con la ley, lo que la industria espera es que el gobierno se convierta en un aliado, para que juntos se genere inversión sostenible en el país. Eso implicará cambiar mentalidades de muchas instituciones, porque no se puede obstaculizar el desarrollo ni partir de la premisa de que “todos son malos”.
De llegarse a implementar la ley se comenzará a incentivar la oferta de nueva vivienda, con la pronta ejecución de los proyectos que aún están esperando los permisos de aprobación, un trámite que en nuestro país tarda uno y hasta tres años. Esa burocracia hace que muchos proyectos se terminen abortando.
Lo positivo, dice Guerrero, es que ya hay una oficina coordinadora en el Viceministerio de Vivienda, que será la encargada de operativizar la ley.
Por otro lado, la propuesta para incentivar la demanda es la Ley de Intereses Preferenciales, la cual se encuentra en manos de los legisladores desde hace unos tres años, sin registrar mayores avances.
El anteproyecto es uno de los que ha sido entregado a las autoridades del nuevo gobierno, y para sorpresa de la gremial, ésta ha tenido buena receptividad.
La esperanza
Para la gremial, la llegada del nuevo gobierno es el momento oportuno para retomar las propuestas que buscan incentivar la oferta y la demanda, y por ende, generar un beneficio en la economía con las inversiones del sector privado, sin que esto implique el endeudamiento del sector privado.
Entre las iniciativas de los constructores se encuentra el pronto pago en los contratos de la obra pública, con fondos del Gobierno de El Salvador, pues la micro, pequeña y mediana empresa se han visto afectadas económicamente por los atrasos.
Lo que se busca en este punto, según Guerrero, es la predictibilidad en los tiempos de pago, pues así como algunas instituciones pueden tardarse sesenta días en pagar, hay otras que pueden tardarse 180 días.
El despunte del sector también está esperanzado en Fomilenio II, debido a que sería un desencadenante de proyectos de infraestructura turística, logística y social en la zona costera del país.
La implementación de las iniciativas puede ser, a juicio de Guerrero, el inicio del crecimiento sostenible de la industria constructora, la cual tiene la capacidad instalada y el conocimiento para crecer a ritmos de entre el 4 % y el 6 % anual.
La dinamización de la industria podría incidir de forma positiva en reducir el déficit habitacional, cualitativo y cuantivativo, que enfrenta el país desde hace varios años. En la actualidad ese déficit ronda las 400 mil unidades habitacionales.
Pero con las políticas adecuadas, en un quinquenio se pudieran construir unas 35 mil a 40 mil viviendas, lo que sin duda disminuiría el déficit en alrededor de un 10 %. “Eso bien pudiera ser un reto para el próximo gobierno, sino que eso implique un endeudamiento para el sector público”, afirmó Guerrero.
Casalco aglutina a 150 empresas del sector formal de la construcción. La industria genera unos 23 mil empleos directos, por cada uno de los cuales se generan tres indirectos.
Guerrero cree que el sector tiene capacidad para generar unos 40 a 50 mil empleos en un corto plazo, pero con las políticas adecuadas, y solo así se podrían recuperar los niveles que se tenían antes de 2007.