El principal problema que afronta hoy día el Gobierno por el pago de las pensiones tiene su origen en el sistema de reparto que inició en 1969 con la creación del ISSS y el INPEP y no en el cambio de sistema de 1998, que “frenó” la deuda estatal, asegura Ruth de Solórzano, presidenta ejecutiva de una de las principales Administradoras de Fondos de Pensiones en el país.
En los últimos meses el Gobierno ha dicho que el sistema actual está colapsado y que debe reformarse cuanto antes porque el Estado ya no tiene dinero para pagar a más de 100 mil pensionados del sistema público.
De hecho, se ha preparado un diagnóstico previo sobre el sistema previsional, que está en manos de la Asamblea Legislativa y que, incluso, considera como una alternativa regresar al sistema de reparto como una opción para reducir la creciente deuda que afronta el Gobierno y que le obliga hacer un gasto de por lo menos $400 millones anuales.
Sin embargo, De Solórzano asegura que al hablar de “el sistema” el Gobierno debe dejar claro que el problema no está en el nuevo esquema de capitalización, sino en el antiguo sistema de reparto, que todos los gobiernos han heredado del pasado y que, por razones políticas, siguen trasladando a otros gobiernos sin encontrarle un financiamiento sostenible.
A juicio de la experta, de no haberse cambiado el sistema en 1998, la deuda previsional ya habría desbordado la capacidad financiera del país.
En 1969, cuando el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) creó el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para los empleados privados; y más tarde, en 1975, el Gobierno creó el Instituto Nacional de las Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP). Las tasas de cotización por cada institución iban desde el 3 % hasta el 12 % del salario de los empleados, pero los beneficios eran del 55 al 100 % de su salario, cuando se jubilaran.
El Gobierno pensó que los ingresos serían suficientes en el tiempo y comenzó a otorgar pensiones muy generosas a los jubilados. Pero la realidad le demostró rápidamente que el sistema no era sostenible.
Hasta antes de la reforma de 1998 las reservas del ISSS y el INPEP eran de $360 millones y éstas se agotaron en 2002 pues de acuerdo con las fuentes oficiales, el Gobierno necesitaba por lo menos $11,000 millones para pagar a los más de 65 mil pensionados de ese momento.
Para 1996, cuando el Gobierno ya no podía manejar por sí solo el pago de las pensiones, comenzó a discutirse la privatización de las pensiones y se tomó como ejemplo el sistema de pensiones de Chile, que había pasado de un sistema público a uno privado, en el que cada persona hacía su ahorro.
Ruth de Solórzano, así como el actual presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, participaron de esas discusiones y conocían de los problemas que ya acarreaba el sistema de reparto.
Al fin, en 1998 y como acuerdo de nación, el país decidió eliminar el sistema de reparto y hacer un “borrón y cuenta nueva”, en el que cada salvadoreño ahorrara para su pensión futura.
Con esta reforma la deuda del Gobierno “se paró”, dijo De Solórzano. De haber seguido con el sistema de reparto El Salvador estaría en la misma situación que atraviesan ahora países europeos como España, Francia y Grecia, que han tenido que elevar los años de jubilación a sus ciudadanos y reducido los beneficios porque el dinero para pagarles no es suficiente.
En Latinoamérica hay otros países como Guatemala, Brasil y otros cuya deuda previsional es de más del 500 % de su Producto Interno Bruto.
Un diagnóstico solicitado por Asafondos y realizado por el consultor argentino Eduardo Melinsky estima que la deuda previsional del país asciende a más de $17,000 millones.
Buscar un financiamiento sostenible, que beneficie a los jubilados y a los actuales cotizantes es el reto para el Gobierno que llegará el 1 de junio de este año a Casa Presidencial.
Lo que es insostenible
El problema no se originó con el cambio de sistema de pensiones, sino con el uso que se le dio posteriormente.
De Solórzano explica que debido a que el Estado se quedó sin dinero en 2002, el Gobierno ideó el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) que en palabras sencillas, significó “tomar deuda para pagar deuda”.
Desde 2006 el Gobierno ha tomado prestado el 45 % de los fondos de pensiones del sistema privado para pagar la deuda que tiene con el sistema anterior (ISSS e INPEP).
“Eso sí es insostenible”, dijo De Solórzano, quien ve en esta modalidad, una nueva forma de trasladar la deuda a futuras generaciones solo para cubrir un problema fiscal que no es el único en el sistema.
“Tenemos otros problemas, como el hecho de que no hay incentivos para aumentar el empleo formal en el país”, con el que se podría aumentar el fondo de pensiones.
También hay problemas en el sistema financiero, que tiene limitantes para poner a trabajar el dinero de los cotizantes, que necesitan que su dinero gane intereses.
Con la reforma de 1998 cada ciudadano cotizantes del sistema está obligado a ahorrar su propio dinero para garantizarse una buena pensión en el futuro. “Ahí el Estado no le debe a nadie”, dijo De Solórzano, al explicar la esencia del sistema privado. “Este es un sistema con un equilibrio perfecto”, añadió.
El Estado solo saldría en socorro de los cotizantes si estos se acabaran sus ahorros antes de morir. El Gobierno tendría que pagarles una pensión mínima, que por ahora es del $207. “Por eso y con mucha más razón el Gobierno tendría que procurar que los cotizantes del sistema privado tengan más rentabilidad, para que en el futuro, éste no tenga necesidad de pagarles nada”, dijo.
El otro gran reto del Gobierno sería ayudarle a los actuales cotizantes a obtener una buena rentabilidad, a través de una mejor inversión en el mercado nacional y extranjero, o invertir en obras de infraestructura.