La expansión de la presa 5 de Noviembre, de los pocos proyectos en ejecución por parte de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), está marcada por un proceso donde la Corte de Cuentas de la República (CCR) conoció que la autónoma adjudicó la obra a un único ofertante y que varias instituciones emitieron una “no objeción” ante el proyecto, valorado en $189.3 millones, según información oficial.
Además, una fuente que integró la Junta Directiva de CEL confirmó a El Diario de Hoy que la ampliación de la presa ofrece baja eficiencia a un prolongado periodo de retorno de la inversión, ya que las dos turbinas de 40 Megavatios (MW) solo funcionarán cuando haya un invierno copioso, es decir, un máximo de tres meses al año.
En el documento titulado “Informe de Examen Especial al Proceso de Licitación Pública CEL-LP- 19/12”, preparado por la Dirección de Auditoría Cuatro de la CCR, se confirma que fue la Comisión Evaluadora de Ofertas de CEL la que recomendó la adjudicación sin otros ofertantes, por lo que Queiroz Galvão, S.A. y Andritz Hydro Inepar do Brasil, S.A. ganaron el contrato 4749-S sin competencia y “superaron la evaluación técnica y económica”, afirma el texto.
En este sentido hay que recordar que en julio de 2012, cuando se desarrollaba el primer proceso de licitación, Andritz Hydro Inepar do Brasil, S.A. fue descartada por CEL después de las evaluaciones respectivas, pero, meses después, fue aceptada como parte del consorcio UDP, junto con Queiroz Galvão, S.A.
“Desde un inicio todo fue diseñado para que ganaran las dos firmas brasileñas. Incluso CEL devolvió fianzas de participación a las otras firmas, que al final no presentaron oferta porque la institución no aumentó el plazo para la preparación y presentación de documentos”, relata la fuente que participó en CEL hasta 2012.
Por todo esto llama la atención cómo a finales de octubre de dicho año se recibió una carta de “no objeción” al proceso de calificación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), uno de los entes financieros que aporta $57.5 millones a la expansión y cuyo director de país es Guillermo Funes Cartagena, hermano del presidente de la República, Mauricio Funes.
Otro aspecto a resaltar del documento, firmado incluso por el director de Auditoría Cuatro, José Isidro Cruz, es que para la CCR no existen observaciones que puedan considerarse como hallazgos o controversias en todo el marco licitatorio, situación similar a la de junio de 2012 cuando CEL le pidió a la misma instancia “una opinión” sobre el pago de $108.5 millones a la firma italiana Astaldi SpA. que solo construyó un 38 % de la presa El Chaparral, aún abandonada.
Durante todo el proceso, 65 empresas descargaron las bases del sistema web gubernamental Comprasal, seis lo hicieron de forma presencial en las oficinas de CEL y otras 10 empresas firmaron cartas de confidencialidad, lo cual refleja que el proceso fue bastante competitivo antes de que la autónoma descartara a los posibles competidores.
Acá, el abogado Francisco Bertrand Galindo recordó que la CCR no puede ser juez y parte en estos procesos y da la impresión que CEL utiliza al ente contralor para justificar diversas decisiones.
“Las leyes relacionadas con las contrataciones y adjudicaciones permiten algunos casos la asignación de proyectos por vía directa. Pero en este caso, lo delicado de la obra y los costos, obligaban a CEL a un proceso más engorroso y con mayor competencia. La Corte (de Cuentas) no puede ser un escudo protector al respecto”, valoró el jurista.
Llama la atención que CEL, después de recibir la actualización del estudio de factibilidad para la expansión de la central, ubicada a 88 kilómetros al noreste de San Salvador, informó que el costo de la obra no pasaría de los $165.5 millones, monto que incluía préstamos del BCIE y de la Cooperación de Alemania, más la donación de la Unión Europea.
Pero esto cambió luego de la adjudicación al consorcio UDP y la suma se elevó en $23.8 millones, un 20 % más del presupuesto oficial, incluyendo los préstamos.
Supervisión, salpicada
Intertechne, otra de las empresas brasileñas con las que CEL tiene una larga relación contractual (sobre todo en El Chaparral), también participó sin competidores y ganó la licitación para supervisar la expansión de la presa 5 de Noviembre a un costo de $9.2 millones, casi $1 millón más de lo que la institución gubernamental tenía presupuestado para este servicio. “En vez de hacer una nueva licitación se les adjudicó de forma directa, pese a que habían cinco compañías interesadas y tres de ellas pidieron una extensión de plazo. Al final decidieron quedarse con los plazos originales y evitaron mayor participación”, dijo la fuente.
Asimismo se indicó que se cambiaron los requisitos para escoger a la firma: al inicio se pidió experiencia de supervisión en al menos tres presas de 80 MW, pero después flexibilizaron el criterio y redujeron la exigencia a dos presas de gravedad de concreto (similares a la 5 de Noviembre actual).
Por otra parte, en relación a los aspectos técnicos y financieros, El Diario de Hoy ha buscado en varias ocasiones las posiciones de representantes de CEL para conocer el estudio de factibilidad y las tasas de retorno de la expansión, pero todas las visitas al plantel se han pospuesto por parte de la Comisión, y sus funcionarios, como el presidente Leopoldo Samour, no han respondido a las solicitudes de entrevista.
La actual presa 5 de Noviembre es la más antigua del país (1954) y genera 100 MW con cinco unidades que se han instalado en varios procesos de expansión. CEL mantiene pendientes varias construcciones, incluyendo El Chaparral y el parque eólico de Metapán.